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Sánchez pide a las comunidades no rebajar las restricciones para no recaer en los malos datos

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Mérida, 19 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este viernes un llamamiento a las comunidades para que mantengan sus medidas frente a la pandemia de coronavirus aunque se haya logrado bajar la curva de contagios porque «no se trata de avanzar rápido para luego retroceder».

Sánchez ha lanzado esta llamada en su intervención en el acto celebrado en Mérida para presentar en Extremadura el plan de recuperación de la economía española.

Esa recuperación ha subrayado que pasa por doblegar al virus, un objetivo ante el que ha insistido que se está en el principio del fin gracias al proceso de vacunación.

Tras recordar las cifras de ese proceso en España, mostrar su satisfacción ante su evolución y explicar que el objetivo es vacunar a 20 millones de personas en el primer semestre del año y que el 70 por ciento de la población esté inmunizada a lo largo del verano, se ha referido a un hecho que ha calificado de hito.

Consiste, según ha explicado, en que España conseguirá pronto que el número de las personas que hayan recibido las dosis totales supere al de contagiados acumulados, algo que ha recordado que ya se ha conseguido en Canarias.

Pero pese a ese proceso y a la buena evolución en los últimos días de los datos de contagiados en España, Sánchez ha hecho una llamada a administraciones y ciudadanos: «No hay que bajar la guardia en ningún momento».

«Es verdad que baja la curva, pero el momento es el de seguir con las medidas que estamos tomando, con la guardia bien alta. No se trata de avanzar rápido para luego retroceder, sino de no dejar de avanzar», ha añadido.

Una apelación que ha realizado ante decisiones que están adoptando comunidades como la de Madrid flexibilizando las medidas restrictivas, pero sin citar explícitamente a autonomía alguna.

El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que la vacuna es el puente para la recuperación económica, que se ha mostrado convencido de que será posible gracias al plan diseñado por el Gobierno y a los fondos europeos que gestionará.

Sánchez ha expuesto las líneas generales de ese plan, al igual que está haciendo en su gira por el resto de comunidades, y que ha dicho que tiene como objetivo lograr más empleo y una España más digital, sostenible, justa y feminista.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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