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Sindicatos de periodistas alertan de la «marcha atrás» en la independencia de los medios públicos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 20 sep (OFFICIAL PRESS – EFE). La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado que los Gobiernos de varias comunidades autónomas, liderados por PP y Vox, están protagonizando «serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas. En concreto: «Aragón, la Comunitat Valenciana e Islas Baleares, según apuntan.

Sindicatos de periodistas denuncian amenazas de «marcha atrás» y TV autonómicas

Según mantiene la federación en un comunicado, tras los avances que se han registrado en las últimas dos décadas en la independencia de varios medios públicos de los respectivos Gobiernos, actualmente se está produciendo «una auténtica marcha atrás».

Algo que es evidente, a su juicio, con las iniciativas que se están planteando para las radiotelevisiones públicas en Aragón y Baleares y, «pronto quizá», en la Comunitat Valenciana.

En Aragón, según detalla la federación, PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión. Y así -dice- volver a su nombramiento directo «a dedo».
En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta 2028, el Gobierno. Según explica, quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro.

Un cargo durante cuatro años sin coincidencia con la legislatura

Y FeSP considera positivo que ese cargo sea de cuatro años para que no coincida con una legislatura. Porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del Gobierno de turno, pero advierte de que Vox está pidiendo directamente su desaparición. Como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).

También en la Comunitat Valenciana, y tras el cierre de Canal Nou, el PP y Vox quieren modificar la ley que regula À Punt «con la excusa de lograr un ahorro económico», pero «más bien», en su opinión, «pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública».

Ante este panorama, los sindicatos manifiestan su «inquietud y preocupación». Exigen a estos Gobiernos que paralicen esas políticas «antidemocráticas». Contra las que lucharán para defender «la independencia profesional» y para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información «plural, veraz y rigurosa».

 

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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