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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.
Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.
El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.
Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.
Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.
ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.
De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.
El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.
Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.
En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.
Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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La CIA alerta de un posible ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia
Publicado
hace 1 horaen
24 septiembre, 2026
Los servicios de inteligencia estadounidenses habrían advertido a varios gobiernos europeos de una posible operación rusa con drones lanzados desde barcos en el Mediterráneo
La posibilidad de un nuevo salto en la escalada entre Rusia y Occidente ha encendido las alarmas en Europa. Según una información publicada por El Mundo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han compartido con varios gobiernos europeos un informe sobre una posible operación rusa con drones contra países del sur de Europa, entre ellos España, Francia o Italia.
La información apunta a que Rusia podría recurrir a drones lanzados desde barcos mercantes para realizar una operación contra infraestructuras europeas. El modelo señalado sería el Gerbera, un aparato de fabricación rusa utilizado en la guerra de Ucrania y diseñado, entre otros usos, como señuelo y plataforma de ataque.
La existencia de una alerta específica sobre España, Francia e Italia no ha sido confirmada públicamente por la CIA ni por los gobiernos de estos tres países. Sí está documentado, en cambio, que Estados Unidos ha advertido a Rusia sobre posibles acciones contra países de la OTAN y que varios gobiernos europeos han elevado su nivel de preocupación ante el aumento de las operaciones híbridas atribuidas a Moscú.
El posible ataque ruso con drones llegaría desde el mar
Según las fuentes citadas por El Mundo, el escenario que manejan las autoridades lituanas contempla que los drones sean transportados en el interior de un barco y lanzados posteriormente desde el mar.
El objetivo de una operación de este tipo no tendría necesariamente que ser causar una gran destrucción. Una acción con drones podría buscar provocar incendios, dañar instalaciones, interrumpir temporalmente la actividad de un aeropuerto o puerto o generar un fuerte impacto económico y psicológico.
El modelo mencionado es el Gerbera, un dron de aproximadamente dos metros de longitud y unos 2,5 metros de envergadura. Su autonomía declarada puede alcanzar alrededor de 600 kilómetros, aunque la distancia real depende de factores como la carga y las condiciones de vuelo.
El Gerbera ya ha aparecido en distintos incidentes relacionados con la guerra de Ucrania. El pasado 14 de septiembre, Polonia informó de la recuperación en el mar Báltico de un dron militar que las primeras inspecciones apuntaban que procedía de Rusia y que era de tipo Gerbera.
La misteriosa visita del director de la CIA a Moscú
La alerta se relaciona también con el viaje que realizó el director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú el pasado 25 de agosto.
Ratcliffe viajó a la capital rusa en una visita que no había sido anunciada previamente y que duró apenas unas horas. Reuters confirmó entonces que el director de la CIA mantuvo reuniones con responsables rusos, aunque los detalles de esas conversaciones no fueron revelados públicamente.
Posteriormente, varios medios estadounidenses informaron de que Ratcliffe habría trasladado al Kremlin una advertencia contra cualquier ataque o provocación contra países miembros de la OTAN. RFE/RL también informó de que responsables bálticos habían sido avisados previamente del viaje.
La información publicada ahora sostiene que la advertencia habría ido acompañada de datos de inteligencia sobre posibles escenarios de ataques con drones en Europa.
Francia eleva la protección frente a la amenaza rusa
La preocupación coincide con el endurecimiento del discurso de varios gobiernos europeos. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el pasado 18 de septiembre que la amenaza híbrida rusa contra Francia y Europa se había intensificado.
Macron anunció además que había pedido al Gobierno francés preparar un plan para proteger las infraestructuras críticas y los centros más sensibles de la industria de defensa frente a posibles ataques con drones y ciberataques.
El presidente francés también aseguró que los recientes incidentes registrados en Europa demuestran que ningún país puede considerarse completamente al margen de este tipo de amenazas.
Entre los episodios citados por París se encuentran incursiones de drones en el espacio aéreo europeo y el incidente registrado en Leipzig, en Alemania, que las autoridades europeas investigan en el contexto de las operaciones híbridas atribuidas a Rusia.
¿Por qué España, Francia e Italia?
El escenario descrito por las fuentes sitúa a España, Francia e Italia entre los posibles países afectados por una eventual operación rusa.
Los tres forman parte de la OTAN y han respaldado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Además, son países mediterráneos que, por su posición geográfica, podrían presentar un escenario diferente al de los países del flanco oriental de la Alianza.
La tesis de los analistas citados por El Mundo es que una eventual operación no tendría necesariamente como finalidad una destrucción masiva, sino demostrar que Rusia puede alcanzar objetivos situados lejos de sus fronteras y generar incertidumbre en la población y en los mercados.
El analista británico especializado en estrategia militar rusa Keir Giles ha advertido precisamente de que la distancia geográfica respecto a Rusia no garantiza que un país europeo quede fuera de este tipo de escenarios.
Rusia aumenta la presión sobre Europa
En las últimas semanas se han acumulado incidentes que han elevado la preocupación de los gobiernos europeos ante las actividades atribuidas a Rusia.
Responsables de inteligencia europeos han advertido de una posible intensificación de las acciones rusas contra países de la OTAN, aunque existen diferencias entre los servicios de inteligencia sobre la inmediatez y la magnitud de una eventual escalada.
El temor se centra especialmente en las llamadas operaciones híbridas, que incluyen sabotajes, ciberataques, desinformación, interferencias y posibles ataques con drones.
La situación ha llevado a varios gobiernos europeos a reforzar sus sistemas de vigilancia y protección de infraestructuras estratégicas.
Una alerta que todavía no ha sido confirmada públicamente
Por ahora, no existe confirmación pública de que Rusia haya decidido atacar España, Francia o Italia, ni de que exista una fecha concreta para una eventual operación.
La información sobre el posible ataque procede de fuentes de inteligencia citadas por medios de comunicación y debe interpretarse dentro del contexto de la creciente preocupación europea por las acciones atribuidas a Moscú.
Lo que sí está confirmado es que los gobiernos europeos han elevado la vigilancia ante la amenaza híbrida rusa y que Francia ya ha anunciado medidas específicas para proteger infraestructuras críticas frente a drones y ciberataques.
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