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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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