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Vecinos y alcaldes se concentran en València para reclamar al Gobierno la gratuidad de la AP-7

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VALÈNCIA, 23 May. – Asociaciones vecinales, alcaldes y concejales de la Comunitat Valenciana se han concentrado este miércoles en València, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para exigir al Gobierno Central la reversión y gratuidad de la AP-7 ante la finalización, en diciembre de 2019, de la concesión de Abertis sobre la autopista.

Los concentrados, que han coreado el cántico ‘AP-7 gratuïta’ (AP-7 gratuita), se han colocado tras cuatro pancartas con los lemas: ‘Prou, AP-7 gratuïta ja’, ‘Volem una N-340 digna’, ‘Reversió i gratuïtat AP-7’ y ‘Ja hi ha prou! Oliva som tots!’.

La Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunidad Valenciana (Cavecova), representados por su presidente Juan Antonio Caballero, han presidido una concentración a la que también ha acudido la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con su presidente Rubén Alfaro, además de distintos alcaldes y concejales de la Comunitat, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, o la concejala de Desarrollo Humano del consistorio, Consol Castillo.

Caballero ha leído el manifiesto en el que se destaca que el Gobierno central «deberá tener decidido qué hacer con la autopista», si establece o no una nueva concesión y las consecuencias que se derivan y ha señalado que «la falta de otras infraestructuras no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente».

En este sentido, Caballero ha señalado que el Estado tiene una «oportunidad» de colaborar en los «impulsos económicos» que la Comunitat «necesita» y que por la «infrafinanciación» sufren la ciudadanía valenciana de Castellón, Valencia y Alicante.

Además, considera que «debería aparecer el interés del Estado por configurar una conexión entre las comunidades mediterráneas que mejore su competitividad, la de las empresas, la industria, las cooperativas y el sector turístico frente a otras comunidades con vías rápidas gratuitas, en un área que representa el 44,3% del PIB toda España para lo cual este tramo central resulta imprescindible».

Según ha indicado Caballero, la autopista ha pasado de 27.000 vehículos diarios a 17.000 «debido a la crisis y otras alternativas gratuitas», por lo que están «lejos de saturar» la AP-7 por una eventual gratuidad.

«La falta de otras infraestructuras aparte de la autopista, como el corredor mediterráneo, no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente. La solución pasa por hacer nuevas infraestructuras, sobre todo ferroviarias y complementar las que existen», ha reclamado.

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha explicado que «más de un centenar de municipios» de la Comunitat han aprobado mociones con la gratuidad de la AP7 durante años, por lo que ha destacado la «importancia» de la concentración.

Asimismo, ha destacado que la federación que preside será un «aliado importante», ya que la no gratuidad de la autopista provoca que los municipios sufran en la «movilidad, contaminación, ruido y siniestralidad», por lo que ha apostado por la «conciliación» con la sociedad.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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