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Simón rompe su silencio y reconoce que en la primera ola «matamos moscas a cañonazos»

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Mascarillas en interiores

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que en los primeros meses de la pandemía, la falta de información y de conocimiento les llevo a «matar moscas a cañonazos». Simón ha hecho estas afirmaciones en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología que se celebra estos días en León.

«Sabíamos poco, sabíamos que era muy grave, pero no sabíamos cuánto. Teníamos poca información sobre la gravedad de la enfermedad, la que venía de China no era comparable a la que se observaba en nuestro entorno. Había dudas sobre los mecanismos de transmisión, sobre quién transmitía, sobre el diagnóstico. Así que matamos moscas con cañonazos y no había otra alternativa, ni aquí ni en ningún sitio. El resultado fue un estado de alarma«, afirmó Simón, que reiteró que «lo que veíamos en la primera ola y lo que estaba sucediendo de verdad no tenía nada que ver«.

El primer estudio de seroprevalencia que realizó el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad fue el que cambió la visión de la pandemia, según Simón. Desde entonces, las pistas que da este informe han permitido que se pase de una detección del 10% de los casos y una media de edad de 65 años en la primera ola al 80% y una media de 27 en la quinta.

Simón ha destacado que ha sido la vacunación la clave que ha permitido que la última ola sea más suave que las primeras, y ha recordado que la efectividad de las vacunas aumenta entre los más jóvenes. Para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, hay que comenzar a normalizar la enfermedad porque la actual situación «no tiene nada que ver a lo que veíamos antes«.

La intervención de Simón, que llevaba casi dos meses sin aparecer en público, había generado mucha expectación. Poco antes de su ponencia, además, había afirmado que «puede haber sexta, séptima, octava y novena ola, pero no serán como las anteriores«, y que el país irá volviendo más pronto que tarde a la normalidad.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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