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Una campaña fomentará el consumo de frutas y hortalizas en los colegios de la Comunitat

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VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) – El Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (Ivifa), creado por la Unió de Llauradors, ha lanzado la campaña ‘A menjar sa!’ con el objetivo de fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre el alumnado de educación infantil y primaria de los centros escolares de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de distribución de frutas y hortalizas en la Comunitat Valenciana para este curso escolar 2017-2018 y va dirigida al alumnado de aquellos centros escolares que han solicitado expresamente participar en el mismo, según ha informado la entidad agraria en un comunicado.

El programa está financiado con fondos públicos provenientes de la Unión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y participan más de 675 centros escolares de toda la Comunitat Valenciana y más de 168.000 alumnos.

El objetivo principal es el fomento del consumo de frutas y hortalizas en el alumnado de edades tempranas, así como mejorar sus hábitos de consumo hacia el consumo de productos más saludables y, al mismo tiempo, concienciar a los menores de la importancia de consumir productos locales y producidos mediante fórmulas medioambientalmente sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, pretendiéndose implicar también a padres, madres y educadores.

A la vez que se efectuará el reparto de frutas y hortalizas de temporada, con especial incidencia del producto ecológico, de calidad y de proximidad, se llevarán a cabo también múltiples actividades complementarias.

Entre esas actividades se encuentra la entrega de dípticos informativos sobre la campaña con inclusión de un calendario de productos de temporada para trabajar en las aulas, y un vocabulario de las frutas y hortalizas con su nombre en castellano, valenciano e inglés y cuentos sobre la importancia de consumir productos de proximidad y la importancia de la agroecología.

Asimismo, habrá recortables con frutas y hortalizas de temporada y juegos para que los menores puedan reconocerlas de forma más fácil, así como la impartición de 600 talleres relacionados con la temporalidad de las frutas y hortalizas valencianas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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