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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata por «falta de competencia»

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Viernes, 23 de enero de 2026. El recorrido de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos a dos exempleadas de su servicio doméstico ha llegado a su fin, al menos en España. Diez días después de abrir diligencias de investigación preliminares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes su archivo por la «falta de competencia y jurisdicción» de los tribunales españoles para conocer los hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas en 2021.

Decisión de archivo y posibilidad de acudir a otros tribunales

En un decreto de archivo de ocho páginas, la teniente fiscal Marta Durántez da por finalizadas sus diligencias en una resolución que no es recurrible y recuerda que las dos denunciantes, si así lo consideran, pueden «reproducir su denuncia ante los órganos judiciales» de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Además, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo». Esta ha sido la justificación clave para el archivo de las diligencias.

Argumentos jurídicos sobre la competencia internacional

El decreto añade que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue extraterritorialmente, requiere que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. En este caso, constata que «las víctimas son extranjeras», que «no residen en España» y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para investigarlos.

Asimismo, señala que los denunciados —además de Julio Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano que trabajan para él— tampoco residen en territorio español.

La resolución detalla que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros casos similares que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país», especialmente cuando las víctimas y los presuntos autores son extranjeros y los hechos pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron. También aclara que ninguna de las denunciantes viajó en algún momento con el cantante a su casa de Ojén (Málaga), como se había creído inicialmente.

La Ley de Justicia Universal y las limitaciones de jurisdicción

La teniente fiscal repasa la aplicación del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la territorialidad de los juzgados y tribunales españoles. Recuerda que la reforma de 2014 restringió la justicia universal, introduciendo limitaciones para investigar hechos ocurridos en el extranjero, y subraya que el Tribunal Supremo exige «conexiones relevantes» con España y evitar «interferencias» con otras jurisdicciones.

En cualquier caso, el decreto no entra a valorar si los hechos examinados tienen carácter delictivo y se centra exclusivamente en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso.

La denuncia de las exempleadas y las acusaciones

La denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— sostiene que ambas sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un entorno de control y acoso continuo, según la información adelantada por ElDiario.es y Univisión.

La organización Women’s Link Worldwide asesoró a ambas en la estrategia judicial y criticó el archivo de la denuncia, calificando la decisión de la Fiscalía de «lamentable» por considerar que se pierde la oportunidad de investigar los hechos y valorar todas las pruebas aportadas.

Una de las exempleadas afirmó haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y mencionó penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.

Investigación periodística y testimonios

La investigación periodística contactó con 15 exempleadas del servicio doméstico y otras profesionales que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en propiedades situadas en República Dominicana (Punta Cana), Bahamas (Lyford Cay) y España (Málaga).

La empleada que asegura haber sufrido penetraciones afirma que el artista, que entonces tenía 77 años, la llamaba a su habitación al finalizar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», relató en entrevistas con los medios investigadores, añadiendo que «me sentía como un objeto, como una esclava». Según su testimonio, estos encuentros se producían con la presencia y participación de otra empleada con superioridad jerárquica.

De acuerdo con la investigación, las personas afectadas describen «condiciones de aislamiento, conflictos laborales, estructura jerárquica del personal y un clima de tensión ambiental» derivado del carácter del artista.

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas durante más de un año y ofrecen testimonios considerados consistentes, según la publicación, que asegura que sus declaraciones han sido contrastadas con pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Julio Iglesias publica mensajes de ‘WhatsApp’ enviados por sus exempleadas para demostrar la “falsedad” de la denuncia

El cantante Julio Iglesias ha hecho públicos en ‘Instagram’ los mensajes que supuestamente recibió en ‘WhatsApp’ por parte de las dos extrabajadoras que le han denunciado por presunta agresión sexual para así demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Lo hace también como respuesta a la Fiscalía que, según el artista, “no le permite ejercer” su defensa al no proporcionarle “el acceso formal a la denuncia”.

En un comunicado que ha emitido en la citada red social, Iglesias ha justificado la publicación de las conversaciones con sus exempleadas alegando que, tras la negativa de la Fiscalía, es el “único medio” que le permite “ejercer legítimamente” su derecho a la defensa “y dejar constancia de los hechos denunciados”.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de ‘WhatsApp’ enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, ha exclamado el cantante, que también ha criticado que “es muy grave” que “la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”.

En este contexto, Iglesias ha insistido en el comunicado de ‘Instagram’ que “todo tiene un límite”. “Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, ha reiterado.

Finalmente, el cantante ha explicado que adjunta “algunas de las conversaciones” de ‘WhatsApp’ “que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática” a la que, según ha dicho, está siendo sometido. En concreto, ha publicado varios ‘pantallazos’ con supuestos mensajes de sus exempleadas, fechados en los años 2021, 2022 y 2023.

Petición a la Fiscalía para acceder a la denuncia

Precisamente, Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es “insólito” que no disponga de una copia de la misma.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Iglesias asegura que es una “paradoja que el único interesado que no la conoce” sea el artista, algo “insólito” de acuerdo con el “ordenamiento jurídico constitucional” español.

Este nuevo escrito llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.

Fue este lunes cuando el abogado de Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”.

Reacción del cantante ante las acusaciones

El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son “absolutamente falsas” y que le causan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, exclamó, advirtiendo de que aún le quedan “fuerzas” para que la gente conozca “toda la verdad” y también para defender su “dignidad ante un agravio tan grave”.

La denuncia de las exempleadas

Según la investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con los medios investigadores.

Las acusaciones a Julio Iglesias

“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, recoge la publicación que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.

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