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Un informe refleja que en Valencia el empleo femenino padece mayor precarización, dependencia y temporalidad
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hace 8 añosen
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La Concejala de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha presentado el primer informe sobre la realidad de las mujeres en el mercado de trabajo en la ciudad de Valencia, un documento que refleja la situación de “marginación y desigualdad” que afecta a las mujeres, y que en los últimos años se ha visto más agravada aún por efecto de la crisis. En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Concejalía de Empleo ha puesto en marcha una serie de medidas de formación, promoción y sensibilización.
El objetivo del informe es doble: por un lado, disponer de un diagnóstico claro de la situación de la mujer en el marco laboral, de cara a poder definir las actuaciones específicas de la Concejalía. Y por otro, ha explicado Gómez, “obtener datos objetivos de una realidad incontestable: la situación de desventaja de las mujeres dentro del mercado de trabajo”. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no se había realizado ningún informe similar, “porque lo que teníamos hasta ahora era muy parco y no específico sobre la mujer”, ha lamentado la concejala.
El análisis estará disponible en los próximos días en la web municipal, así como en la web de València Activa. Las principales conclusiones que se desprenden de los datos versan sobre las afiliaciones a la seguridad social, la evolución de las contrataciones, y la evolución del paro femenino.
Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en 2015 y 2016 el 52% son mujeres, pero al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos este porcentaje desciende hasta el 37%. Es el sector Servicios el que concentra el número más elevado de afiliaciones a la seguridad social de mujeres, especialmente en el Régimen del Sistema Especial de Empleados del Hogar, que está totalmente feminizado (con un 96% de mujeres). Asimismo, el 57% del total de contratos temporales son mujeres, y de las afiliaciones que son mediante contratos a tiempo parcial, el 67% son contratos a mujeres
“Todo ello demuestra que la flexibilización y la precarización laboral afecta en mayor medida a las mujeres; que son las mujeres quienes padecen mayor dependencia laboral y mayor temporalidad en los contratos”, ha lamentado Sandra Gómez.
En cuanto a evolución de las contrataciones, entre 2007 y 2017 se ha producido una destrucción drástica del empleo femenino: 10.119 contratos menos (de 19.329 a 9.210). Tal como ha destacado Sandra Gómez, “en los últimos año se observa un leve repunte, pero es todavía insuficiente”. En cifras totales de contratos por año a mujeres, la reducción es de 100.000 en sólo 3 años: de 249.878 en 2007 a 149.862 en 2010.
A esta situación se suma el aumento del desequilibrio entre el número de contratos a varones y a mujeres: si bien en 2007 los valores eran similares en cuanto al número de contratos a varones y a mujeres, a partir de 2009 se empieza a observar este desequilibrio, que se mantiene en la actualidad.
Finalmente, el informe analiza el impacto en el empleo por grupos de edad. El grueso de las contrataciones (entre el 55% y el 65% del total) se realiza a mujeres de 25 a 44 años, “aunque el número es menor que a los varones de la misma edad”, ha matizado Sandra Gómez.
EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE PARO DESDE 2007 A 2017
Las conclusiones sobre la evolución de las cifras de desempleo son también contundentes: en los últimos 10 años se ha duplicado el número de mujeres paradas. Mientras que en 2007 el paro registrado femenino era de 20.477, en 2015 subió hasta las 44.367 mujeres.
Es cierto, ha matizado Gómez, que el incremento del paro entre 2007 y 2010 fue muy intenso tanto entre los hombres como entre las mujeres. El número de parados y paradas se duplica en esta década, pero en el caso de las mujeres, el número es superior desde 2012 hasta la actualidad. “No obstante –ha continuado la concejala- desde 2015 se observa un leve descenso del número de mujeres paradas durante todos los meses”. En enero de 2015 están registradas 44.367 mujeres en paro mientras que el mismo mes de enero de 2017 el número de mujeres registradas en el paro es de 40.734.
La delegada de Empleo ha afirmado, tras exponer la situación en datos, que “están muy lejos de los que nos gustaría”, y ha subrayado “las limitaciones competenciales que tenemos desde los ayuntamientos”. Por eso, ha denunciado que el Gobierno haya eliminado los Planes de Igualdad específicos (decisión adoptada el pasado mes de enero), y ha anunciado la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de “suplir esas deficiencias en políticas activas de empleo”.
ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL 8 DE MARZO
“Es una realidad que las mujeres sufren de una manera más acentuada la temporalidad y el desempleo. Por eso –ha añadido- desde Valencia Activa, y teniendo en cuenta esta realidad, estamos llevando a cabo una serie de Acciones específicas para mujeres”. Dichas iniciativas se han dado a conocer en el marco de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
BARRIS PER LA OCUPACIÓ
Los distintos centros municipales van a acoger distintas actividades de formación, asesoramiento, dinámicas de grupo… y otras dentro del programa Barris per la Ocupació. Cada persona recibirá información personalizada sobre los servicios existentes en materia de empleo y formación que les puedan ser útiles en dicha búsqueda
Asimismo, está el programa específico para mujeres desempleadas de larga duración, de carácter proactivo y participativo, que incluye entrevista en profundidad, asesoramiento curricular y la incorporación de acciones formativas en materia de empleo y emprendimiento.
Además, el Presupuesto Municipal 2017 incluye una partida de 27.000 euros destinada a los Planes de Igualdad para Empresas, que permitirá ofrecer asesoramiento a 60 empresas en materia de igualdad y políticas para favorecer la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo.
Y asimismo, desde la Concejalía se destinan otros 40.000 euros al proyecto de fomento del Empleo en Mujeres de etnia Gitana, con el objetivo de proporcionar una salida laboral para facilitar la inserción en el mercado de trabajo a través de la formación ocupacional de 30 mujeres de etnia gitana de la ciudad. Y otros 57.000 euros para el Programa específico para mujeres en riesgo de exclusión social, a través de la formación de 50 mujeres en riesgo de exclusión social en Valencia.
El informe supone un primer paso para abordar un problema global con conocimiento ajustado sobre la realidad, ha concluido Sandra Gómez. Para su elaboración se ha analizado la «Estadística de Cuentas de Cotización y Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social» publicada en el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, las Estadísticas de paro registrado recogidas por el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), y las Estadísticas de contratos obtenidas del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), ambas publicadas en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).
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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no
Publicado
hace 8 horasen
30 abril, 2025
La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos
Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso
La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.
Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.
¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?
1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección
El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.
Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.
2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas
En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.
Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.
¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?
La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.
El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.
Una reforma laboral con grandes ausencias
Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.
Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.
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