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Sánchez insiste en que la idea es acabar con el estado de alarma el 9 de mayo

Publicado

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29 de abril San Pedro Mártir
EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 13 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este martes que su intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo y que existen «herramientas jurídicas suficientes» para seguir tomando medidas contra la pandemia acordadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Frente a la petición de algunos presidentes autonómicos de que se prolongue el estado de alarma, Sánchez ha insistido en que no cree que vaya a ser necesario, como ya dijo la pasada semana, y que las decisiones que pueda acordar el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, son de «obligado cumplimiento».

«El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos», ha asegurado el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros.

Según Sánchez, la aceleración del proceso de vacunación ha generado «un escenario completamente distinto» respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas ligadas al estado de alarma.

El presidente ha recordado que los tribunales superiores de Justicia han avalado las decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial al ser de «obligado cumplimiento», por lo que es posible proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de recurrir al mecanismo constitucional que ha estado vigente desde finales de octubre.

«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas», ha argumentado.

Al ser el Consejo Interterritorial el «espacio» donde consensuar las medidas con «el filtro y el control» de los tribunales de cada territorio, ha descartado por ahora la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos.

A pesar de su optimismo por la evolución de la administración de las vacunas, Sánchez ha advertido de que «la pandemia continúa», por lo que ha pedido seguir actuando con «absoluta prudencia» porque se esperan aún semanas complicadas por los efectos de la Semana Santa, que han incrementado el índice de contagios.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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