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Sanidad recomienda el uso de mascarillas en transporte público a partir de este lunes

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El Gobierno hará desde este lunes un reparto masivo de mascarillas reutilizables como una medida de prevención, una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado hoy la vuelta al trabajo a aquellas actividades consideradas como no esenciales, y que han estado paralizadas las últimas dos semanas.

La distribución se llevará a cabo, fundamentalmente, en las estaciones de metro y cercanías, con el fin de evitar así el riesgo de un posible rebrote de contagios por las aglomeraciones que, en muchas ocasiones, suelen producirse y que impedirían, asimismo, que se pueda guardar la distancia de seguridad aconsejada.

No será necesario, sin embargo, el uso de mascarillas para aquellas personas que se desplacen o bien andando, en bicicleta o en vehículo privado, porque «no hay dificultad de guardar la distancia que en algunos casos debe ser de un metro y en otras dos», ha señalado el titular de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

El ministro también ha anunciado que entre hoy y mañana se va a repartir otro millón de test rápidos a las comunidades autónomas, que ya han recibido 64.3 millones de material sanitario desde que comenzó la crisis. Y ha desvelado que en el día de hoy han llegado a España por el corredor aéreo otras 800.000 mascarillas y 500.000 guantes que irán destinados a personal sanitario y a otros colectivos profesionales esenciales.

Como el de los transportistas, concretamente los trabajadores del transporte público estatal, autonómico y local, y también a los del ámbito privado, de viajeros y de mercancías, a los que se les va a empezar a distribuir desde este sábado otro millón más de mascarillas, según han anunciado también desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pese a estas nuevas medidas adoptadas en este primer tramo para la reactivación económica, las autoridades advierten que el país todavía sigue en estado de alarma, con las mismas restricciones de movilidad estipuladas el pasado 14 de marzo, incluidos los niños, que seguirán sin poder salir a la calle. No estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. Continúa el cierre de centros educativos, de establecimientos de ocio, y se deben seguir manteniendo todas las medidas preventivas de distanciamiento social.

Además, recomiendan que al menor síntoma no se acuda a trabajar, que tampoco lo hagan aquellas personas que han tenido contacto estrecho con otras que han dado positivo; y recuerdan que las medidas «claves y más relevantes» para evitar contagios siguen siendo mantener la distancia interpersonal, el lavado de manos y la higiene en los espacios públicos y privados.

En relación con las recomendaciones que Sanidad publicará a lo largo de la tarde ante la vuelta al trabajo de las personas que cesaron su actividad por no ser imprescindible, Illa ha adelantado que estas contemplan que no se incorporen todos aquellos que presenten síntomas de COVID-19 o tengan un contacto estrecho de personas con síntomas o positivos por coronavirus.

En cuanto al transporte público ha incidido en la importancia de la distancia interpersonal “mínimo un metro, si es posible dos metros”. En el centro de trabajo, ha explicado que se asegurará esta distancia interpersonal y se evitarán las aglomeraciones. Asimismo, se extremarán las medidas de higiene.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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