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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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RTVE amenaza con retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición

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España Eurovisión 2026
La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025. EFE/Morell.

España eleva la presión contra Israel en Eurovisión

Casi dos años después de los atentados de Hamás y del recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra Israel y ha puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la retirada de España de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la participación del país hebreo.

Eurovisión, uno de los eventos culturales más seguidos del mundo con una audiencia cercana a los 200 millones de personas en cada edición, vuelve así a convertirse en un terreno de disputa política y diplomática.

El Gobierno español exige la expulsión de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró este lunes en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe en Eurovisión». El titular de Cultura fue más allá al advertir que España podría retirarse del festival si no se consigue la exclusión.

«No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que España no debería compartir escenario «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, adoptó un tono más moderado, pero también subrayó que «algo habrá que hacer» para impedir que Israel participe en la próxima edición. López recordó que la organización del festival expulsó a Rusia tras invadir Ucrania en 2022, lo que sienta un precedente.

RTVE oficializa la amenaza de retirada

Aunque en un primer momento RTVE se limitó a responder con un «nada que decir», la corporación pública acabó confirmando la noticia en su programa de La 1 Directo al grano.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración la retirada de España de Eurovisión si Israel mantiene su presencia. «Seríamos el quinto país en acordarlo», explicó el presentador Gonzalo Miró.

Otros países europeos ya se han pronunciado

Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han condicionado su participación en Eurovisión a la presencia de Israel. Sin embargo, la posición de España podría ser decisiva, ya que forma parte del llamado big five, los cinco países que más peso tienen dentro de la UER por su aportación económica.

La presión española, unida a la de otros países, podría marcar un antes y un después en la relación entre el festival y la política internacional.

Antecedentes: RTVE ya pidió un debate interno a la UER

En abril, RTVE ya había enviado una carta a la UER para abrir un «debate interno» sobre la participación de Israel. La corporación española alegó las «preocupaciones de la sociedad civil» respecto a la ofensiva sobre Gaza.

La UER respondió que «todos los miembros son elegibles para competir», aunque reconoció estar al tanto de las «preocupaciones profundamente arraigadas» en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El papel polémico de Israel en Eurovisión

Israel participó en la última edición con la cantante Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su actuación le valió un polémico segundo puesto, con un fuerte apoyo del televoto (297 puntos) frente al escaso respaldo del jurado (60 puntos).

Este resultado provocó malestar en RTVE, que reclamó reformas en el sistema de votación y una auditoría externa para evitar posibles «interferencias».

Choque entre RTVE y la UER

Durante la segunda semifinal, los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaron en directo el elevado número de víctimas en Gaza y pidieron la paz. La UER criticó la postura y llegó a amenazar con sanciones a la cadena española.

Lejos de retractarse, RTVE reafirmó su posición con un mensaje en redes sociales: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

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