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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Rodolfo Sancho vuelve al trabajo tras negarse a entregar 100.000 euros a su hijo Daniel para salir de prisión

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Rodolfo Sancho

El actor regresa a la ficción de TVE con ‘Casper’, un thriller policial basado en hechos reales, mientras Daniel Sancho continúa en una cárcel de Tailandia tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho, de 51 años, ha encontrado en el trabajo una vía para recuperar cierta normalidad en su vida. El actor vuelve a la ficción de Televisión Española con Casper, una nueva miniserie policial en la que comparte protagonismo con Roberto Álamo, Adriana Torrebejano, Alain Hernández y Cristina Alcázar. Un proyecto profesional que llega en una etapa especialmente complicada para el intérprete, marcada por la situación judicial y penitenciaria de su hijo, Daniel Sancho.

El regreso a los rodajes se produce después de su participación en la segunda temporada de Entre tierras y de trabajar en Trazos ocultos, un thriller que protagoniza junto a Toni Acosta. Ahora, Sancho se pone en la piel de un inspector de policía en una producción que reconstruye una de las historias criminales más conocidas de la crónica negra española.

Rodolfo Sancho protagoniza ‘Casper’, la nueva serie de TVE

La miniserie Casper, producida por Televisión Española, consta de tres capítulos de 70 minutos y está basada en hechos reales. La ficción recrea las operaciones policiales que permitieron poner fin a la trayectoria delictiva de Ángel Flores, conocido como Casper, uno de los nombres vinculados al narcotráfico y a los bajos fondos españoles.

Rodolfo Sancho interpreta al inspector Pablo Losada, un policía obsesionado con detener a Casper, personaje al que da vida Roberto Álamo. El reparto se completa con Adriana Torrebejano, que encarna a la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de Sapo, colaborador del delincuente; y Cristina Alcázar, como Elvira Marcos, jefa de la unidad policial.

El rodaje se desarrolla en distintas localizaciones, entre ellas Madrid, Murcia, Yecla, Cartagena y Canarias. Con este trabajo, el actor vuelve a asumir un papel protagonista en una producción televisiva mientras mantiene su actividad profesional en medio de la repercusión mediática que rodea a su familia.

Daniel Sancho pidió 100.000 euros a sus padres para intentar salir de prisión

La actualidad de Rodolfo Sancho continúa ligada a la situación de su hijo Daniel, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cometido en 2023.

En las últimas semanas, unos audios atribuidos a Daniel Sancho y difundidos públicamente han generado una nueva polémica. En ellos, el cocinero habría pedido 100.000 euros a su madre, Silvia Bronchalo, con la intención de intentar conseguir la libertad provisional.

La conversación también habría llegado a Rodolfo Sancho. Según explicó la abogada Carmen Balfagón en el programa Fiesta, de Telecinco, Daniel planteó a su padre la posibilidad de recurrir a ese dinero, pero el actor rechazó la propuesta al considerar que podía tratarse de una estafa.

La letrada aseguró que, según su versión, algunas personas habían trasladado a Daniel informaciones sobre la posibilidad de obtener la libertad mediante ese supuesto plan. La respuesta de su padre habría sido contundente: no entregar el dinero ni confiar en una propuesta que consideraba poco fiable.

La polémica ha vuelto a situar a la familia en el foco informativo, especialmente por las dudas sobre la viabilidad de esa supuesta operación y las consecuencias de la difusión de las conversaciones privadas.

La defensa de Daniel Sancho y el elevado coste del proceso judicial

Rodolfo Sancho también se ha referido en otras ocasiones al esfuerzo económico que ha supuesto el procedimiento judicial de su hijo. En una entrevista con Sonsoles Ónega, el actor explicó que intenta afrontar la situación desde la aceptación de las circunstancias y la necesidad de continuar adelante.

El intérprete ha señalado que mantiene contacto telefónico con Daniel aproximadamente una vez a la semana. La última vez que vio a su hijo en libertad fue en julio de 2023, antes de que el caso adquiriera una enorme repercusión internacional.

El equipo jurídico de Daniel Sancho, integrado por Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, continúa trabajando en su defensa. Según explicó Balfagón, los abogados no han cobrado honorarios por sus servicios, aunque el procedimiento ha generado importantes gastos adicionales.

Entre ellos figuran las traducciones de documentación judicial. Rodolfo Sancho puso como ejemplo el coste de traducir miles de folios del tailandés al inglés, además de los desplazamientos y las estancias en Tailandia necesarios para seguir el proceso.

La difusión de los audios también ha provocado la reacción de la defensa. Balfagón sostuvo que la publicación de esas conversaciones podría tener consecuencias legales y anunció que se estudiarían posibles acciones por la revelación de información privada.

«Hay que seguir»: la actitud de Rodolfo Sancho ante la situación familiar

En sus declaraciones públicas, Rodolfo Sancho ha insistido en la importancia de seguir adelante pese a las dificultades personales. «Hay que seguir», afirmó durante su entrevista con Sonsoles Ónega, una frase que resume la actitud con la que intenta afrontar esta etapa.

El actor también reflexionó sobre la manera de gestionar los obstáculos que aparecen en la vida y defendió que la mentalidad con la que se afrontan puede ayudar a vivir las circunstancias con mayor tranquilidad.

Mientras Daniel Sancho continúa cumpliendo su condena en Tailandia y su defensa sigue trabajando en las vías legales disponibles, Rodolfo Sancho mantiene su carrera profesional. Su incorporación a Casper supone un nuevo paso en su regreso a la ficción televisiva, en un momento en el que su vida personal continúa despertando un gran interés público.

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