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Ribó dice no a la ampliación del Puerto de València sin un informe del impacto medioambiental

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Valencia, 25 sept. – “El Ayuntamiento se posiciona para cuidar los barrios y las personas que los habitan, la economía y el territorio de la ciudad”. Y por esa razón, el alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este miércoles estudiar primero los accesos en una eventual ampliación del Puerto, y ha apostado por el ferrocarril “para dotar la zona portuaria de las mejores infraestructuras, sin llenar de camiones el entorno de los barrios marítimos, y proteger el medioambiente de la zona”. Así, el alcalde ha celebrado –según sus palabras- “el anuncio de la Autoridad Portuaria, que incluirá en el informe del posible acceso Norte al Puerto, un estudio del reivindicado acceso ferroviario para minimizar el impacto urbano”.

El alcalde Joan Ribó ha hecho estas declaraciones al término de una reunión que ha mantenido con responsables de la Autoridad Portuaria y de la Generalitat. “Un encuentro que ha concluido con la voluntad de trabajar conjuntamente, con la ayuda del vecindario y entidades ciudadanas y ambientalistas, para tener un Puerto sostenible que compense a la ciudad”

“El hecho que hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, nos anuncie que ampliará este estudio a un estudio ferroviario, es muy positivo porque, tal y como he dicho en muchas ocasiones y hoy lo reitero: en estos momentos hacer un acceso Norte por carretera no tiene sentido. Este Ayuntamiento no quiere unos barrios rodeados de camiones, una fórmula obsoleta que se tendría que sustituir para primar un acceso ferroviario”, ha explicado Joan Ribó.

“Ahora tenemos que estudiar como hacerlo”, ha continuado el alcalde al resaltar que la intención del gobierno municipal “es que se haga como lo han hecho los grandes puertos europeos, porque València merece la mejor conexión ferroviaria y que también pueda integrarse en el Corredor Mediterráneo”.

En el encuentro de hoy también han participado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el presidente de Puertos del Estado, Salvador Encina; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Se ha celebrado en la sede del Consorcio Valencia 2007, y entre las conclusiones que han tomado destaca la creación de tres grupos de trabajo; comisiones en las que, además de las tres administraciones, tendrán voz las entidades vecinales, económicas, ambientalistas y sociales de la ciudad.

En cuanto a la ampliación del Puerto, Joan Ribó ha asegurado que se han medido muy bien los pasos a dar. “Quiero tomar las medidas oportunas, junto con los secretarios jurídicos y los técnicos ambientales, para que cualquier decisión vele por los intereses de la ciudad”. Así, según ha dicho Joan Ribó, “nuestros barrios tienen que tener una calidad de vida óptima, tenemos que poder dinamizar la economía de la ciudad con las infraestructuras más avanzadas que nos conectan con Europa como ocurre con el Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Y finalmente, es muy importante que València tenga la garantía que una ampliación de este tipo, con una modificación que es sustancial y que afecta 138 hectáreas de terreno, no dañe el medio ambiente, y en caso contrario que se establezcan las medidas correctoras que corresponden”.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su posición: “estamos ante una modificación sustancial del planeamiento de ampliación portuaria que se hizo en 2007. Si hay una modificación sustancial, en un proyecto que afecta un terreno muy importante de València, y con una consecuencia directa sobre el entorno natural de la ciudad, lo más lógico es que una Declaración de Impacto Ambiental, señalo cuáles son las posibilidades y los límites de actuación”.

En la reunión, Joan Ribó ha destacado que la relación entre las ciudades y los puertos es muy importante, “y hay que trabajar para llegar a acuerdos como los que ya se han tomado”·, y ha citado algunos ejemplos, como la cesión de terrenos que han permitido la ejecución del parque de desembocadura, o la instalación de una gran zona deportiva.

Por su parte, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, que también ha atendido a los medios de comunicación al término de la reunión, ha destacado que “hay que buscar puntos de equilibrio y de encuentro, porque todos queremos un puerto sostenible que dialogue con la ciudad, que minimice sus impactos y, por supuesto, que compense a la ciudad de València”.

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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