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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Nueva normativa de la UE: las aerolíneas deberán mostrar el precio del equipaje de mano antes de reservar

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Esta es la nueva normativa para el equipaje de mano en aviones a partir de septiembre-OFFICIAL PRESS/IA

La nueva regulación europea obligará a mostrar por defecto tarifas que incluyan una maleta de mano antes de iniciar la reserva. La medida busca facilitar la comparación de precios y evitar sorpresas al comprar un billete de avión.

Viajar en avión tendrá nuevas reglas de transparencia a partir de 2027. La Unión Europea ha aprobado una normativa que obliga a las aerolíneas y a los intermediarios de venta a mostrar, antes de comenzar el proceso de reserva, tarifas que incluyan una pieza de equipaje de mano en cabina.

El objetivo es que los pasajeros puedan conocer mejor el coste real de un vuelo desde el principio y comparar las ofertas de las distintas compañías sin descubrir suplementos cuando la compra está prácticamente terminada.

La medida forma parte del Reglamento (UE) 2026/2202, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 2 de octubre de 2026, que actualiza los derechos de los pasajeros aéreos. Su aplicación está prevista para octubre de 2027. <Cite refs={[«turn308560search1″,»turn308560search2»]}/>

Qué cambia al reservar un vuelo en 2027

Hasta ahora, los viajeros pueden encontrar tarifas iniciales que no incluyen una maleta de cabina y que aumentan cuando añaden equipaje, seleccionan asiento u otros servicios.

Con la nueva normativa, las aerolíneas, las agencias intermediarias y las plataformas de comparación deberán mostrar por defecto, antes de iniciar la reserva, una tarifa que contemple una pieza de equipaje de mano.

Esto permitirá comparar de forma más clara cuánto cuesta volar con una maleta en cabina, sin tener que avanzar por distintas pantallas para descubrir el importe final.

La norma no impide que las compañías sigan ofreciendo tarifas más económicas para quienes decidan viajar sin equipaje de mano.

¿Será gratis la maleta de mano con la nueva normativa?

La nueva regulación distingue entre el accesorio personal y el equipaje de mano.

El accesorio personal, como un bolso o una mochila pequeña que cumpla las condiciones aplicables, deberá poder transportarse en cabina sin coste adicional.

Además, las aerolíneas deberán permitir llevar una pieza de equipaje de mano en cabina, sujeta a la capacidad disponible, y mostrar por defecto tarifas que incluyan ese equipaje antes de iniciar la reserva.

Esto no significa que todas las tarifas deban incluir gratuitamente una maleta de cabina. Las compañías podrán mantener distintas opciones comerciales y ofrecer precios diferentes a quienes opten por viajar sin ella.

La normativa tampoco establece una medida o un peso universal para el accesorio personal, por lo que será importante consultar las condiciones aplicables a cada vuelo. <Cite refs={[«turn308560search1″,»turn308560search3»]}/>

El objetivo: evitar sorpresas al comprar billetes de avión

La reforma pretende reforzar la transparencia en el sector aéreo y facilitar que los consumidores comparen las ofertas de las compañías.

El precio inicial de un billete puede resultar atractivo, pero los suplementos por equipaje y otros servicios pueden elevar el coste de la reserva. Mostrar por defecto una tarifa con equipaje de mano permitirá al viajero disponer de una referencia más útil antes de decidir qué vuelo comprar.

La medida también se aplicará a los intermediarios y metabuscadores que ofrecen o comparan tarifas aéreas, de modo que la información no dependerá únicamente de la página web de cada aerolínea.

Cuándo entra en vigor la nueva normativa europea

El Reglamento (UE) 2026/2202 se publicó el 2 de octubre de 2026 y las nuevas reglas están previstas para su aplicación en octubre de 2027, una vez transcurrido el plazo establecido por la legislación europea.

Hasta entonces, los pasajeros deberán seguir comprobando las condiciones de equipaje de cada compañía antes de comprar un billete.

Cuando la norma sea aplicable, la tarifa que incluya una pieza de equipaje de mano deberá aparecer por defecto antes de comenzar el proceso de reserva. El cambio busca que el consumidor pueda comparar mejor los precios y tomar una decisión con información más completa.

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