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Ribó confirma que los trabajos de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento empezarán en breve

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Así lo ha anunciado hoy el alcalde de València, Joan Ribó después de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la crisis de laCOVID-19 y de la Junta de Portavoces.

El alcalde ha resaltado la decisión de reiniciar los trabajos para peatonalizar la plaza del Ayuntamiento. El dispositivo para peatonalizar este espacio empezará «en breve». Así lo ha anunciado hoy Joan Ribó, al aclarar que, de esta manera, el consistorio «aprovechará la vuelta al marco jurídico que permite retomar obras públicas, a pesar de que continuamos con el Estado de Alarma por el coronavirus, en un momento en el que la movilidad no registrará ningún impacto inicial, porque no hay prácticamente movilidad». En este sentido, Joan Ribó se ha referido a la bajada de la movilidad de vehículos privados, así como a la bajada en estos momentos de pasajeros de la EMT, que reorganizará las líneas de autobús para peatonalizar “la plaza más emblemática de la ciudad”.

De hecho, «un dato que demuestra el descenso de la movilidad es que la EMT ha registrado una bajada del número de usuarios de un 90%», ha añadido el alcalde, que ante las preguntas de los periodistas, también ha explicado que uno de los objetivos del ERTE presentado es «reducir el impacto económico de la crisis sanitaria que ha provocado la mencionada bajada de demanda y una reducción de la oferta (de un 45%)». Además, ha añadido, «proteger a los trabajadores y trabajadoras hasta que se retome la actividad normal».

Ante la decisión de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de rechazar el ERTE, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento presentará un recurso de alzada a este acto, «porque lo presentamos como consecuencia de la bajada de los ingresos por la crisis y consideramos que la interpretación es correcta y lo avalamos con argumentos de los servicios jurídicos municipales», y por otra parte, «y con la sintonía de sindicatos y personal de la EMT, planteará otro ERTE por reducción de productividad».

El alcalde también ha recordado, ante las preguntas de los periodistas, la reclamación del Ayuntamiento «para poder disponer del superávit presupuestario y destinar ese montante para combatir el coronavirus».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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