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València dice NO a la pena de muerte en un manifiesto leído por Ribó a las puertas del Ayuntamiento

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Joan Ribó

VALÈNCIA, 29 Nov.- El Ayuntamiento de València ha mostrado su apoyo a Amnistía Internacional por el Día Internacional de Ciudades por la Vida que se celebra este sábado, 30 de noviembre, como una de las 2.000 ciudades del mundo que rechazan la pena de muerte por ser una condena «cruel e injusta que elimina la vida».

«Quien se atreva a decir que la pena de muerte sirve para reducir la delincuencia está engañando a la sociedad», ha advertido el alcalde, Joan Ribó, tras leer en la puerta del Ayuntamiento un manifiesto contra la pena de muerte, elaborado conjuntamente con Amnistía Internacional.

València aprobó en 2017 una declaración institucional unánime contra «este tipo de prácticas que muchas veces son más venganza institucional que una práctica realmente eficaz contra la delincuencia».

En esta línea, Ribó ha puesto como ejemplo Estados Unidos, un país donde sigue en vigor la pena de muerte: «Si se comparan los datos de delincuencia de EEUU con los de un país que no utiliza la pena de muerte como España, la diferencia es contundente».

También ha defendido que las verdaderas causas de la pena de muerte «son otras que no respetan la vida o que no tienen en cuenta que muchas veces los condenados lo son por su vulnerabilidad en la sociedad, por pertenecer a minorías o determinadas etnias religiosas». A esto ha sumado que la pena de muerte se impone en muchos países con sistemas judiciales «injustos o que muchas veces se equivocan». «Por tanto: ¡No a la pena de muerte!», ha exclamado.

«Por sorprendente que parezca» –ha lamentado la concejala de Cooperación, Maite Ibáñez–, «un 30 de noviembre más seguimos reivindicado las ‘Ciudades por la vida y contra la Pena de Muerte’: Junto a otras 2.000 ciudades de todo el mundo, reclamamos el fin de la pena de muerte, donde la muerte de inocentes es irreversible».

El Ayuntamiento de València quiere así «alzar su voz» contra la violación del derecho a la vida, que contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «una injusticia que, incomprensiblemente, sigue sucediendo en todo el planeta», ha recordado la responsable de Cooperación.

Los representantes del Govern del Rialto, entre ellos también Luisa Notario y Pere Fuset, han leído conjuntamente el manifiesto que recuerda que la pena de muerte ha sido abolida para todos los delitos en 106 países, hasta 142 países en la práctica. Sin embargo, Amnistía Internacional advierte que a finales de 2018 había casi 20.000 personas en corredores de muerte de todo el mundo.

«EL CASTIGO INHUMANO POR EXCELENCIA»
Ante la existencia de países que ejecutan la pena de muerte «de manera profusa y sin restricciones, como China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam o Irak», la organización y el Ayuntamiento de València se oponen a la pena de muerte por «irreversible» y ser una condena con la que «se cometen errores».

«No disuade del crimen ni hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel, suele emplearse en sistemas de justicia sesgados y a veces profundamente injustos y se aplica de forma discriminatoria o se utiliza como herramienta política». En definitiva, «viola el derecho a la vida y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia».

Fuente: EUROPA PRESS

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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