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Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, contra el plan de pacificación de la CV-500: «Es una aberración»

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VALÈNCIA, 6 Nov. – Los alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, Juan Botella; y Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, han mostrado su «postura en común» en contra del plan de pacificación de la CV-500, que, a su parecer, afectará de forma muy negativa a las poblaciones, especialmente a las entidades locales menores».

Sanjaime, que considera una «aberración» lo que se pretende realizar, ha afirmado que esta decisión supondrá a corto plazo «la despoblación de toda la zona». Así mismo, se queja de que «en ningún momento se ha contado con ellos para nada».

«Esta actuación, que están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de València y la Conselleria, constituye un nuevo ataque a nuestras poblaciones porque nunca se han tenido en cuenta nuestras necesidades». El alcalde del Mareny considera que «lo primero que se debería haber hecho era sentarse a hablar con nosotros. Se podían haber estudiado otras propuestas, como ampliar la carretera existente, dotándola de carriles bicis y peatonales».

Además, considera que es de carácter «urgente» reunirse para revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) «que arruina la vida de nuestros pueblos». «Lo primero que se tenía que haber hecho era incluir las normas subsidiarias del pueblo de Sueca y no dejar la situación a expensas de que se redactara otro documento (PRUG) que finalmente fue anulado. Son muchos años de sufrir esta situación, de recibir sentencias negativas en contra de los habitantes de este parque… Somos nosotros los que deberíamos decidir y no otras personas que están en las administraciones de Valencia u otros lugares», añade.

Sanjaime también lamenta la limitación del PORN al crecimiento urbanístico de poblaciones que se encuentran situadas a 20 kilómetros del parque «y, sin embargo, en la Dehesa y el lago, permitirán construir zonas de aparcamiento y la presencia de miles de turistas en zonas donde las aves deberían estar más tranquilas en su hábitat». «Es una incrongruencia», apunta.

Finalmente, el alcalde del Mareny afea que, «además de impedir crecer como pueblo, están cortando la arteria fundamental que tenemos con Valencia, tanto para la gente que se desplaza a nuestras playas como para los ciudadanos de nuestros pueblos que necesiten desplazarse a la capital. Y encima han anulado el servicio de autobús que había durante el invierno».

Por su parte, Juan Botella, alcalde de El Perelló, ha mostrado igualmente su «rechazo absoluto a este plan de pacificación de la manera en que se está haciendo.

«Nosotros, por supuesto, tampoco queremos que se produzcan accidentes. La limitación a 60 kilómetros por hora consideramos que ya era una medida bastante importante, pero estas personas quieren ir más allá. Tanto la Conselleria de Obras Públicas como el Ayuntamiento de Valencia nos ignoran y nos dejan a nuestra suerte, sin los servicios y derechos fundamentales que tienen los habitantes de la capital, y sin la posibilidad de prosperar económicamente», argumenta.

Botella ha señalado que la concentración del próximo viernes, 8 de noviembre, no será la única, ya que piensan «seguir manifestándose hasta conseguir que se reúnan con ellos y les escuchen». El alcalde de El Perelló ha mostrado su «malestar» también ante lo que considera «un nuevo engaño de la Conselleria, que ayer presentó sus presupuestos con una partida de 535.000 euros destinada a un itinerario ciclopeatonal en la carretera CV-500 «por un lado, dicen que el proyecto está en estudio y, por otro, ya tienen obras presupuestadas para 2020 y 2021».

MESA DE NEGOCIACIÓN
Botella, al igual que Sanjaime y Vázquez, considera que es fundamental que a partir de la semana que viene se establezca una mesa de negociación, no sólo para tratar el tema de la carretera sino también del PORN.

«Vemos completamente injusto que nuestras poblaciones no puedan crecer. El municipio de Sueca, con más de un 70% de su término en el Parque Natural, resulta que no tiene opinión. Allí se lo apañan todo, los concejales de Valencia y la Conselleria, y nosotros no tenemos ninguna opinión ni se nos ha llamado para nada».

Finalmente, Botella apela a los entendidos en la materia para dar con soluciones. «Hoy, en la Politécnica, se va a hacer una Jornada sobre el Parque Natural. Allí, los agrónomos, los que de verdad entienden, van a hacer unas exposiciones. ¿Por qué esas conclusiones no se respetan? Lo primero que dirán es que draguen La Albufera y se compatibilice con el bienestar de las personas. Pero no se les escuchará. En lugar de preocuparse por el estado del lago continuarán actuando entendiendo el ecologismo a su manera y, por supuesto, sin escucharnos».

El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha querido manifestar también, en nombre del equipo de gobierno, su apoyo a las entidades locales menores y ha apelado para que se asista a la concentración del viernes.

«Nuestra postura no va en contra del medio ambiente, porque un término que tiene más de un 70% dentro del Parque natural, medioambientalmente colabora mucho. Nuestra postura se basa en que, para nosotros, este Plan no ha sido consensuado con las zonas afectadas. Ha sido una decisión unilateral que va a encorsetar todavía más a las dos entidades locales menores y a nuestro territorio», dice.

Igualmente, asegura que con este Plan se le dará la «puntilla definitiva» a estas poblaciones, ya que muchos turistas y visitantes preferirán acudir a otras poblaciones de costa a tener que desviarse desde la pista de Silla y la salida de Sueca. Vázquez augura un futuro muy incierto a las entidades locales menores si finalmente se cierra la vía de acceso que tienen con València.

«Por ello, nosotros, como Ayuntamiento madre, vamos a estar al lado de ellas como siempre hemos hecho y vamos a oponernos donde haga falta para que ese proyecto sea, al menos, consensuado y se estimen las alegaciones de estas poblaciones».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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