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Sanidad y las autonomías buscan hoy un plan de Navidad divididos en la dureza de medidas

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Madrid, 1 dic (EFE).- El Ministerio de Sanidad buscará mañana el consenso autonómico a sus recomendaciones para estas Navidades y evitar así 17 fiestas distintas, si bien hay comunidades que ya han adelantado que apuestan por aligerar las restricciones, mientras que otras prefieren endurecerlas para intentar evitar una tercera ola.

La propuesta inicial de Sanidad que dio a conocer hace una semana pasa por limitar las reuniones a un máximo de seis personas y retrasar hasta la 01:00 la limitación a la movilidad nocturna en Nochevieja y Navidad, no celebrar Cabalgatas de Reyes, así como ampliar las visitas a las residencias y realizar al interno pruebas diagnósticas a su regreso extremando la prevención y vigilancia.

Pero la intención de Salvador Illa es lograr el máximo acuerdo en torno a las Navidades, de forma que Sanidad y comunidades se dieron el pasado miércoles una semana más para tratar de alcanzar este objetivo.

No obstante, el ministro ha dejado claro que, aunque «no habrá 17 Navidades diferentes», la última palabra será de las comunidades autónomas.

En todo caso, según ha insistido este martes en el Senado, las medidas que confía en que salgan mañana del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «tendrán que ver con aspectos de movilidad, de contactos sociales y con actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas y que tienen que hacerse de forma distinta a como venían haciéndose en años anteriores».

A la espera de conocer cuál será el documento definitivo que presente mañana a las comunidades, varias han chocado ya con las restricciones propuestas por Sanidad, sobre todo las referentes a los límites horarios y de participantes en las reuniones. Sobre la mesa estará la cuestión de si se debe computar a los niños.

La mayoría de las autonomías que hasta la fecha han ido deslizando sus planes navideños prefiere flexibilizar las restricciones vigentes.

De hecho, solo Castilla y León ha pedido al Ministerio un margen para poder ser «más restrictiva» respecto a las medidas que se pacten en el Consejo Interterritorial respecto a los asistentes a las reuniones familiares, cierres perimetrales y limitación a la movilidad nocturna.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid aboga por ampliar las reuniones familiares y sociales a un máximo de diez personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, así como posponer el límite a las movilidad nocturna de medianoche a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja.

Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso plantea realizar test diagnósticos a los estudiantes que vuelven a casa por estas fechas para garantizar que su salida y regreso son seguros; mientras tanto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido «escalonar» en la «medida de lo posible» las visitas al centro para evitar las aglomeraciones vistas este fin de semana.

Cataluña, que acelerará en los próximos quince días cribados masivos en Barcelona ciudad y otras 18 poblaciones catalanas, ha propuesto que las cenas de Navidad sean también de diez personas, de un máximo de dos burbujas de convivientes, aunque aún no ha aclarado si los menores de 14 años contarán igual que los adultos en este cómputo.

El Gobierno Vasco también defenderá que se autoricen agrupaciones máximas de 10 personas los días de celebraciones y se amplíe la movilidad nocturna el 24 y el 31 de diciembre hasta la 1, así como levantar el confinamiento perimetral de municipios y comunidades autónomas.

Paralelamente, la Diputación de Gipuzkoa analiza cómo afrontar las Navidades en la red de residencias del territorio y ha advertido de que los usuarios que quieran salir de estos centros podrán hacerlo aunque al regresar tendrán que hacer cuarentena.

Andalucía tomará medidas en función de lo que aconsejen los expertos, que, según el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, probablemente vayan en la línea de flexibilizar los horarios «y no sabemos si en la de abrir también los perímetros, al menos dentro de las provincias.

La Comunitat Valenciana desea que las fiestas sean lo más homogéneas posible en todo el territorio, aunque apuesta por permitir reuniones sociales con un máximo de seis personas y ampliar a diez las reuniones familiares, no celebrar cabalgatas y abrir la comunidad solo en días concretos como el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero.

Galicia considera que los menores de 10 años no deben contar para el límite en las cenas familiares, que debe fijarse por unidades familiares y no por personas como ha planteado el Ministerio.

Mientras que Asturias es partidaria de llevar a cabo cribados semanales en las residencias de ancianos y dependientes utilizando test de antígenos, menos fiables que las pruebas PCR, pero que ofrecen resultados más rápidos, una propuesta que espera que sea asumido por el pleno del Consejo para aplicarla en todo el país.

Aragón decidirá probablemente antes de Navidad si flexibiliza las restricciones de los confinamientos perimetrales y los aforos en hostelería y otros lugares de ocio.

Baleares no tiene previsto anunciar antes de mediados de este mes su programa anticovid navideño, y Canarias instaurará medidas «ad hoc» de prevención, para lo que tendrá reuniones con el sector comercial y de transportes.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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