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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.
Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.
El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.
Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.
Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.
ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.
De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.
El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.
Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.
En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.
Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Pablo Simón pronostica un 90% de opciones de mayoría de PP y Vox el 29N
Publicado
hace 1 horaen
8 octubre, 2026
El politólogo Pablo Simón ha analizado el escenario político de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y sitúa en un 90% las probabilidades de que PP y Vox sumen una mayoría parlamentaria, aunque ha insistido en que el resultado no puede darse por hecho hasta que se celebren las elecciones.
«Hay un 90% de probabilidades de que PP y Vox tengan una mayoría, pero la magia de la democracia es que hasta que no se meten los votos en la urna, no sabemos qué es lo que ocurre», ha señalado Simón en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio.
El politólogo considera que el Partido Popular sería la fuerza más votada según el actual escenario demoscópico, aunque algunos sondeos le sitúan incluso por debajo del resultado obtenido en las últimas elecciones.
La principal subida, según Simón, correspondería a Vox, al que las encuestas atribuyen un crecimiento de entre seis y siete puntos.
Simón ve un Gobierno PP-Vox como escenario central
A juicio de Pablo Simón, el crecimiento de Vox condicionaría la formación del próximo Gobierno. «No hay Gobierno viable que no pase por un entendimiento de PP y Vox», ha afirmado.
El politólogo considera que, tomando como referencia los acuerdos alcanzados en distintas comunidades autónomas, Vox podría exigir entrar en el Gobierno y reclamar carteras ministeriales.
Entre las áreas que podría solicitar estarían Agricultura y Políticas Sociales. En este último caso, Simón plantea incluso un posible cambio de denominación hacia un Ministerio de Familia.
También apunta a que Vox podría intentar reclamar ministerios considerados estratégicos, como Defensa, Interior o Migraciones.
La situación de Feijóo, clave tras el 29N
Las elecciones del 29 de noviembre también pueden marcar el futuro político de Alberto Núñez Feijóo.
Simón considera que el líder del PP se juega buena parte de su carrera política en esta cita electoral y es tajante al analizar el escenario de una derrota: «Está claro que si no se convierte en presidente, su carrera política acabó».
En su opinión, si Feijóo no consigue construir una mayoría suficiente para llegar a La Moncloa, el Partido Popular tendría que plantearse la posibilidad de buscar un relevo.
La vivienda, una de las claves para el PSOE
Respecto al PSOE, Pablo Simón apunta a la movilización como uno de los principales factores que pueden determinar el resultado.
Según su análisis, alrededor de un millón de votantes se habría desplazado hacia la derecha, mientras que existiría otro grupo de aproximadamente 1,5 millones de votantes desmovilizados que el PSOE trataría de recuperar.
En este escenario, la vivienda puede desempeñar un papel relevante durante la campaña electoral, especialmente ante las movilizaciones que se están produciendo.
Simón también apunta al llamado voto útil. La ausencia, por el momento, de un candidato definido a la izquierda del PSOE podría provocar que parte de ese electorado vuelva a apoyar a Pedro Sánchez como forma de evitar un Gobierno de PP y Vox.
Podemos y Frente Amplio pueden recoger parte del voto de las movilizaciones por la vivienda
El politólogo considera que el Sindicato de Inquilinas pondrá sobre la mesa una serie de reivindicaciones durante la campaña y que diferentes partidos podrían incorporarlas a sus programas electorales.
En este sentido, apunta que Podemos y Frente Amplio podrían asumir buena parte de esas demandas, aunque advierte de que incorporar reivindicaciones al programa electoral no implica necesariamente que esos movimientos se traduzcan en votos.
Simón también considera que la falta de candidato de Frente Amplio puede perjudicar a este espacio político, al dejar a parte de su electorado sin una referencia clara ante las elecciones.
Simón apunta al futuro de Junts
El escenario electoral también puede afectar a Junts, formación que, según Simón, no esperaba que se produjera el adelanto electoral.
El politólogo sostiene que Junts habría interpretado inicialmente el adelanto como un farol y señala que la formación ha optado por competir por el espacio de la derecha en Cataluña.
Sobre sus perspectivas electorales, Simón llega a afirmar que existen «muchísimas probabilidades» de que Junts pueda pasar a ser «irrelevante durante muchísimo tiempo».
Simón también analiza las dudas sobre el voto por correo
Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la polémica generada por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el voto y las posibles dudas sobre el proceso electoral.
Simón recuerda que Ayuso ya realizó afirmaciones similares en el pasado y relaciona ahora este discurso con la competencia electoral entre PP y Vox en Madrid.
A su juicio, este tipo de afirmaciones se producen sin tener en cuenta que el sistema electoral español cuenta con numerosas garantías.
También apunta a otro factor: los electores que no voten por correo pueden terminar sin acudir a las urnas, algo que, según su análisis, también podría afectar a parte del electorado del PP.
El 29N decidirá si se cumple el pronóstico
El escenario planteado por Pablo Simón dibuja unas elecciones con PP y Vox como principales protagonistas de la disputa por la mayoría, aunque el propio politólogo insiste en que cualquier pronóstico está condicionado por la participación y el comportamiento final de los votantes.
Su estimación sitúa en el 90% la probabilidad de que PP y Vox obtengan una mayoría, pero él mismo introduce la cautela definitiva: el resultado solo se conocerá cuando se cuenten los votos del 29 de noviembre.
«Hasta que no se meten los votos en la urna, no sabemos qué es lo que ocurre», concluye.
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