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Consumo

Vence el permiso de estancia de los 629 migrantes del Aquarius, de los que 608 han formalizado su petición de asilo

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MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – Este miércoles 1 de agosto finaliza el permiso de estancia de 45 días que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó por razones humanitarias a los 629 inmigrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo por el buque Aquarius y que desembarcaron en el puerto de Valencia el pasado 17 de junio.

De los 629 pasajeros del Aquarius, un total de 608 han formalizado ya su solicitud de asilo, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que precisan que esta cifra puede ampliarse. Las personas que han formalizado su acceso al proceso hasta el momento son 537 adultos y menores acompañados, mientras que los otros 71 son menores extranjeros no acompañados (MENAs).

Estas mismas fuentes han señalado que los ministerios de Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desconocen por ahora si alguna de las 608 peticiones de protección internacional formalizadas ha sido admitida a trámite y ha sido denegada.

21 PETICIONES DE ASILO NO FORMALIZADAS
Por su parte, hay un total de 21 pasajeros del buque no han formalizado hasta el momento el procedimiento, 15 de ellos son adultos y menores acompañados y seis son menores sin acompañamiento, de acuerdo a los datos facilitados a Europa Press.

Al desembarcar en el puerto de Valencia, el Gobierno garantizó el acceso al procedimiento de asilo a todos los rescatados por el Aquarius. Así, se repartió un volante para que los pasajeros pudiesen manifestar su voluntad de pedir asilo: en aquel momento, todos los migrantes menos uno expresaron su intención de hacerlo, 274 de ellos en Francia, señalaron a Europa Press en fuentes de la Policía Nacional. En cualquier caso, esta petición de asilo debe posteriormente ser formalizada para poder ser valorada por parte de las autoridades españolas.

La coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, explicó a Europa Press que en el plazo de un mes desde que se formaliza la petición deben recibir una respuesta, o bien la admisión a trámite o la denegación de su demanda de protección internacional. A partir de ese momento, la ley establece el máximo en seis meses para dar una respuesta definitiva sobre el estatus del solicitante.

Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recuerdan el «colapso» de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que, conjuntamente con el Ministerio del Interior, es la encargada de tramitar los expedientes de asilo. De acuerdo a las palabras del ministro en sede parlamentaria, la OAR está «en una situación lamentable» tanto de recursos humanos como tecnológicos para atender las solicitudes nuevas y pendientes.

Una vez cumplido el permiso temporal de estancia en España de 45 días, a los pasajeros del Aquarius que cuentan con una petición de asilo formalizada en España «se aplica la legislación» al igual que a todas las personas que se encuentran en España en situación irregular, aseveran fuentes de Interior. Entre otras cosas, tienen el derecho a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional, según los requisitos establecidos por el Ministerio.

Durante este periodo, se procederá a confirmar si los solicitantes son merecedores de recibir el estatuto de refugiado, beneficiarse de protección subsidiaria, o bien, optar a otras formas de protección previstas en la legislación, como la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

CASI 490 EN ACOGIDA
Respecto a la situación de los migrantes del Aquarius, 486 se encuentran en acogida, mientras que los otros 143 no constan haciendo uso de los recursos asistenciales puestos a su disposición. En cualquier caso, según las mismas fuentes de Interior, están identificados pese a estar bajo un régimen de libre movimiento, al igual que el resto.

Según las cifras proporcionadas, de las casi 490 personas acogidas, 78 ya han sido trasladadas a Francia, país en el que pidieron asilo y cuya solicitud fue aceptada paras ser tramitada allí, aunque otras dos personas están todavía pendientes de viajar al país galo, a la espera de recibir próximamente el alta hospitalaria en España.

La otra parte de los migrantes acogidos (408), se encuentra en dependencias asistenciales en distintas comunidades autónomas. La mayoría de ellos están en la Comunidad Valenciana, donde están en centros de acogida un total de 169 migrantes. Otras 75 personas están en Andalucía, 26 en la Región de Murcia, 22 en Aragón, 19 en Navarra, otras 19 en la Comunidad de Madrid, 16 en Baleares, 15 en Cataluña, 14 en Castilla y León, 10 en Galicia, otros 10 en el País Vasco, seis en Extremadura, cinco en Cantabria, y dos en Castilla-La Mancha.

Por otro lado, de esos más de 140 pasajeros que no utilizan los recursos asistenciales puestos a su disposición, 77 son menores no acompañados cuya guarda y tutela está en manos de la Generalitat Valenciana –no son 123 como se pensaba inicialmente–; 61 son adultos; dos están hospitalizados por problemas médicos y otros dos son los que están pendientes de viajar a Francia.

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Consumo

Ley de desperdicio alimentario 2026: Descuentos obligatorios en supermercados desde abril

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Los 5 'superalimentos' de moda

La nueva ley contra el desperdicio alimentario entra en vigor este mes de abril y trae importantes cambios que afectan tanto a consumidores como a la hostelería, supermercados y tiendas de alimentación. Entre las medidas destacan los descuentos obligatorios en productos próximos a caducar o con apariencia imperfecta, así como nuevas obligaciones para bares y restaurantes sobre la comida sobrante.


Descuentos en productos “feos” y próximos a caducar

A partir de abril, las grandes superficies (superiores a 1.300 m²) estarán obligadas a dedicar espacios a frutas y verduras imperfectas o “feas”, que presentan formas o tamaños irregulares, ofreciendo precios hasta un 30% más bajos.

Además, los supermercados podrán ampliar los productos en oferta que se acerquen a su fecha de consumo, incentivando a los compradores a aprovechar alimentos cercanos a caducar y reducir el desperdicio. Esto supone un ahorro significativo para los consumidores y fomenta hábitos de compra más sostenibles.


Obligaciones para la hostelería: el derecho al tupper

Los bares y restaurantes deberán permitir que los clientes se lleven la comida sobrante en un envase reutilizable o reciclable, sin coste adicional. Los establecimientos tendrán que informar explícitamente sobre este derecho.

Excepciones:

  • Formatos de bufé libre o similares, donde la comida no tiene límite de disponibilidad, quedan exentos según el artículo 8 de la ley.

Donaciones de excedentes y sanciones

La ley también obliga a los establecimientos a promover acuerdos de donación de alimentos sobrantes a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

  • Las microempresas quedan exentas de esta obligación.
  • El incumplimiento conllevará sanciones.

Educación del consumidor y optimización de etiquetas

La normativa incluye medidas de sensibilización para que los consumidores comprendan las diferencias entre fecha de caducidad y consumo preferente, permitiéndoles planificar sus compras y aprovechar mejor los productos.

Se revisarán las etiquetas para optimizar la información y aumentar el número de alimentos en oferta, reduciendo el desperdicio y fomentando un consumo más responsable.


Entrada en vigor

Según el BOE, la ley entrará en vigor el 2 de abril de 2026, marcando un antes y un después en la lucha contra el desperdicio alimentario en España.

Con estas medidas, los consumidores podrán ahorrar en la compra diaria, disfrutar de descuentos en supermercados, y contribuir a un sistema alimentario más sostenible y consciente.

Desde este jueves 1 de abril de 2026, todo el sector hostelero en España deberá aplicar medidas obligatorias para evitar el desperdicio de comida. La normativa, impulsada por el Gobierno y enmarcada en la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se extiende ahora a todos los bares, restaurantes y servicios de catering.

Qué cambia desde hoy para la hostelería

La ley, que ya afectaba a pequeños establecimientos desde hace un año, se amplía ahora a todo el sector. Esto implica que cualquier negocio de restauración deberá:

  • Adoptar medidas para reducir el desperdicio de alimentos
  • Facilitar al cliente llevarse la comida no consumida
  • Mejorar la gestión de compras y almacenamiento
  • Priorizar la donación de excedentes aptos para el consumo

Esta normativa afecta tanto a grandes cadenas como a negocios locales en ciudades como Valencia.

Objetivo: reducir el desperdicio de comida

El objetivo principal de esta ley es reducir el volumen de alimentos que se tiran cada año, un problema con impacto:

  • Económico
  • Social
  • Medioambiental

España genera miles de toneladas de residuos alimentarios anuales, y una parte importante procede del sector hostelero.

Medidas obligatorias en bares y restaurantes

Entre las principales obligaciones destacan:

1. Ofrecer envases para llevar

Los establecimientos deberán permitir que los clientes se lleven la comida sobrante, fomentando prácticas como el “doggy bag”.

2. Planes de prevención

Los negocios tendrán que implantar estrategias internas para optimizar:

  • Compras
  • Conservación
  • Uso de ingredientes

3. Donación de excedentes

Siempre que sea posible, los alimentos no vendidos deberán destinarse a:

  • Bancos de alimentos
  • Entidades sociales

También afecta al catering

La normativa no solo impacta en bares y restaurantes, sino también en:

  • Empresas de catering
  • Eventos y celebraciones
  • Servicios de comida colectiva

Esto supone un cambio importante en la organización de grandes eventos.

Posibles sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la ley puede conllevar sanciones económicas, lo que obliga al sector a adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias.

Un cambio hacia un consumo más responsable

La ampliación de esta normativa marca un paso más hacia un modelo de consumo sostenible. El sector hostelero, clave en la economía española, deberá ahora equilibrar rentabilidad y responsabilidad ambiental.

Con esta medida, España se alinea con las políticas europeas de reducción del desperdicio alimentario y refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

 

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