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Valencia

La Generalitat elimina 10.601 viviendas turísticas del Registro de Turismo por falta de referencia catastral

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València pisos turísticos ilegales
Vista de varios candados para las llaves en un edificio de apartamentos turísticos. EFE/ María Alonso/Archivo

El proceso de depuración de la Conselleria de Turismo afecta ya a más de 11.000 alojamientos en la Comunitat Valenciana y prevé alcanzar las 20.000 bajas antes del verano.

Publicado: 9 de junio de 2025

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Turismo, ha eliminado 10.601 viviendas de uso turístico del Registro de Turismo por no disponer de referencia catastral individualizada, tal como exige la normativa vigente. Estas bajas se suman a las 886 registradas en marzo, cuando se excluyeron los inmuebles sin NIF o NIE.

¿Dónde se han producido más bajas?

Por provincias, la distribución de las bajas es la siguiente:

  • Alicante: 7.438 viviendas turísticas eliminadas

  • Valencia: 1.762 registros anulados

  • Castellón: 1.401 viviendas dadas de baja

Este proceso forma parte de la aplicación del Decreto Ley 9/2024, que modifica la normativa reguladora del alquiler vacacional en la Comunitat Valenciana y tiene como objetivo garantizar una oferta legal y transparente.

Casi 20.000 viviendas fuera del registro antes del verano

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha explicado que esta actuación forma parte de un plan de depuración y control del sector:

“Alcanzaremos las cerca de 20.000 bajas antes del inicio del verano, tras un proceso minucioso que afecta a unas 34.000 viviendas turísticas en total”.

Cano ha recordado que la base de datos del Registro contaba con más de 101.200 viviendas inscritas a diciembre de 2024, y que el procedimiento de depuración continuará durante la segunda quincena de junio con una tercera fase, que prevé eliminar otras 7.800 viviendas adicionales.

Un registro más fiable y operativo

El objetivo principal de este proceso es reforzar el control y la legalidad de las viviendas turísticas. El Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana es una herramienta clave para la inspección, planificación y ordenación del sector. Sin datos fiscales actualizados ni contacto electrónico fiable, muchas notificaciones y gestiones administrativas resultaban imposibles.

La Conselleria insiste en que mantener actualizados los datos básicos como NIF, teléfono, correo electrónico y referencia catastral es obligatorio para continuar operando como alojamiento turístico en la región.


¿POR QUÉ SON ILEGALES LOS ANUNCIOS DE AIRBNB, SEGÚN CONSUMO?

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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