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Sánchez pide a las comunidades no rebajar las restricciones para no recaer en los malos datos

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Mérida, 19 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este viernes un llamamiento a las comunidades para que mantengan sus medidas frente a la pandemia de coronavirus aunque se haya logrado bajar la curva de contagios porque «no se trata de avanzar rápido para luego retroceder».

Sánchez ha lanzado esta llamada en su intervención en el acto celebrado en Mérida para presentar en Extremadura el plan de recuperación de la economía española.

Esa recuperación ha subrayado que pasa por doblegar al virus, un objetivo ante el que ha insistido que se está en el principio del fin gracias al proceso de vacunación.

Tras recordar las cifras de ese proceso en España, mostrar su satisfacción ante su evolución y explicar que el objetivo es vacunar a 20 millones de personas en el primer semestre del año y que el 70 por ciento de la población esté inmunizada a lo largo del verano, se ha referido a un hecho que ha calificado de hito.

Consiste, según ha explicado, en que España conseguirá pronto que el número de las personas que hayan recibido las dosis totales supere al de contagiados acumulados, algo que ha recordado que ya se ha conseguido en Canarias.

Pero pese a ese proceso y a la buena evolución en los últimos días de los datos de contagiados en España, Sánchez ha hecho una llamada a administraciones y ciudadanos: «No hay que bajar la guardia en ningún momento».

«Es verdad que baja la curva, pero el momento es el de seguir con las medidas que estamos tomando, con la guardia bien alta. No se trata de avanzar rápido para luego retroceder, sino de no dejar de avanzar», ha añadido.

Una apelación que ha realizado ante decisiones que están adoptando comunidades como la de Madrid flexibilizando las medidas restrictivas, pero sin citar explícitamente a autonomía alguna.

El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que la vacuna es el puente para la recuperación económica, que se ha mostrado convencido de que será posible gracias al plan diseñado por el Gobierno y a los fondos europeos que gestionará.

Sánchez ha expuesto las líneas generales de ese plan, al igual que está haciendo en su gira por el resto de comunidades, y que ha dicho que tiene como objetivo lograr más empleo y una España más digital, sostenible, justa y feminista.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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