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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027: cuánto cobrarán de más según su profesión

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El Gobierno ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero y supondrá entre 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo y más de 4.000 euros para un juez, según las estimaciones del Ministerio de Función Pública.

A esta subida se sumará otro 0,5% correspondiente a 2026, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual ha superado el 1,5% durante este año. Ese medio punto se abonará en el primer trimestre de 2027 y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley, con el objetivo de que pueda aplicarse desde comienzos del próximo año. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata de la mayor subida salarial para los empleados públicos desde 1992.

Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027

El incremento fijo del 4,5% beneficiará a los trabajadores de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La cantidad adicional dependerá del salario y del grupo profesional al que pertenezca cada empleado.

Según las cifras facilitadas por el ministro Óscar López, estas serán algunas de las subidas anuales estimadas:

  • Administrativos: 1.440 euros brutos más al año, en 14 pagas.
  • Policías nacionales: más de 1.900 euros adicionales.
  • Maestros: más de 2.700 euros al año.
  • Médicos: más de 3.700 euros adicionales.
  • Jueces: más de 4.000 euros al año.

Estas cantidades corresponden a estimaciones del incremento salarial y pueden variar en función de las retribuciones de cada puesto, complementos y condiciones profesionales.

Otro 0,5% adicional con efectos retroactivos

La subida del 4,5% no será el único incremento que recibirán los empleados públicos durante 2027. El acuerdo salarial firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF contempla también un 0,5% variable correspondiente a 2026.

Este medio punto se abonará si el INE confirma que el IPC interanual de 2026 ha crecido por encima del 1,5%. En ese caso, los trabajadores recibirán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año y se actualizarán las nóminas posteriores.

De cumplirse esta condición, el incremento acumulado entre ambos conceptos alcanzaría el 5%, aunque es importante distinguir que el 0,5% adicional corresponde a 2026 y no a una subida fija del sueldo de 2027.

La medida forma parte del acuerdo marco plurianual firmado en noviembre de 2025, que estableció una mejora retributiva de hasta el 11% entre 2025 y 2028.

Suben también las indemnizaciones por residencia

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora otra mejora para determinados empleados públicos: las indemnizaciones por razón de residencia aumentarán un 4,5%.

Se trata de una compensación económica para trabajadores de la Administración General del Estado que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales o sobrecostes derivados de la insularidad. Entre las zonas contempladas figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Además, el Gobierno ha aprobado elevar un 4,5% las partidas destinadas a acción social para los trabajadores del sector público. Estas ayudas llevaban 14 años congeladas y permiten financiar prestaciones como guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas o ayudas relacionadas con la vivienda.

Más de tres millones de empleados públicos beneficiados

La subida salarial alcanzará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas. En concreto, el incremento del 4,5% en 2027 afectará a unos 546.000 empleados del sector público estatal, 1,93 millones de trabajadores de las comunidades autónomas y cerca de 595.000 empleados de las administraciones locales.

En la Administración General del Estado, el aumento se aplicará ya en la nómina de enero. El resto de administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida a sus respectivos trabajadores.

El Gobierno ha adelantado la aprobación de la medida para garantizar que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.


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