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Ribó sobre el nuevo Mestalla: «Alguna vez tendremos que mover ficha y acabar cosas que están a medio hacer»

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este martes, preguntado por si hay algún avance respecto a la construcción del nuevo estadio del Valencia CF, que, «con tranquilidad» y «sin agobiar a nadie», «alguna vez» habrá que «mover ficha y poner en marcha los mecanismos para acabar cosas que están a medio hacer» en la ciudad.

En este sentido, el primer edil ha señalado que «es importante que el Valencia» tenga «un nuevo estadio» y ha apuntado que «tiene que trabajar en esta dirección».

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación del libro ‘Carrers il.lustrats’, preguntado por la reunión prevista para esta jornada entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y por si hay algún acuerdo respecto al actual o el nuevo Mestalla.

«Que yo sepa no hay nada de nuevo», ha respondido el alcalde, que ha señalado que respecto a este asunto desde el Ayuntamiento «hemos estado muy pacientes» y que se quiere seguir así.

No obstante, Joan Ribó ha aseverado que «alguna vez tendremos que mover ficha y poner en marcha los mecanismos para acabar cosas que están a medio hacer» en la ciudad. En esta línea, ha declarado que «con toda la tranquilidad» y «sin agobiar a nadie, es importante que el Valencia tenga un nuevo estadio» y ha opinado que «tiene que trabajar en esta dirección».

PABELLÓN ARENA
Por otro lado, preguntado por si hay avances para llevar adelante la construcción del pabellón Arena de la ciudad impulsado por el empresario Juan Roig, el alcalde ha expuesto que por la información que tiene se cuenta ya con algunos informes favorables.

Ribó ha aseverado que «se están siguiendo los pasos de una manera rigurosa, de la misma manera que se están siguiendo para otras infraestructuras deportivas como la ciudad deportiva de Natzaret».

El responsable municipal ha apuntado que se trata de «pasos largos» que «cuestan tiempo porque hay plazos que se deben cumplir» pero ha destacado que el proyecto avanza. «La cosa está funcionando», ha dicho.

Información: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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