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Simón cree que el 80 % de los mayores de 80 años puedan estar vacunados en marzo y el 70 % de la población en verano

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Fernando Simón dana

Madrid, 4 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado este jueves que, si España decide no recomendar la vacuna de AstraZeneca a menores de 65 años, no será necesario reajustar «mucho» el calendario, siempre que se cumplan las entregas previstas.

Lo ha dicho en su habitual rueda de prensa de los jueves en la que ha recordado que la Comisión de Salud Pública se encuentra en estos momentos reunida por segunda vez para llegar a una conclusión final a este respecto, pero «todavía no tenemos una respuesta».

Preguntado por qué los miembros de la Comisión aplazaron ayer la toma de decisión final hasta un nuevo encuentro esta tarde, Simón ha señalado que «puede haber puntos de vista técnicos marginalmente diferentes», pero que no son «contradictorios».

En todo caso, la intención es que haya «un criterio común» entre los países de la Unión Europea; de hecho, desde que el fármaco de AstraZeneca fuera autorizado el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), son varios los países que han recomendado no inyectárselo a este grupo de población.

De momento, en España se ha descartado para los mayores de 80 años, para los que se va a reservar las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer/BioNTech y Moderna, las otras dos que están llegando a nuestro país.

A pesar de ello, y aunque se diera el caso de que también España desaconseje la de AstraZeneca para menores de 65, el epidemiólogo cree que se puede cumplir el objetivo de que el 80 % de los mayores de 80 años estén vacunados en marzo y el 70 % de la población en verano.

Pero solo «si se mantienen las entregas tal y como están previstas y los incrementos de entregas que están previstos en las próximas semanas, lo cierto es que tendríamos capacidad de cubrir de cumplir con estos objetivos».

«Yo creo que no es necesario reajustar mucho los calendarios: lo que sí que puede pasar es que dos de los grupos a vacunar se puedan vacunar de forma concomitante en algún momento», ha señalado Simón, que ha invitado, no obstante, a «esperar a ver cómo queda la estrategia final» antes de «hablar de si es necesario hacer algún pequeño reajuste».

La principal variable que determina el grupo al que irá destinado este fármaco es la ficha técnica que vaya a emitir la EMA: «No es que la vacuna no sea eficaz en mayores, es que no hay información sólida de si lo es», ha recordado el director del CCAES.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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