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Sánchez insiste en que la idea es acabar con el estado de alarma el 9 de mayo

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29 de abril San Pedro Mártir
EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 13 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este martes que su intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo y que existen «herramientas jurídicas suficientes» para seguir tomando medidas contra la pandemia acordadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Frente a la petición de algunos presidentes autonómicos de que se prolongue el estado de alarma, Sánchez ha insistido en que no cree que vaya a ser necesario, como ya dijo la pasada semana, y que las decisiones que pueda acordar el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, son de «obligado cumplimiento».

«El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos», ha asegurado el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros.

Según Sánchez, la aceleración del proceso de vacunación ha generado «un escenario completamente distinto» respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas ligadas al estado de alarma.

El presidente ha recordado que los tribunales superiores de Justicia han avalado las decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial al ser de «obligado cumplimiento», por lo que es posible proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de recurrir al mecanismo constitucional que ha estado vigente desde finales de octubre.

«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas», ha argumentado.

Al ser el Consejo Interterritorial el «espacio» donde consensuar las medidas con «el filtro y el control» de los tribunales de cada territorio, ha descartado por ahora la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos.

A pesar de su optimismo por la evolución de la administración de las vacunas, Sánchez ha advertido de que «la pandemia continúa», por lo que ha pedido seguir actuando con «absoluta prudencia» porque se esperan aún semanas complicadas por los efectos de la Semana Santa, que han incrementado el índice de contagios.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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