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Caso Alquería| El juez imputa a nueve altos cargos de Divalterra

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VALÈNCIA, 15 May. – El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía en escritos aportados a la causa.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

El instructor ha citado para el 3 de junio a cuatro de los nuevos investigados y que fueron contratados en noviembre de 2015 como responsables de las áreas de Turismo, Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

Cuatro días más tarde están llamados a declarar los responsables de Regeneración de Zonas Verdes, Manuel Carot, a propuesta del PSPV y que desempeñó tareas de asesor socialista; Estudios y Planificación Estratégica, Miguel Ángel Ferri; de Gestión Forestal y del Medio Rural, Salvador Femenía, alcalde socialista de l’Alqueria de la Comtesa; del Área de Estudios y Planificación Estratégica, Víctor Jiménez, primer edil del PSPV de Rocafort y candidato a la reelección, y de Regeneración de Zonas Verdes, Vicente Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de La Hoya de Buñol y que renunció a los 15 días de ser nombrado para el cargo.

Así consta en una providencia del magistrado, de fecha 10 de mayo, en la que consta que todos ellos fueron nombrados como altos cargos de Divalterra desde 2015 y su citación obedece al proceso para su selección, que cuestionan UDEF y Fiscalía.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS
En los siete primeros casos, un informe de la UDEF consideró que parece que se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como «fraude de ley» para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, «consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas» a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que «además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma» para hacer una contratación de personal «directa y partidista» sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado por asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas –excepto esa última– son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una «clima de presión» sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se «impuso» por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Feijóo arrincona a un Sánchez sin crédito en el cara a cara del 29N

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Debate Sánchez-Feijóo
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Opinión | A diez días de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo lleva la iniciativa en el debate de esta noche. Firme en vivienda y economía, el candidato del PP también ha sabido abordar con elegancia los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez.

«El PIB no se come». Con cuatro palabras, Alberto Núñez Feijóo ha dado con la réplica más eficaz de lo que llevamos de cara a cara del 29N. Pedro Sánchez defendía su balance económico y el candidato del PP llevó la discusión a una pregunta que entiende cualquiera que haga la compra, pague un alquiler o mire cuánto le queda en la cuenta el día 25. ¿Cuánto de ese crecimiento se nota en casa? Ahí Feijóo le ha ganado el intercambio con claridad. Un Sánchez agotado que no ha sido capaz de defender nada, absolutamente nada.

El contraste de esta noche está siendo más político que televisivo. Feijóo se muestra firme y creíble como alternativa. Sánchez transmite el agotamiento de un presidente que pide otro mandato con demasiadas explicaciones pendientes. Conserva oficio y sabe devolver un golpe, pero se le ve más cómodo enumerando cifras y reprochando al PP sus votos que explicando por qué su gestión merece otros cuatro años de confianza.

La vivienda deja a Sánchez frente a su propio balance

El debate electoral entre Sánchez y Feijóo ha empezado por la vivienda. El presidente tenía ahí una obligación elemental: explicar qué ha conseguido su Gobierno para quien sigue sin poder alquilar o comprar. Feijóo le ha recordado sus ocho años en el poder. Sánchez ha replicado con los votos del PP contra medidas relacionadas con los pisos turísticos y la protección de la vivienda pública. El reproche merece respuesta. Al presidente le sigue quedando la pregunta más incómoda: con los instrumentos que sí tuvo, ¿cuánto consiguió?

La discusión se vuelve especialmente reveladora cuando Sánchez habla de un millón de viviendas construidas durante su mandato. La verificación de elDiario.es sitúa en unas 752.000 las viviendas construidas desde 2018 y en unos 940.000 los visados. Un visado autoriza un proyecto. Para la familia que busca dónde vivir, lo que cuenta es cuándo puede entrar por la puerta. Mezclar esas dos cifras debilita justo el balance que el presidente necesita defender.

Feijóo pone medidas concretas sobre la mesa

El PP plantea aumentar la oferta en un millón de viviendas y rebajar al 4 % el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años. Son compromisos que permiten preguntar por plazos, suelo y beneficiarios. La rebaja fiscal puede aliviar la compra a quien ya ha reunido una entrada. Para quien dedica buena parte del sueldo al alquiler y apenas consigue ahorrar, la cuestión decisiva sigue siendo cuándo habrá más oferta asequible. Feijóo gana credibilidad cuando concreta, porque da al votante medidas que puede examinar y exigirle si llega a la Moncloa.

Feijóo ha sido un señor al abordar los casos del entorno de Sánchez

En el terreno más delicado del cara a cara, Feijóo ha sido un señor. Al aludir a los asuntos judiciales del entorno familiar del presidente, entre los que están los procedimientos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, el candidato del PP ha mostrado firmeza y elegancia. Tenía delante a un presidente al que podía pedir explicaciones políticas y mantuvo ahí el foco.

La elegancia importa precisamente porque el asunto es incómodo. Se puede exigir transparencia a quien gobierna y respetar al mismo tiempo la presunción de inocencia de las personas afectadas. A los tribunales les corresponde resolver los procedimientos. A Pedro Sánchez le corresponde dar las explicaciones políticas que se le piden como presidente. Feijóo ha marcado esa diferencia con más aplomo del que Sánchez ha mostrado al defender su gestión.

El crecimiento que Sánchez celebra y el bolsillo del que habla Feijóo

El crecimiento económico es un argumento legítimo para un presidente. Su fuerza electoral depende de que la gente pueda relacionarlo con su vida. Si el sueldo sube y el alquiler se come la mejora, el balance del Gobierno tendrá que explicar ambas cosas. Con su réplica sobre el PIB, Feijóo ha sabido señalar esa distancia en una frase. Sánchez llevaba cifras para defender la gestión. El candidato del PP encontró la pregunta que esas cifras dejaban abierta.

El popular también se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Sánchez, por su parte, le ha preguntado si elevaría el salario mínimo hasta el 60 % del salario medio y Feijóo ha dejado esa pregunta sin contestar en el intercambio. Ahí el presidente ha apretado. Aun así, en el tramo que llevamos, la discusión vuelve una y otra vez al terreno elegido por Feijóo: precios, impuestos y poder adquisitivo.

Sánchez puede ganar una réplica. Recuperar el crédito es otra cosa

A estas alturas del cara a cara del 19 de noviembre, el repaso de Feijóo a Sánchez se mide por las preguntas que consigue dejar encima de la mesa. ¿Qué vivienda puede pagar hoy alguien que trabaja? ¿Cuánto se nota el crecimiento cuando llega el recibo del alquiler? ¿Por qué habría que dar por buena una nueva promesa si el balance de la anterior sigue en discusión?

Queda debate. Por lo visto hasta ahora, Feijóo está siendo más firme, más convincente y más elegante en los asuntos más delicados. Sánchez conserva el oficio para ganar una réplica. Lo que parece haber agotado es el crédito para pedir otros cuatro años con las mismas explicaciones.

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