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València es la segunda ciudad española donde más se usa la bicicleta

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València es la segunda ciudad española donde más se usa la bicicleta, solo por detrás de Sevilla, ya que el 16 por ciento de la población utiliza este medio de transporte, según se desprende de la V Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles, realizada por el Foro de Movilidad de Alphabet.

Seis de cada diez españoles considera que su ciudad no está adaptada a la convivencia de vehículos y ciclistas. Según la encuesta, realizada a 5.000 personas, Sevilla se posiciona como la ciudad donde los encuestados encuentran una mayor convivencia entre ambos colectivos (77,5%). En el lado contrario, en Toledo y Madrid consideran que su ciudad no está preparada para garantizar la convivencia entre ciclistas y conductores, con el 89,5% y el 89%, respectivamente.

Al preguntarles sobre qué medio de transporte utilizarían si estuviera prohibido acceder al centro de la ciudad en automóvil, solo un 6% de los encuestados elegirían la bicicleta como alternativa para desplazarse.

De los resultados de esta encuesta, se concluye que solo un 10% de los españoles utiliza la bicicleta para sus desplazamientos habituales.

Son los jóvenes de 18 a 30 años los que más se mueven en este medio de transporte habitualmente (12%), mientras que este porcentaje es del 9% entre las personas de entre 46 y 60 años. En el caso de las personas mayores de 61 años, un 4% opta por la bicicleta como medio de transporte de manera asidua.

Por ciudades, Sevilla y València se encuentran a la cabeza de las 17 ciudades españolas encuestadas donde más uso se hace de la bicicleta, con un 21% y un 16%, respectivamente. En el lado contrario, santanderinos (4%) y bilbaínos (5%) son los que menos uso hacen de ella. En lo que respecta a Madrid y Barcelona, solo un 7% de los madrileños utilizan la bicicleta para sus desplazamientos habituales, porcentaje que se incrementa en Barcelona hasta un 14%.

A la hora de preguntar acerca del uso del carril bici en sus ciudades, un 39% admite que los ha utilizado. De ellos, solo un 9% lo hace normalmente, mientras que un 30% lo hace de forma esporádica.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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