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Ricardo Costa se libra de la cárcel por colaborar en el caso Gürtel y la ‘caja b’ del PP

Publicado

hace 7 años

en

El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa podrá eludir la condena de cuatro años de prisión dictada por la Audiencia Nacional en la causa de la financiación ilegal de su partido a cambio de una multa de 192.000 euros y 365 horas de trabajo comunitario gracias a la colaboración que está prestando para esclarecer determinadas piezas del ‘caso Gürtel’ y de la presunta ‘caja b’ del PP.

Así lo determina el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, el mismo que le condenó, que considera que Costa ha colaborado «de una manera excepcional» con la Justicia y que estas medidas de gracia contribuirán a «fomentar la colaboración para atajar la lacra de la denominada corrupción política o de los políticos».

En el juicio en la Audiencia Nacional, Costa hizo una declaración sorprendente, confesando que el PP valenciano que él dirigía junto con Francisco Camps se había financiado con dinero negro y que él lo supo desde el principio y no hizo nada para evitarlo.

Fue condenado hace justo un año a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad documental por la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008. El magistrado ya tuvo en cuenta el atenuante de confesión para imponerle esa pena, si bien ahora, ante la petición de la defensa, ha optado por librarle de la cárcel.

 

PROCESAMIENTO DE CAMPS

El juez Vázquez Honrubia está de acuerdo con la defensa, y así ha corroborado Anticorrupción, que después del juicio Costa «ha seguido colaborando con la Fiscalía y órganos judiciales cuando menos en tres procedimientos de análoga significación delictiva seguidos en Valencia», esto es, los casos relacionados con la construcción del circuito urbano de Fórmula I y el ‘caso Imelsa’ de corrupción en la Diputación de Valencia.

También destaca la defensa que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como ‘caja b’ o ‘papeles de Bárcenas’ sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP y que su colaboración permitió «reordenar y ampliar la investigación», ya que el mismo De la Mata reabrió la pieza 5 del ‘caso Gürtel’ por la que ya ha sido procesado Francisco Camps.

«Estas alegaciones defensivas son corroboradas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en su informe señala que el fiscal ha comprobado la conducta actual de colaboración con la Justicia, pues se ha constatado que Ricardo Costa ha protagonizado unos méritos que procede tomar en consideración», explica el auto del magistrado.

«Por tanto, sí puede considerarse que esta relevante y continuada colaboración efectiva con la Justicia puede y debe enmarcarse en el principio esencial de reparación del daño, pues toda esta colaboración supone una disminución del resultado antijurídico del delito, es una forma de reparación del daño en cuanto procura una restitución del orden jurídico perturbado, restaurando la confianza en dicho orden», remarca.

Eso sí, tras argumentar que los delitos que cometió pudieron provocar «alarma social» y afectaron a «intereses generales constitucionalmente protegidos», el juez está de acuerdo con Fiscalía en que la suspensión de la condena de prisión se vea condicionada al pago de una nueva multa, además de la de 75.000 euros que ya le impuso en sentencia, y trabajos comunitarios para evitar que se pueda «trasladar al condenado una indeseable sensación de impunidad».

 

Fuente: Europa Press

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

Publicado

hace 5 horas

en

27 enero, 2026

De

indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.

Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.

Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.

El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.

Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.

Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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