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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El programa electoral del PP, al detalle: qué cambiaría Feijóo en vivienda e impuestos

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Programa electoral PP
Alberto Núñez Feijóo-PARTIDO POPULAR

El programa electoral del PP para las generales del 29 de noviembre de 2026 reúne 249 propuestas sobre vivienda, impuestos, inmigración, ayudas sociales y reforma de las instituciones.

El programa electoral del PP para las elecciones generales de 2026 sitúa el acceso a la vivienda, las rebajas fiscales para los jóvenes y el control de la inmigración entre sus principales ejes. Bajo el título «La Reconstrucción Nacional», Alberto Núñez Feijóo presenta 249 medidas con las que aspira a orientar su acción de gobierno si alcanza la Presidencia tras los comicios del 29 de noviembre.

Las propuestas incluyen impulsar la construcción de un millón de viviendas, modificar los requisitos para obtener la nacionalidad española y reorganizar las prestaciones sociales mediante una nueva renta vinculada a la formación y la búsqueda de empleo.

Se trata de compromisos electorales, cuya aplicación dependería de su posterior desarrollo y, cuando corresponda, de la aprobación de los cambios legislativos necesarios.

Vivienda: un millón de inmuebles y rebaja del IVA para menores de 40 años

La vivienda es una de las prioridades del programa del PP. La formación propone impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, apoyándose en una nueva Ley del Suelo y en la reducción de los trámites administrativos.

El planteamiento busca facilitar el desarrollo de nuevas promociones y aumentar la oferta residencial. También incluye la derogación de la actual Ley de Vivienda y la eliminación de los mecanismos de intervención sobre los precios del alquiler.

IVA del 4 % para comprar la primera vivienda nueva

Una de las medidas dirigidas a los jóvenes es reducir del 10 % al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años.

En el mercado del alquiler, el partido plantea reducciones en el IRPF para los propietarios que actualicen las rentas por debajo del IPC.

El apartado incorpora, además, una propuesta normativa para permitir la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones que establezca esa regulación.

Menos IRPF para trabajadores y autónomos jóvenes

La rebaja de impuestos a los jóvenes constituye otro de los puntos destacados del programa de Feijóo.

El PP propone reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes del IRPF.

La medida se plantea de forma progresiva y persigue aumentar la renta disponible en los primeros años de actividad laboral. La formación la vincula también con la posibilidad de ahorrar y afrontar la compra de una primera vivienda.

Inmigración: identificación en siete días y refuerzo de las fronteras

El programa electoral del PP de 2026 apuesta por reforzar el control fronterizo y acelerar los procedimientos de devolución de quienes entren irregularmente en España.

Entre sus propuestas figura identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente la frontera, con el objetivo de agilizar la tramitación de sus casos.

El documento también contempla:

  • Impulsar centros en terceros países para inmigrantes en situación irregular.
  • Reforzar los efectivos policiales y los medios de vigilancia en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.
  • Establecer visados asociados a cupos anuales de trabajadores y a las necesidades de los sectores económicos.
  • Introducir compromisos de integración para renovar los permisos de residencia.
  • Prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.

Los compromisos de integración incluirían el aprendizaje del español y el conocimiento de la Constitución y de los valores de la Unión Europea.

Nuevos requisitos para conseguir la nacionalidad española

El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad para modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad española.

El planteamiento contempla reforzar los requisitos de residencia legal y continuada, conocimiento del idioma y acreditación de conocimientos sobre la historia y la cultura de España.

Asimismo, recoge un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la Hispanidad.

Una Renta de Activación para reorganizar las ayudas sociales

En protección social, Feijóo plantea crear una Renta de Activación que integre el Ingreso Mínimo Vital y otros subsidios.

El objetivo declarado es vincular la prestación a un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, con mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por sus beneficiarios.

Según el planteamiento recogido en el texto, rechazar reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas podría conllevar la pérdida de la ayuda. La definición de los requisitos y de las condiciones de aplicación necesitaría un desarrollo normativo.

Familia y natalidad: permisos por nacimiento y congelación de óvulos

El programa incluye distintas iniciativas de apoyo a las familias y fomento de la natalidad.

Una de ellas consiste en contabilizar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas y beneficios familiares.

También propone facilitar la congelación de óvulos para mujeres jóvenes y ampliar los permisos por nacimiento, con mayor flexibilidad para distribuir los periodos de disfrute.

Una ley nacional de cuidados paliativos

En el ámbito sanitario, el PP plantea aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para reforzar la atención a pacientes con enfermedades graves y las prestaciones asistenciales al final de la vida.

La formación sostiene que la falta de recursos o de atención no debe condicionar las decisiones de los pacientes. Este apartado se sitúa en el contexto de su oposición a la legislación sobre eutanasia, aunque las medidas descritas se centran en el desarrollo de los cuidados paliativos.

Seguridad: respuesta a la multirreincidencia y los actos violentos

Las propuestas de seguridad incluyen reforzar los juicios rápidos y endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia.

El PP también plantea que la ocultación del rostro pueda constituir una circunstancia agravante en determinados delitos y establecer responsabilidades para los tutores cuando menores a su cargo participen en actos violentos.

Estas iniciativas requerirían concretar su alcance y las condiciones de aplicación en las correspondientes reformas legales.

Auditoría del gasto público y reducción de la burocracia

La reforma de la Administración incorpora una auditoría de las cuentas públicas durante los primeros cien días de gobierno, junto con la reducción del número de ministerios, altos cargos y asesores.

El programa propone una regla de simplificación administrativa basada en eliminar tres normas vigentes por cada nueva norma aprobada.

En materia presupuestaria, plantea cambios para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Cambios en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional

El documento contempla un mandato único de cinco años para el fiscal general del Estado, así como un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial para su designación.

Respecto al Tribunal Constitucional, propone impedir el acceso de candidatos que hayan desempeñado cargos políticos durante los cinco años anteriores.

Derogación de las leyes de Amnistía y Memoria Democrática

Entre los compromisos legislativos del PP figura derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.

La formación plantea, además, recuperar en el Código Penal los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.

Se trata de uno de los bloques del programa que concentra las propuestas de cambio respecto a la legislación aprobada en anteriores etapas.

Un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones

El programa de Feijóo contempla un plan nacional de inversiones superior a los 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada.

El proyecto abarcaría carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas, con el propósito de renovar y modernizar estas redes.

Prevención de catástrofes y sistemas de alerta

El PP también propone mejorar la detección de riesgos y los mecanismos de aviso ante fenómenos meteorológicos extremos.

El texto da prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de cauces y barrancos por parte de las confederaciones hidrográficas.

Asimismo, defiende que el Gobierno central intervenga desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que las administraciones afectadas soliciten su actuación.

Reforma de RTVE y de la agencia EFE

El apartado dedicado a los medios públicos propone modificar el funcionamiento de RTVE y la agencia EFE.

El PP presenta estas reformas con el objetivo de reforzar su independencia, pluralidad y credibilidad, así como su vocación de servicio público.

Aquí puedes descargarte el programa electoral completo:

LA-RECONSTRUCCION-NACIONAL

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