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¿Sabes cuanto cobra de media un pensionista en la Comunitat Valenciana?

Publicado
hace 6 añosen
MADRID/VALÈNCIA, 27 Ago.- La pensión media de jubilación la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto se situó en 1.041,63 euros, un euro más que en julio. Así se refleja en los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social, que precisan que, en total, se abonaron en la región valenciana 615.262 pensiones de jubilación durante el octavo mes del año.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en agosto en la Comunitat en 914,21 euros, un 3,8% más que en agosto de 2018, aunque por debajo de la media estatal que alcanzaba los 992,35 euros.
En la Comunitat Valenciana el desembolso entre todas las pensiones alcanza a 994.212 personas, que suponen un incremento del 1,3 respecto al mismo mes del año anterior y representan el 10,2% del conjunto nacional. En Espala, el total de personas que recibe alguna de estas pensiones se eleva a más de 9,7 millones de personas.
En concreto, se abonaron en la Comunitat Valenciana 242.756 pensiones de viudedad con 671,21 euros de media; 96.360 pensiones por incapacidad permanente de 927,90 euros de media; 37.263 pensiones por orfandad de 381,73 euros de media: y 2.571 en favor de familiares por 568,96 euros de media.
En clave nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 9.681,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 5% más que en el mismo mes de 2018.
La mayor parte de los 9.681 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en agosto fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.894 millones de euros (+5,2%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.684,6 millones de euros (+5,1%).
Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron en agosto 939,3 millones de euros (+3,3%), las de orfandad supusieron 138,3 millones de euros (+3,4%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 24,6 millones de euros (+6,2%).
El número de pensiones avanzó en agosto un 1,2% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.756.142 pensiones, nuevo récord del sistema.
Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 43 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.
Del total de pensiones, más de la mitad, 6.048.718, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,8% respecto a agosto de 2018, mientras que 2.362.694 eran pensiones de viudedad (+0,1%), 960.052 de incapacidad permanente (+0,7%), 341.942 de orfandad (+0,2%), y 42.736 a favor de familiares (+2,2%).
La subida de las pensiones de este año (+1,6% con carácter general) también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones.
Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.139,83 euros mensuales, un 3,4% más que en igual mes de 2018. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (julio) es de 1.338,43 euros en el conjunto del sistema.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en agosto en 992,35 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.
La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual en valores relativos, un 5%, hasta los 713,01 euros mensuales, tras la subida de la base reguladora sobre la que se calcula esta prestación desde el 56% al 60%.
La pensión de incapacidad permanente alcanzó en agosto una cuantía media de 978,47 euros mensuales, con un incremento interanual del 2,6%. Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 404,62 euros mensuales, un 3,2% más que en agosto de 2018, mientras que la de a favor de familiares se situó en 577,01 euros al mes, con un repunte del 3,9%.
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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