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Simón rompe su silencio y reconoce que en la primera ola «matamos moscas a cañonazos»

Publicado

hace 4 años

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Mascarillas en interiores

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que en los primeros meses de la pandemía, la falta de información y de conocimiento les llevo a «matar moscas a cañonazos». Simón ha hecho estas afirmaciones en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología que se celebra estos días en León.

«Sabíamos poco, sabíamos que era muy grave, pero no sabíamos cuánto. Teníamos poca información sobre la gravedad de la enfermedad, la que venía de China no era comparable a la que se observaba en nuestro entorno. Había dudas sobre los mecanismos de transmisión, sobre quién transmitía, sobre el diagnóstico. Así que matamos moscas con cañonazos y no había otra alternativa, ni aquí ni en ningún sitio. El resultado fue un estado de alarma«, afirmó Simón, que reiteró que «lo que veíamos en la primera ola y lo que estaba sucediendo de verdad no tenía nada que ver«.

El primer estudio de seroprevalencia que realizó el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad fue el que cambió la visión de la pandemia, según Simón. Desde entonces, las pistas que da este informe han permitido que se pase de una detección del 10% de los casos y una media de edad de 65 años en la primera ola al 80% y una media de 27 en la quinta.

Simón ha destacado que ha sido la vacunación la clave que ha permitido que la última ola sea más suave que las primeras, y ha recordado que la efectividad de las vacunas aumenta entre los más jóvenes. Para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, hay que comenzar a normalizar la enfermedad porque la actual situación «no tiene nada que ver a lo que veíamos antes«.

La intervención de Simón, que llevaba casi dos meses sin aparecer en público, había generado mucha expectación. Poco antes de su ponencia, además, había afirmado que «puede haber sexta, séptima, octava y novena ola, pero no serán como las anteriores«, y que el país irá volviendo más pronto que tarde a la normalidad.

 

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

Publicado

hace 2 horas

en

24 noviembre, 2025

De

Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.

Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 

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