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Los supermercados españoles muestran su «firme oposición» a la reducción de la jornada laboral

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El presidente de ASEDAS, Josep Antoni Duran i Lleida. - Europa Press - Archivo

El sector de la distribución alimentaria rechaza el proyecto de ley del Gobierno

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Josep Antoni Duran i Lleida, ha remitido una carta oficial a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que expresa la «firme oposición al Proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral», aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo y remitido ya a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Malestar en el sector por la forma en que se ha presentado la reforma

En la misiva, la patronal que representa a grandes cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi y Uvesco, ha trasladado el «profundo malestar» de la distribución alimentaria ante la forma en que se ha planteado el proyecto. Denuncian que se ha presentado como una medida que beneficia especialmente a millones de trabajadores del comercio y la distribución, obviando el esfuerzo negociador que ya se refleja en los convenios vigentes.

«Como si en muchos años de fructífera negociación colectiva no se hayan tenido en cuenta sus necesidades, cuando los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado las mejores condiciones posibles para ambos», ha manifestado Duran i Lleida.

Críticas a los informes que sustentan la propuesta

Asedas sostiene que los informes que sustentan la propuesta del Gobierno muestran un «profundo desconocimiento» de la realidad socioeconómica y laboral del sector de la distribución. Además, critican que estos documentos proyectan una imagen negativa e injustificada de los supermercados, que —recuerdan— ofrecen un amplio servicio a la ciudadanía a través de sus horarios extendidos y su capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor.

Solicitud de enmiendas a la totalidad y reclamación de diálogo social

Duran i Lleida ha atribuido el origen del conflicto a la falta de diálogo entre el Gobierno y los representantes empresariales. «Nos ha impedido explicarte con detalle por qué la consideramos inadecuada y perjudicial», expone en la carta enviada a Díaz.

Ante esta situación, ha anunciado que solicitarán a todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes que apoyen enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reducción de jornada.

El papel clave del sector de distribución alimentaria en el empleo

Asedas ha querido subrayar la importancia del sector de la distribución alimentaria como motor económico y de empleo en España. Recuerda que las empresas asociadas representan aproximadamente el 75% del total de la distribución alimentaria en el país y dan trabajo a más de 340.000 personas, consolidando a este sector como uno de los principales generadores de empleo estable y de calidad.

Además, destaca el papel de las pequeñas empresas: 214 enseñas locales integradas en Asedas dan empleo directo a más de 3.000 trabajadores, lo que pone de relieve el carácter descentralizado y diverso del tejido empresarial del sector.

Un modelo competitivo frente a Europa

En su posicionamiento, Asedas también recuerda que España cuenta con más empresas del sector de la alimentación que otros países de su entorno, en todos los tamaños y formatos. Este modelo, basado en la proximidad y en una fuerte capilaridad, ha convertido al sistema español de distribución alimentaria en uno de los «mejores y más competitivos del mundo», según palabras de la patronal.

Reclaman respeto a los convenios colectivos y una visión realista del sector

En el comunicado, Asedas no solo se posiciona en contra del fondo de la ley, sino también del enfoque y discurso con el que se ha impulsado. Consideran que no se ha tenido en cuenta la realidad compleja de un sector que opera con amplios horarios, gran movilidad laboral y capacidad de adaptación a las necesidades sociales y familiares de los consumidores.

«Los convenios colectivos vigentes reflejan ya acuerdos justos entre trabajadores y empresarios. Cambiar ese equilibrio sin consenso puede afectar negativamente a la estabilidad del sector», afirman desde la organización.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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