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Ribó dice no a la ampliación del Puerto de València sin un informe del impacto medioambiental

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Valencia, 25 sept. – “El Ayuntamiento se posiciona para cuidar los barrios y las personas que los habitan, la economía y el territorio de la ciudad”. Y por esa razón, el alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este miércoles estudiar primero los accesos en una eventual ampliación del Puerto, y ha apostado por el ferrocarril “para dotar la zona portuaria de las mejores infraestructuras, sin llenar de camiones el entorno de los barrios marítimos, y proteger el medioambiente de la zona”. Así, el alcalde ha celebrado –según sus palabras- “el anuncio de la Autoridad Portuaria, que incluirá en el informe del posible acceso Norte al Puerto, un estudio del reivindicado acceso ferroviario para minimizar el impacto urbano”.

El alcalde Joan Ribó ha hecho estas declaraciones al término de una reunión que ha mantenido con responsables de la Autoridad Portuaria y de la Generalitat. “Un encuentro que ha concluido con la voluntad de trabajar conjuntamente, con la ayuda del vecindario y entidades ciudadanas y ambientalistas, para tener un Puerto sostenible que compense a la ciudad”

“El hecho que hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, nos anuncie que ampliará este estudio a un estudio ferroviario, es muy positivo porque, tal y como he dicho en muchas ocasiones y hoy lo reitero: en estos momentos hacer un acceso Norte por carretera no tiene sentido. Este Ayuntamiento no quiere unos barrios rodeados de camiones, una fórmula obsoleta que se tendría que sustituir para primar un acceso ferroviario”, ha explicado Joan Ribó.

“Ahora tenemos que estudiar como hacerlo”, ha continuado el alcalde al resaltar que la intención del gobierno municipal “es que se haga como lo han hecho los grandes puertos europeos, porque València merece la mejor conexión ferroviaria y que también pueda integrarse en el Corredor Mediterráneo”.

En el encuentro de hoy también han participado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el presidente de Puertos del Estado, Salvador Encina; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Se ha celebrado en la sede del Consorcio Valencia 2007, y entre las conclusiones que han tomado destaca la creación de tres grupos de trabajo; comisiones en las que, además de las tres administraciones, tendrán voz las entidades vecinales, económicas, ambientalistas y sociales de la ciudad.

En cuanto a la ampliación del Puerto, Joan Ribó ha asegurado que se han medido muy bien los pasos a dar. “Quiero tomar las medidas oportunas, junto con los secretarios jurídicos y los técnicos ambientales, para que cualquier decisión vele por los intereses de la ciudad”. Así, según ha dicho Joan Ribó, “nuestros barrios tienen que tener una calidad de vida óptima, tenemos que poder dinamizar la economía de la ciudad con las infraestructuras más avanzadas que nos conectan con Europa como ocurre con el Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Y finalmente, es muy importante que València tenga la garantía que una ampliación de este tipo, con una modificación que es sustancial y que afecta 138 hectáreas de terreno, no dañe el medio ambiente, y en caso contrario que se establezcan las medidas correctoras que corresponden”.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su posición: “estamos ante una modificación sustancial del planeamiento de ampliación portuaria que se hizo en 2007. Si hay una modificación sustancial, en un proyecto que afecta un terreno muy importante de València, y con una consecuencia directa sobre el entorno natural de la ciudad, lo más lógico es que una Declaración de Impacto Ambiental, señalo cuáles son las posibilidades y los límites de actuación”.

En la reunión, Joan Ribó ha destacado que la relación entre las ciudades y los puertos es muy importante, “y hay que trabajar para llegar a acuerdos como los que ya se han tomado”·, y ha citado algunos ejemplos, como la cesión de terrenos que han permitido la ejecución del parque de desembocadura, o la instalación de una gran zona deportiva.

Por su parte, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, que también ha atendido a los medios de comunicación al término de la reunión, ha destacado que “hay que buscar puntos de equilibrio y de encuentro, porque todos queremos un puerto sostenible que dialogue con la ciudad, que minimice sus impactos y, por supuesto, que compense a la ciudad de València”.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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