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Compromís exige al Gobierno que facilite el el listado de inmuebles «inscritos de forma irregular» por la Iglesia

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Compromís exige al Gobierno en funciones que haga público el listado de bienes inmuebles «inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, tras «anunciar hace un año» que disponía de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia.

La petición está registrada en el Senado por Carles Mulet, del nuevo grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que está integrado Compromís junto a Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem.

Según la coalición, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció formalmente hace un año que disponía del listado, compuesto por «decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones».

En este contexto, Compromís destaca que «veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados», mientras «la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia». «El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», denuncia.

Se trata de una demanda que parte de la coordinadora Recuperando, que en febrero de 2017 formuló en el Congreso una petición por escrito, tras lo que en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.

En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia. Ya un año después, el 2 de agosto, «tras la moción de censura», Compromís recuerda que «Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión».

«Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL impulsada por el PSOE y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», recalca la coalición.

A esto suma que «la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y Unidas Podemos» y que la plataforma solicitó en 2018 sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno. «Diez meses después, ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».

 

DE 1956 A 2015

En concreto, Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de «bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad».

La coordinadora está formada por colectivos ciudadanos como MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

 

Fuente: Europa Press

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Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual “por salud”

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Elisa Mouliaá

La actriz aclara que no se retracta de los hechos y que su decisión responde al desgaste personal tras sostener el proceso en solitario.

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles que retira su acusación particular en el procedimiento judicial contra el exdirigente de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. La intérprete ha comunicado su decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que subraya que no se trata de una retractación, sino de un límite personal marcado por motivos de salud y desgaste emocional.

“No es una retractación, es un límite”, afirma Mouliaá en su comunicado, en el que explica que ha decidido dar un paso al lado tras haber sostenido el proceso judicial en solitario durante meses.

“La Fiscalía y el juez apreciaron indicios”

En su mensaje, la actriz recuerda que la Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y que el juez instructor, Adolfo Carretero, apreció indicios de criminalidad, motivo por el cual Errejón fue enviado al banquillo.

“He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite”, señala Mouliaá, quien insiste en que su decisión no implica que los hechos no sean ciertos.

“He estado sola sosteniendo todo esto”

Uno de los motivos clave que expone la actriz es la falta de apoyo de otras posibles víctimas. Según explica, todo el caso se originó tras la aparición de denuncias anónimas, pero finalmente fue ella quien dio la cara públicamente.

“Yo salí a dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo eso era cierto y para proteger a otras mujeres”, afirma. Sin embargo, lamenta que ninguna otra mujer se haya sumado formalmente al proceso, lo que la ha dejado sola afrontando la presión mediática y judicial.

“No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así”, añade.

El proceso podría continuar sin su participación

A pesar de su retirada como acusación particular, Mouliaá recuerda que se trata de un delito de naturaleza pública, por lo que el procedimiento podría continuar si así lo decide la justicia, aunque ya sin su participación directa.

“Si la justicia continúa, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila”, concluye la actriz, remarcando que no busca ni dinero ni protagonismo: “La verdad ya camina sola”.

Contexto del caso Errejón

Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, fue procesado tras la denuncia presentada por Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos presuntamente en 2021. El juez consideró que existían indicios suficientes para abrir juicio, a pesar de que la Fiscalía había mostrado dudas sobre la solidez probatoria del caso.

La retirada de la acusación particular podría acercar el caso al archivo, aunque dependerá ahora de si el Ministerio Fiscal decide mantener el procedimiento.

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