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Sanidad indemnizará con 93.000 euros a la familia de una mujer que murió de un ictus diagnosticado como «mareo»

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Jun. (EUROPA PRESS) – La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 93.000 euros a los familiares directos de una mujer gallega que falleció de un ictus que no fue detectado en el Hospital de Torrevieja (Alicante), al que llegó con dolor intenso de cabeza, vómitos y pérdida de conciencia pero de donde recibió el alta con el diagnóstico de «mareo».

Según los hechos relatados en la sentencia, dada a conocer por la asociación El Defensor del Paciente, la mujer, de 65 años, acudió al Hospital de Torrevieja el 1 de enero de 2014 con un dolor de cabeza «intenso» de cuatro horas de evolución y con «debilidad, náuseas, vómitos e incluso pérdida de conciencia», que le provocó una caída.

En el centro de Torrevieja «no se le realizó ningún tipo de prueba diagnóstica, salvo una analítica» y recibió el alta con el diagnóstico de «mareo». Sin embargo, seis días después, el 7 de enero, acudió a su médico de Atención Primaria en Vigo que la derivó al hospital de la ciudad. Allí, se remarca que en Torrevieja no se le hizo un TAC craneal y es ingresada en la UCI por «rápido empeoramiento» hasta llegar al nivel 5 de coma de Glasgow. La mujer falleció finalmente el día 9.

Por estos hechos, los hijos y su marido interpusieron una reclamación patrimonial administrativa y posterior recurso contencioso administrativo por el anormal funcionamiento del servicio público de salud valenciano.

Ahora, la sentencia del TSJCV avala la versión de la familia y aprecia que la asistencia médica en el Hospital de Torrevieja fue negligente por cuanto no se exploró a la paciente y no se practicó prueba diagnóstica alguna.

La sala llega al convencimiento de que, de haberse realizado una anamnesis correcta (información recopilada por el médico) y realizado un TAC en la primera asistencia, se habría podido detectar la situación y actuar en consecuencia. «En el presente caso, no hay duda, por tanto, de que se produjo una mala praxis en el Hospital de Torrevieja en su servicio de Urgencias: no consta que se le practicara la anamnesis correctamente», señala el fallo.

La sentencia obliga a la Generalitat Valenciana a indemnizar a los tres hijos y al cónyuge, a tenor del concepto jurídico de pérdida de oportunidad terapéutica, con la cantidad de 93.000 euros más los intereses legales desde la fecha de la interposición de la reclamación administrativa, 75.000 para el marido y 6.000 para cada uno de los tres hijos.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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