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¿Sabes cuanto cobra de media un pensionista en la Comunitat Valenciana?

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MADRID/VALÈNCIA, 27 Ago.- La pensión media de jubilación la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto se situó en 1.041,63 euros, un euro más que en julio. Así se refleja en los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social, que precisan que, en total, se abonaron en la región valenciana 615.262 pensiones de jubilación durante el octavo mes del año.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en agosto en la Comunitat en 914,21 euros, un 3,8% más que en agosto de 2018, aunque por debajo de la media estatal que alcanzaba los 992,35 euros.

En la Comunitat Valenciana el desembolso entre todas las pensiones alcanza a 994.212 personas, que suponen un incremento del 1,3 respecto al mismo mes del año anterior y representan el 10,2% del conjunto nacional. En Espala, el total de personas que recibe alguna de estas pensiones se eleva a más de 9,7 millones de personas.

En concreto, se abonaron en la Comunitat Valenciana 242.756 pensiones de viudedad con 671,21 euros de media; 96.360 pensiones por incapacidad permanente de 927,90 euros de media; 37.263 pensiones por orfandad de 381,73 euros de media: y 2.571 en favor de familiares por 568,96 euros de media.

CIFRA RÉCORD EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

En clave nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 9.681,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 5% más que en el mismo mes de 2018.

La mayor parte de los 9.681 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en agosto fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.894 millones de euros (+5,2%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.684,6 millones de euros (+5,1%).

Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron en agosto 939,3 millones de euros (+3,3%), las de orfandad supusieron 138,3 millones de euros (+3,4%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 24,6 millones de euros (+6,2%).

El número de pensiones avanzó en agosto un 1,2% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.756.142 pensiones, nuevo récord del sistema.

Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 43 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.

Del total de pensiones, más de la mitad, 6.048.718, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,8% respecto a agosto de 2018, mientras que 2.362.694 eran pensiones de viudedad (+0,1%), 960.052 de incapacidad permanente (+0,7%), 341.942 de orfandad (+0,2%), y 42.736 a favor de familiares (+2,2%).

La subida de las pensiones de este año (+1,6% con carácter general) también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones.

Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.139,83 euros mensuales, un 3,4% más que en igual mes de 2018. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (julio) es de 1.338,43 euros en el conjunto del sistema.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en agosto en 992,35 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.

La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual en valores relativos, un 5%, hasta los 713,01 euros mensuales, tras la subida de la base reguladora sobre la que se calcula esta prestación desde el 56% al 60%.

La pensión de incapacidad permanente alcanzó en agosto una cuantía media de 978,47 euros mensuales, con un incremento interanual del 2,6%. Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 404,62 euros mensuales, un 3,2% más que en agosto de 2018, mientras que la de a favor de familiares se situó en 577,01 euros al mes, con un repunte del 3,9%.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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