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València acogerá el buque ‘Aquarius’, en el que viajan más de 600 migrantes

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VALÈNCIA, Jun. (EUROPA PRESS)-Pedro Sánchez ha dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitaria y ha dado instrucciones para que España acoja el barco Aquarius, en el que se encuentran más de 600 personas abandonados a su suerte en el Mediterráneo, ha informado el Palacio de la Moncloa.

El destino de este barco será el puerto de Valencia, previa coordinación con la Generalitat valenciana.
En este sentido, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha ofrecido la ciudad de València para acoger a los cientos de migrantes del barco anunciando que la sociedad valenciana «no deja a nadie a la deriva».

El Gobierno de España ha anunciado que ofrecerá a la ONU Valencia como «puerto seguro» para el barco ‘Aquarius’, que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por MSF y Sos Mediterranée, cuya entrada a Italia ha sido impedida por el nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini.

Poco antes de que el Ejecutivo central hiciera este anuncio, Oltra había expresado ante los medios de comunicación que estaba esperando el sí del Ejecutivo central para poder albergar a estas 629 personas porque València «quiere abrir ese corredor de la esperanza en el Mediterráneo».

En este sentido, Oltra se muestra convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «sensibilidad» respecto a la situación de las personas refugiadas, «no como el anterior Gobierno del PP que nos cerró todas las puertas».

Asimismo, ha señalado que las autoridades valencianas tienen el dispositivo de acogida preparado «desde hace mucho tiempo» y que espera que la idea sea «bien recibida» también por las once comunidades que en su día firmaron un manifiesto expresando su deseo de acoger refugiados.

Las autoridades valencianas ya han hablado además con la Autoridad Portuaria, «que se ha implicado», y con las entidades de solidaridad y personas migrantes que colaborarán en el dispositivo de acogida.

«FOSA COMÚN DE LA VERGÜENZA»
Mónica Oltra ha enfatizado que «no es posible que en el siglo XXI haya 629 personas en un barco a la deriva en el Mediterráneo, un Mediterráneo que se está llevando miles de vidas y que se está convirtiendo en una fosa común de la vergüenza, cuando siempre ha sido un puente entre personas y culturas».

«València puede ser la puerta de entrada para que se acabe el calvario de estas personas y podamos acogerlas en una sociedad abierta y cálida, que no deja a nadie a la deriva en el Mediterráneo. Esperemos que esta vez sí ese barco pueda llegar a València y la sociedad valenciana pueda decirles: ‘Lo peor ha pasado y vais a emprender una nueva vida lejos del horror que habéis tenido que pasar'».

Finalmente, la dirigente valenciana ha recordado que un centenar de las personas que van a la deriva a la embarcación son niños y que también hay mujeres embarazadas y que solo

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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