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Simón pide bajar rápido el contagio porque «las ucis no pueden soportar más»

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EFE/Kiko Huesca

Madrid, 25 ene (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha abogado este lunes por incrementar las medidas de control para bajar rápidamente la transmisión del coronavirus porque «las ucis no pueden soportar más de lo que están soportando», con una presión del 40 % por covid.

«Si no conseguimos una velocidad de descenso rápida vamos a tener un sistema sanitario en una situación muy crítica, si no lo está ya», ha advertido Simón este lunes en rueda de prensa, después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado 93.822 nuevos contagios y una incidencia acumulada de 884 casos por cada 100.000 personas en los últimos 14 días.

La transmisión del virus se puede reducir «muy rápido con muchas medidas» no solo con un confinamiento, ha señalado el director del CCAES, que considera que «en muchas comunidades autónomas se está haciendo un confinamiento de facto en el que hay muy pocos incentivos para salir de casa».

«Pasearte tu solo por la calle no es de riesgo, tenemos que ampliar ese concepto», ha señalado al ser cuestionado sobre si es necesario decretar un confinamiento domiciliario.

Y ha aludido a las «fiestas que hemos visto por todas partes» para reclamar que la gente sea «más razonable»: «No podemos dejar que pase lo que en la primera ola de nuevo».

«No me parece razonable que, a estas alturas, con lo poco que queda, semanas o algún mes para vacunar a todos nuestros vulnerables, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo», ha recalcado.

El director del CCAES considera que hay «ya muchos ejemplos en los que desgraciadamente si no hay un control externo parece ser que en muchos puntos la gente no cumple» y ha advertido de que quedan meses de vacunación, por lo que no podemos poner la esperanza para cortar el contagio en la vacuna «a corto plazo» aunque sí a medio y a largo.

El Ministerio de Sanidad calcula que la sobrecarga en las unidades de cuidados intensivos se puedan prolongar al menos dos o tres semanas más.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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