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Sanidad habilita la antigua escuela de enfermería de La Fe para acoger a pacientes leves

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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha habilitado la antigua escuela de enfermería de La Fe para acoger a pacientes leves. El objetivo, según la directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, es «descongestionar los hospitales de enfermos que no muestren un cuadro clínico complejo», consiguiendo así más capacidad en los centros hospitalarios de la ciudad de València.

Estas instalaciones contarán con 166 camas y una dotación de personal sanitario que aportarán los diferentes departamentos de salud de València. La dotación prevista inicialmente contempla 13 facultativos, 75 enfermeras, 75 TCAE, 10 celadores y el personal administrativo que sea necesario para la gestión de este espacio sanitario.

PCR en horario de tarde

Por su parte, el Hospital La Fe de Valencia ha incorporado un nuevo turno para la recogida de muestras PCR en el hospital de campaña que se sitúa junto a sus instalaciones. El objetivo es atender la demanda actual de pruebas de una forma más ágil.

Este nuevo horario se destinará, principalmente, para la realización de pruebas en el ámbito educativo, facilitando así el acceso a los padres con sus hijos.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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