El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aaron Cano, ha criticado que la Basílica ha mostrado la imagen de la Virgen de los Desamparados este domingo, el día de la festividad de la patrona de la ciudad, porque «genera un punto de concentración de personas», unos hechos que trasladará a la Delegación del Gobierno para ver si se ha infringido el estado de alarma. Por su parte, el Arzobispado ha asegurado que no se han incumplido las medidas de seguridad y defiende que no había convocado a los fieles.
En las imágenes, se ve cómo varias personas concentradas en la plaza han aplaudido a la imagen de la virgen, entre las advertencias de los policías a los asistentes para que respeten la distancia de seguridad. En el vídeo también se escucha cómo un megáfono de la Policía insta del mismo modo a respetar las distancias.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el edil de Protección Ciudadana, Aaron Cano, no se había notificado a la Concejalía esta acción y el Ayuntamiento elaborará un informe sobre lo sucedido que elevará a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La Delegación ha indicado que analizarán si se han infringido las medidas del estado de alarma cuando reciban los informes de la Policía Local y Nacional.
Cano ha explicado que las mediciones apuntan a que unas 300 personas se han congregado en la plaza y ha detallado que sí se habían movilizado efectivos de la Policía Local «como previsión» por si «alguna persona se acercaba a modo de peregrinación» a la Basílica en la fiesta de la patrona. Los agentes estaban en la plaza para «evitar problemas de concentración de personas», ha explicado.
«NO SABÍAMOS LA INTENCIÓN DEL ARZOBISPADO»
«No sabíamos la intención del Arzobispado, en ningún caso ha comunicado a Protección Ciudadana ningún tipo de hecho como los que se han realizado a día de hoy, ni la apertura ni el toque de campana», ha criticado, para luego insistir: «No podíamos prever nada», ha insistido.
Ha relatado que la Iglesia «ha procedido a la apertura de las puertas mostrando la imagen de la Virgen» y ha denunciado que esto «genera un punto de atracción y concentración de personas». «Si el día de la virgen pones a la virgen en la Basílica es imposible que de un modo organizado la gente se acerque», ha lamentado.
A su juicio, «la Iglesia debería predicar con el ejemplo» porque además «es donde miles de personas se miran en el espejo». «Deben comportarse responsablemente y hoy no lo han hecho», ha recriminado, para luego recordar que «todo el mundo está haciendo esfuerzos», desde el «ámbito laboral» y «festivo». «Nos hemos quedado sin Fallas, sin Hogueras, sin ninguna fiesta», ha recordado.
ARZOBISPADO DICE QUE LAS PUERTAS SE ABREN CUATRO HORAS AL DÍA
El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.
Una obligación legal sin compensación suficiente
El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.
La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.
El fallo del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:
Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio
Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses
Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible
Por qué es clave esta decisión
La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.
En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.
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