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Vecinos y alcaldes se concentran en València para reclamar al Gobierno la gratuidad de la AP-7

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VALÈNCIA, 23 May. – Asociaciones vecinales, alcaldes y concejales de la Comunitat Valenciana se han concentrado este miércoles en València, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para exigir al Gobierno Central la reversión y gratuidad de la AP-7 ante la finalización, en diciembre de 2019, de la concesión de Abertis sobre la autopista.

Los concentrados, que han coreado el cántico ‘AP-7 gratuïta’ (AP-7 gratuita), se han colocado tras cuatro pancartas con los lemas: ‘Prou, AP-7 gratuïta ja’, ‘Volem una N-340 digna’, ‘Reversió i gratuïtat AP-7’ y ‘Ja hi ha prou! Oliva som tots!’.

La Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunidad Valenciana (Cavecova), representados por su presidente Juan Antonio Caballero, han presidido una concentración a la que también ha acudido la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con su presidente Rubén Alfaro, además de distintos alcaldes y concejales de la Comunitat, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, o la concejala de Desarrollo Humano del consistorio, Consol Castillo.

Caballero ha leído el manifiesto en el que se destaca que el Gobierno central «deberá tener decidido qué hacer con la autopista», si establece o no una nueva concesión y las consecuencias que se derivan y ha señalado que «la falta de otras infraestructuras no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente».

En este sentido, Caballero ha señalado que el Estado tiene una «oportunidad» de colaborar en los «impulsos económicos» que la Comunitat «necesita» y que por la «infrafinanciación» sufren la ciudadanía valenciana de Castellón, Valencia y Alicante.

Además, considera que «debería aparecer el interés del Estado por configurar una conexión entre las comunidades mediterráneas que mejore su competitividad, la de las empresas, la industria, las cooperativas y el sector turístico frente a otras comunidades con vías rápidas gratuitas, en un área que representa el 44,3% del PIB toda España para lo cual este tramo central resulta imprescindible».

Según ha indicado Caballero, la autopista ha pasado de 27.000 vehículos diarios a 17.000 «debido a la crisis y otras alternativas gratuitas», por lo que están «lejos de saturar» la AP-7 por una eventual gratuidad.

«La falta de otras infraestructuras aparte de la autopista, como el corredor mediterráneo, no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente. La solución pasa por hacer nuevas infraestructuras, sobre todo ferroviarias y complementar las que existen», ha reclamado.

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha explicado que «más de un centenar de municipios» de la Comunitat han aprobado mociones con la gratuidad de la AP7 durante años, por lo que ha destacado la «importancia» de la concentración.

Asimismo, ha destacado que la federación que preside será un «aliado importante», ya que la no gratuidad de la autopista provoca que los municipios sufran en la «movilidad, contaminación, ruido y siniestralidad», por lo que ha apostado por la «conciliación» con la sociedad.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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