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El Gobierno aumenta a 400 millones los fondos de Volkswagen

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El Gobierno aumenta a 400 millones los fondos de Volkswagen
Toni Gaspar, presidente de la Diputación de València
Vista aérea de los terrenos de Parc Sagunt II donde está prevista la instalación de la fábrica de baterías de Volskwagen. EFE/Biel Aliño

Madrid/València, 25 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Seat lidera la asignación definitiva de ayudas públicas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), al recibir cerca de 397,4 millones de euros, un 45 % de los 877,2 millones de euros repartidos en esta primera convocatoria y más del doble de lo atribuido inicialmente.

El proyecto «Future: Fast Forward» que presentó Seat se refiere a la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) en un consorcio de 60 empresas donde también figura el Grupo Volkswagen, que el pasado día 20 ya advirtió, según fuentes sindicales, de que vería inaceptable si finalmente recibía una cifra de en torno a 380 millones, pues estaría muy alejada de los 700 u 800 millones que el consorcio había llegado a solicitar de manera más o menos explícita.

A la espera de Volskwagen

Desde Seat se señaló que «una vez se publique la resolución final del PERTE, Seat y el Grupo Volkswagen, con los 60 socios de Future Fast Forward, analizarán esta resolución y tomarán una decisión sobre los diferentes proyectos».

Por su parte, la financiación para el proyecto de Mercedes-Benz España ascenderá a 170,4 millones de euros, un 7 % más que en la asignación provisional, según ha informado este martes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en una nota de prensa.

La resolución definitiva recoge el reparto, a 10 proyectos beneficiarios, de 877,2 millones de euros, una cuantía que superaría en casi 300 millones a los de la publicación provisional si se descuentan los 106,3 millones reconocidos en un primer momento a Ford, que finalmente desistió de las ayudas.

El Gobierno espera que, gracias a estas iniciativas, se movilicen inversiones por valor de 2.250 millones de euros en el sector.

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS

El departamento que dirige Reyes Maroto recalca que en el Perte VEC están presentes la mayoría de grandes marcas del sector de la automoción en España y los proyectos se distribuyen geográficamente por todo el territorio peninsular.

Volkswagen y Seat, con su proyecto «Future: Fast Forward» impulsado junto con 61 socios para desarrollar la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) y llevar a cabo la electrificación de sus fábricas en Martorell (Barcelona) y Navarra, recibirán finalmente 397,4 millones, más del doble que los 167,3 millones asignados en la resolución provisional.

Mercedes obtendrá finalmente 170,4 millones, un 7 % más que en la primera estimación, que destinará a transformar y ampliar las instalaciones de su fábrica en Vitoria con el objetivo de acoger la fabricación de nuevos modelos eléctricos.

Por su parte, el «hub» de electromovilidad (D-Hub), un consorcio de QEV Technologies y BTech al que se han incorporado compañías como Cellnex y Wallbox que planea reactivar parte de las plantas de Nissan en Cataluña, se ha adjudicado 107,8 millones.

El grupo Stellantis recibirá finalmente 67,4 millones, después de que el Ministerio haya aprobado conceder fondos a su proyecto Aries para las plantas de Vigo y Madrid, que en la resolución provisional se había quedado fuera de las ayudas.

El proyecto Tesis de Stellantis para su planta de Figueruelas (Zaragoza) recibirá 52,2 millones, un 23 % más que lo previsto inicialmente, mientras que a Aries llegará finalmente un total de 15,2 millones.

El proyecto de Renault España, impulsado con 50 socios como Gestamp, Grupo Antolín, Iberdrola Clientes o Cellnex, y formado por 31 iniciativas relacionadas con el hidrógeno, los combustibles neutros en carbono, las baterías y la conectividad, recibirá 40,1 millones de fondos públicos, ligeramente por encima de la cifra inicial de 39,7 millones.

Fuera de los grandes grupos automovilísticos, también recibirá 32,9 millones el proyecto de Sapa, un 31 % más de lo presupuestado en un primer momento por el Ministerio, y 28,2 millones el de Faurecia Interior Systems, un 9 % más.

Asimismo, el grupo de autobuses Irizar ha resultado beneficiario con 24,2 millones, levemente por encima de los 24 millones asignados en primera instancia, frente a los 8,8 millones que recibirá Fagor Electrónica, un 22 % más.

RIEJU Y ENVISION-ACCIONA, FUERA DE LAS AYUDAS

Por el contrario, el Ministerio ha rechazado definitivamente dos proyectos: el de la coreana Rieju para fabricar motocicletas en Cataluña, y la gigafactoría de baterías de litio de la china Envision y la española Acciona Energía en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Además, Ford, que se adjudicó 106,3 millones en la resolución provisional para convertir la planta de Almussafes (Valencia) en una fábrica estratégica en el futuro del coche eléctrico de la compañía, no sale en la lista definitiva de beneficiados al rechazar las ayudas después de que sus previsiones de producción para España y toda Europa sufrieran alteraciones.

A POR LA SEGUNDA CONVOCATORIA

«Los 10 proyectos financiados en esta primera convocatoria muestran el gran potencial que tiene España para liderar la electromovilidad en Europa y refuerzan el compromiso del Gobierno con apoyar la transformación de la industria del automóvil», ha dicho Maroto a raíz de la resolución.

El Ministerio se ha comprometido a «seguir trabajando» para poner a disposición del sector más recursos públicos para acompañar las inversiones en electrificación de la cadena de producción.

A partir de ahora las adjudicatarias tendrán que presentar los avales exigidos, y la previsión es que empiecen a recibir el dinero antes de fin de año.

Con carácter general, se adelantaría el 90 % del total de la ayuda concedida a cada empresa

Con carácter general, se adelantaría el 90 % del total de la ayuda concedida a cada empresa.

Una vez finalizada esta primera convocatoria, se dará continuidad a través de una nueva.

Al respecto, Maroto ya avanzó este lunes que se va a flexibilizar la segunda línea del Perte VEC, cuya convocatoria se abrirá en el primer trimestre de 2023.

En este sentido, el Ejecutivo trabaja con la Comisión Europea para hacer más flexibles los plazos ya que fabricantes como Ford o Stellantis necesitan periodos más largos de maduración de los proyectos de los que establecen actualmente los fondos europeos.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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