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Compromís exige al Gobierno que facilite el el listado de inmuebles «inscritos de forma irregular» por la Iglesia

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Compromís exige al Gobierno en funciones que haga público el listado de bienes inmuebles «inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, tras «anunciar hace un año» que disponía de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia.

La petición está registrada en el Senado por Carles Mulet, del nuevo grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que está integrado Compromís junto a Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem.

Según la coalición, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció formalmente hace un año que disponía del listado, compuesto por «decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones».

En este contexto, Compromís destaca que «veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados», mientras «la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia». «El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», denuncia.

Se trata de una demanda que parte de la coordinadora Recuperando, que en febrero de 2017 formuló en el Congreso una petición por escrito, tras lo que en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.

En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia. Ya un año después, el 2 de agosto, «tras la moción de censura», Compromís recuerda que «Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión».

«Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL impulsada por el PSOE y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», recalca la coalición.

A esto suma que «la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y Unidas Podemos» y que la plataforma solicitó en 2018 sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno. «Diez meses después, ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».

 

DE 1956 A 2015

En concreto, Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de «bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad».

La coordinadora está formada por colectivos ciudadanos como MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

 

Fuente: Europa Press

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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