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Ribó dice no a la ampliación del Puerto de València sin un informe del impacto medioambiental

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Valencia, 25 sept. – “El Ayuntamiento se posiciona para cuidar los barrios y las personas que los habitan, la economía y el territorio de la ciudad”. Y por esa razón, el alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este miércoles estudiar primero los accesos en una eventual ampliación del Puerto, y ha apostado por el ferrocarril “para dotar la zona portuaria de las mejores infraestructuras, sin llenar de camiones el entorno de los barrios marítimos, y proteger el medioambiente de la zona”. Así, el alcalde ha celebrado –según sus palabras- “el anuncio de la Autoridad Portuaria, que incluirá en el informe del posible acceso Norte al Puerto, un estudio del reivindicado acceso ferroviario para minimizar el impacto urbano”.

El alcalde Joan Ribó ha hecho estas declaraciones al término de una reunión que ha mantenido con responsables de la Autoridad Portuaria y de la Generalitat. “Un encuentro que ha concluido con la voluntad de trabajar conjuntamente, con la ayuda del vecindario y entidades ciudadanas y ambientalistas, para tener un Puerto sostenible que compense a la ciudad”

“El hecho que hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, nos anuncie que ampliará este estudio a un estudio ferroviario, es muy positivo porque, tal y como he dicho en muchas ocasiones y hoy lo reitero: en estos momentos hacer un acceso Norte por carretera no tiene sentido. Este Ayuntamiento no quiere unos barrios rodeados de camiones, una fórmula obsoleta que se tendría que sustituir para primar un acceso ferroviario”, ha explicado Joan Ribó.

“Ahora tenemos que estudiar como hacerlo”, ha continuado el alcalde al resaltar que la intención del gobierno municipal “es que se haga como lo han hecho los grandes puertos europeos, porque València merece la mejor conexión ferroviaria y que también pueda integrarse en el Corredor Mediterráneo”.

En el encuentro de hoy también han participado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el presidente de Puertos del Estado, Salvador Encina; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Se ha celebrado en la sede del Consorcio Valencia 2007, y entre las conclusiones que han tomado destaca la creación de tres grupos de trabajo; comisiones en las que, además de las tres administraciones, tendrán voz las entidades vecinales, económicas, ambientalistas y sociales de la ciudad.

En cuanto a la ampliación del Puerto, Joan Ribó ha asegurado que se han medido muy bien los pasos a dar. “Quiero tomar las medidas oportunas, junto con los secretarios jurídicos y los técnicos ambientales, para que cualquier decisión vele por los intereses de la ciudad”. Así, según ha dicho Joan Ribó, “nuestros barrios tienen que tener una calidad de vida óptima, tenemos que poder dinamizar la economía de la ciudad con las infraestructuras más avanzadas que nos conectan con Europa como ocurre con el Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Y finalmente, es muy importante que València tenga la garantía que una ampliación de este tipo, con una modificación que es sustancial y que afecta 138 hectáreas de terreno, no dañe el medio ambiente, y en caso contrario que se establezcan las medidas correctoras que corresponden”.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su posición: “estamos ante una modificación sustancial del planeamiento de ampliación portuaria que se hizo en 2007. Si hay una modificación sustancial, en un proyecto que afecta un terreno muy importante de València, y con una consecuencia directa sobre el entorno natural de la ciudad, lo más lógico es que una Declaración de Impacto Ambiental, señalo cuáles son las posibilidades y los límites de actuación”.

En la reunión, Joan Ribó ha destacado que la relación entre las ciudades y los puertos es muy importante, “y hay que trabajar para llegar a acuerdos como los que ya se han tomado”·, y ha citado algunos ejemplos, como la cesión de terrenos que han permitido la ejecución del parque de desembocadura, o la instalación de una gran zona deportiva.

Por su parte, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, que también ha atendido a los medios de comunicación al término de la reunión, ha destacado que “hay que buscar puntos de equilibrio y de encuentro, porque todos queremos un puerto sostenible que dialogue con la ciudad, que minimice sus impactos y, por supuesto, que compense a la ciudad de València”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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