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El Gobierno aumenta a 400 millones los fondos de Volkswagen

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El Gobierno aumenta a 400 millones los fondos de Volkswagen
Toni Gaspar, presidente de la Diputación de València
Vista aérea de los terrenos de Parc Sagunt II donde está prevista la instalación de la fábrica de baterías de Volskwagen. EFE/Biel Aliño

Madrid/València, 25 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Seat lidera la asignación definitiva de ayudas públicas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), al recibir cerca de 397,4 millones de euros, un 45 % de los 877,2 millones de euros repartidos en esta primera convocatoria y más del doble de lo atribuido inicialmente.

El proyecto «Future: Fast Forward» que presentó Seat se refiere a la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) en un consorcio de 60 empresas donde también figura el Grupo Volkswagen, que el pasado día 20 ya advirtió, según fuentes sindicales, de que vería inaceptable si finalmente recibía una cifra de en torno a 380 millones, pues estaría muy alejada de los 700 u 800 millones que el consorcio había llegado a solicitar de manera más o menos explícita.

A la espera de Volskwagen

Desde Seat se señaló que «una vez se publique la resolución final del PERTE, Seat y el Grupo Volkswagen, con los 60 socios de Future Fast Forward, analizarán esta resolución y tomarán una decisión sobre los diferentes proyectos».

Por su parte, la financiación para el proyecto de Mercedes-Benz España ascenderá a 170,4 millones de euros, un 7 % más que en la asignación provisional, según ha informado este martes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en una nota de prensa.

La resolución definitiva recoge el reparto, a 10 proyectos beneficiarios, de 877,2 millones de euros, una cuantía que superaría en casi 300 millones a los de la publicación provisional si se descuentan los 106,3 millones reconocidos en un primer momento a Ford, que finalmente desistió de las ayudas.

El Gobierno espera que, gracias a estas iniciativas, se movilicen inversiones por valor de 2.250 millones de euros en el sector.

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS

El departamento que dirige Reyes Maroto recalca que en el Perte VEC están presentes la mayoría de grandes marcas del sector de la automoción en España y los proyectos se distribuyen geográficamente por todo el territorio peninsular.

Volkswagen y Seat, con su proyecto «Future: Fast Forward» impulsado junto con 61 socios para desarrollar la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) y llevar a cabo la electrificación de sus fábricas en Martorell (Barcelona) y Navarra, recibirán finalmente 397,4 millones, más del doble que los 167,3 millones asignados en la resolución provisional.

Mercedes obtendrá finalmente 170,4 millones, un 7 % más que en la primera estimación, que destinará a transformar y ampliar las instalaciones de su fábrica en Vitoria con el objetivo de acoger la fabricación de nuevos modelos eléctricos.

Por su parte, el «hub» de electromovilidad (D-Hub), un consorcio de QEV Technologies y BTech al que se han incorporado compañías como Cellnex y Wallbox que planea reactivar parte de las plantas de Nissan en Cataluña, se ha adjudicado 107,8 millones.

El grupo Stellantis recibirá finalmente 67,4 millones, después de que el Ministerio haya aprobado conceder fondos a su proyecto Aries para las plantas de Vigo y Madrid, que en la resolución provisional se había quedado fuera de las ayudas.

El proyecto Tesis de Stellantis para su planta de Figueruelas (Zaragoza) recibirá 52,2 millones, un 23 % más que lo previsto inicialmente, mientras que a Aries llegará finalmente un total de 15,2 millones.

El proyecto de Renault España, impulsado con 50 socios como Gestamp, Grupo Antolín, Iberdrola Clientes o Cellnex, y formado por 31 iniciativas relacionadas con el hidrógeno, los combustibles neutros en carbono, las baterías y la conectividad, recibirá 40,1 millones de fondos públicos, ligeramente por encima de la cifra inicial de 39,7 millones.

Fuera de los grandes grupos automovilísticos, también recibirá 32,9 millones el proyecto de Sapa, un 31 % más de lo presupuestado en un primer momento por el Ministerio, y 28,2 millones el de Faurecia Interior Systems, un 9 % más.

Asimismo, el grupo de autobuses Irizar ha resultado beneficiario con 24,2 millones, levemente por encima de los 24 millones asignados en primera instancia, frente a los 8,8 millones que recibirá Fagor Electrónica, un 22 % más.

RIEJU Y ENVISION-ACCIONA, FUERA DE LAS AYUDAS

Por el contrario, el Ministerio ha rechazado definitivamente dos proyectos: el de la coreana Rieju para fabricar motocicletas en Cataluña, y la gigafactoría de baterías de litio de la china Envision y la española Acciona Energía en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Además, Ford, que se adjudicó 106,3 millones en la resolución provisional para convertir la planta de Almussafes (Valencia) en una fábrica estratégica en el futuro del coche eléctrico de la compañía, no sale en la lista definitiva de beneficiados al rechazar las ayudas después de que sus previsiones de producción para España y toda Europa sufrieran alteraciones.

A POR LA SEGUNDA CONVOCATORIA

«Los 10 proyectos financiados en esta primera convocatoria muestran el gran potencial que tiene España para liderar la electromovilidad en Europa y refuerzan el compromiso del Gobierno con apoyar la transformación de la industria del automóvil», ha dicho Maroto a raíz de la resolución.

El Ministerio se ha comprometido a «seguir trabajando» para poner a disposición del sector más recursos públicos para acompañar las inversiones en electrificación de la cadena de producción.

A partir de ahora las adjudicatarias tendrán que presentar los avales exigidos, y la previsión es que empiecen a recibir el dinero antes de fin de año.

Con carácter general, se adelantaría el 90 % del total de la ayuda concedida a cada empresa

Con carácter general, se adelantaría el 90 % del total de la ayuda concedida a cada empresa.

Una vez finalizada esta primera convocatoria, se dará continuidad a través de una nueva.

Al respecto, Maroto ya avanzó este lunes que se va a flexibilizar la segunda línea del Perte VEC, cuya convocatoria se abrirá en el primer trimestre de 2023.

En este sentido, el Ejecutivo trabaja con la Comisión Europea para hacer más flexibles los plazos ya que fabricantes como Ford o Stellantis necesitan periodos más largos de maduración de los proyectos de los que establecen actualmente los fondos europeos.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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