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Y el virus llegó a España: cronología del primer positivo

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Madrid, 30 ene (EFE).- Fue un 31 de enero a última hora de la noche cuando el Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso de coronavirus en España, el de un turista alemán en la isla canaria de La Gomera; desde entonces comenzó a dibujarse una dramática espiral de la que parece verse el fin con las ansiadas vacunas.

Justo un mes antes de esa fecha, las autoridades de la ciudad china de Wuhan habían informado de 27 casos de una neumonía desconocida tras haber visitado el mercado de animales vivos de esa localidad y pocos días después se puso nombre al culpable de la infección, el Sars-Cov-2.

En ese mes de enero, desde el Ministerio de Sanidad con un ministro recién llegado, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se aseguró que el riesgo de que el nuevo coronavirus llegara a España era «muy bajo» y que en el caso de que lo hiciera, el país estaría preparado «para actuar ante cualquier eventualidad».

La opinión de Sanidad fue compartida entonces por parte de las principales sociedades médicas y de expertos en enfermedades infecciosas.

Sin embargo, y tras descartar varios casos, el 30 de enero Canarias aisló en el Hospital de La Gomera, por recomendación del Gobierno alemán, a un grupo de ciudadanos alemanes, después de que dos de ellos estuvieran en contacto antes de viajar a la isla con un positivo.

La Consejería de Sanidad canaria activó el protocolo pertinente y envío las muestras al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Ninguno de ellos presentaba síntomas.

Un día después, el 31 de enero las miradas estaban además de en la isla canaria, en Madrid, en concreto en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde tenía previsto aterrizar el primer avión con españoles repatriados de Wuhan, la mayoría de ellos eran técnicos que trabajan para el equipo de fútbol local Wuhan Three Towns.

Desde el aeródromo madrileño, los españoles fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de la capital, donde iban a pasar una cuarentena de catorce días. Ninguno de ellos dio positivo en ese tiempo.

Y fue la noche de ese viernes 31 de enero hace mañana justo un año, cuando se conoció que uno del grupo de los turistas alemanes que se encontraban en cuarentena en el hospital de La Gomera había dado positivo, convirtiéndose en el primer caso de coronavirus en España.

El primero de los más de 2,7 millones de casos que desde entonces se han diagnosticado en España, país que se convirtió en uno de los más golpeados durante la primera ola de la pandemia.

Fue la consejería de Sanidad canaria la que informó en un primer momento de los resultados del análisis del ciudadano alemán.

Al día siguiente, compareció el director del CCAES y explicó que el turista alemán presentaba «un cuadro leve». Las autoridades sanitarias empezaron a hacer seguimiento a las personas con las que podía haber tenido contacto durante su estancia en la isla, así como con las que había coincidido en su trayecto hasta allí.

El jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, informó junto al presidente canario, Ángel Victor Torres, y la consejera de Salud, Teresa Cruz, de que el resto del grupo en cuarentena seguía asintomático y en observación.

El ciudadano alemán fue dado de alta el 13 de febrero y sus compañeros nunca llegaron a dar positivo.

Pero días antes sí lo había dado un ciudadano británico residente en Mallorca, el que fue el segundo caso de coronavirus en el país. Se contagió en Francia y presentaba una carga viral baja, según informaron entonces las autoridades sanitarias.

Este segundo caso no supuso un incremento para Sanidad del riesgo en el país puesto que tanto éste, como el de La Gomera se trataban de casos importados y ambos tenían «rasgos parecidos», según Simón.

En esos días, concretamente también el 13 de febrero, aunque se conocería casi un mes después, el 3 de marzo, se produjo el primer fallecimiento por covid en el país. Fue la primera de las más de 57.000 muertes que se han notificado hasta ahora en España por el virus.

A todo ello le siguieron los meses duros de la pandemia, con una primera ola despiadada, a la que han sucedido otras dos, la última de ellas, está golpeando fuerte en este mes de enero, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación, que dio el pistoletazo de salida el pasado 27 de diciembre.

Una campaña de vacunación que ya se ha topado con los primeros obstáculos ante el retraso de la llegada de más dosis, que ahora tendrá que gestionar la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a las autonomías, si bien ésta ya ha asegurado, en sus primeras comparecencias, que la campaña «avanza a buen ritmo» y mantiene la previsión de que en verano el 70 % de la población en España haya sido inmunizada.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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