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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.
Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.
El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.
Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.
Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.
ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.
De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.
El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.
Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.
En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.
Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Qué es el sistema LZB y por qué está bajo sospecha tras el accidente de tren en Toledo
Publicado
hace 13 horasen
28 octubre, 2026
El mecanismo de seguridad supervisa la velocidad de los convoyes y puede activar el frenado automático, pero todavía no se ha confirmado que fallara en la colisión ferroviaria de Urda.
El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, ha puesto el foco sobre los sistemas de seguridad que controlan la circulación de los trenes de alta velocidad. Mientras los investigadores trabajan para esclarecer las causas de la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo, una de las cuestiones que se plantea es si los mecanismos de señalización y frenado automático funcionaron correctamente.
Entre los sistemas que centran la atención está el LZB, un mecanismo de protección ferroviaria que supervisa continuamente la velocidad y transmite información sobre las condiciones de circulación. Su función es ayudar a evitar situaciones peligrosas mediante la vigilancia de la marcha del tren y la intervención automática cuando se incumplen determinadas condiciones de seguridad.
Sin embargo, por el momento no se ha confirmado que el LZB estuviera averiado ni que su funcionamiento tuviera relación directa con el accidente de Toledo. Para determinarlo será necesario analizar los registros de los trenes, las señales recibidas y las órdenes de frenado ejecutadas antes de la colisión.
¿Qué es el sistema LZB de los trenes?
LZB son las siglas del término alemán Linienzugbeeinflussung, que puede traducirse como sistema de control de trenes mediante transmisión continua de información.
Se trata de una tecnología de protección ferroviaria que permite supervisar la circulación y comunicar al tren información relevante sobre las condiciones de la vía, los límites de velocidad y las restricciones que debe respetar.
El sistema combina equipos instalados en la infraestructura ferroviaria con dispositivos a bordo del convoy. En su configuración tradicional, la comunicación se realiza mediante un cable conductor situado a lo largo de la vía y antenas instaladas en el tren.
Gracias a esta información, el sistema puede calcular las condiciones de marcha permitidas y comprobar si el convoy respeta los límites establecidos. Si detecta que el tren supera la velocidad autorizada o incumple las condiciones de frenado, puede ordenar una intervención automática.
Su objetivo es añadir una barrera de seguridad frente a errores humanos, excesos de velocidad y determinadas situaciones de riesgo.
¿Puede el sistema LZB frenar un tren automáticamente?
Sí. Una de sus funciones esenciales es supervisar la velocidad y las condiciones de circulación para intervenir cuando el tren no cumple los parámetros de seguridad establecidos.
El sistema calcula, entre otros factores, la velocidad permitida y la distancia disponible para frenar. Si el conductor no responde de la manera requerida ante una restricción, el mecanismo puede activar el frenado automático.
No obstante, un sistema de protección ferroviaria no puede garantizar que se evite cualquier colisión en todas las circunstancias. Su capacidad para detener un tren depende de factores como la velocidad, la distancia disponible, el estado del convoy y el momento en que se detecta una situación peligrosa.
Por eso, para saber si el LZB podría haber evitado el accidente de Urda, será necesario reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos y comprobar qué información tenía disponible cada tren.
¿Qué ocurre si el LZB deja de funcionar?
La pérdida de un sistema de protección no significa necesariamente que un tren quede sin ninguna medida de seguridad. La circulación debe ajustarse a los procedimientos establecidos para esa situación, que pueden incluir limitaciones de velocidad, comprobaciones adicionales y autorizaciones específicas.
En relación con el accidente de Toledo, algunas informaciones han planteado la posibilidad de que se utilizara un procedimiento alternativo durante una interrupción del sistema. Sin embargo, todavía debe aclararse si se produjo realmente esa circunstancia, qué mecanismo de protección estaba activo y bajo qué condiciones se autorizó la circulación.
El ingeniero de Caminos José María Goicolea Ruigómez ha advertido de que no existe una confirmación concluyente de que el sistema automático fallara.
Por tanto, no puede afirmarse que una avería del LZB provocara el accidente. La investigación deberá determinar si el sistema estaba operativo, si recibió correctamente la información y si las órdenes de protección se ejecutaron como estaba previsto.
El sistema LZB y la seguridad de la alta velocidad en España
El LZB está asociado históricamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, y ha sido utilizado en la protección de la circulación ferroviaria en España.
En las últimas décadas, la red española también ha incorporado el ERTMS (European Rail Traffic Management System), un sistema europeo diseñado para armonizar la señalización y la supervisión de los trenes entre países.
Ambas tecnologías responden al mismo objetivo general de reforzar la seguridad ferroviaria, pero presentan diferencias en su arquitectura y en la forma de transmitir y gestionar la información.
La tecnología concreta instalada en cada tramo y en cada tren resulta determinante para entender cómo se controla la circulación. Por ello, para esclarecer el accidente de Urda será necesario conocer qué sistemas estaban disponibles en el punto del siniestro y cuáles se encontraban activos en cada convoy.
Qué se sabe y qué falta por investigar sobre el accidente de Toledo
La investigación deberá responder a varias preguntas fundamentales: cómo circulaban los dos trenes antes de la colisión, qué señales recibieron sus sistemas de protección, si existieron restricciones de velocidad y qué órdenes de frenado se emitieron.
También será necesario comprobar si hubo incidencias técnicas, errores operativos o incumplimientos de los procedimientos de seguridad.
Hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones, cualquier hipótesis sobre un fallo del LZB debe considerarse provisional. La existencia de un sistema automático de protección no demuestra por sí sola que funcionara mal ni permite atribuirle la responsabilidad del accidente.
El análisis de los registros técnicos y de las actuaciones de los responsables de la circulación será esencial para reconstruir lo ocurrido y determinar si se produjo algún fallo en la cadena de seguridad ferroviaria.
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