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Compromís exige al Gobierno que facilite el el listado de inmuebles «inscritos de forma irregular» por la Iglesia

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Compromís exige al Gobierno en funciones que haga público el listado de bienes inmuebles «inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, tras «anunciar hace un año» que disponía de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia.

La petición está registrada en el Senado por Carles Mulet, del nuevo grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que está integrado Compromís junto a Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem.

Según la coalición, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció formalmente hace un año que disponía del listado, compuesto por «decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones».

En este contexto, Compromís destaca que «veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados», mientras «la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia». «El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», denuncia.

Se trata de una demanda que parte de la coordinadora Recuperando, que en febrero de 2017 formuló en el Congreso una petición por escrito, tras lo que en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.

En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia. Ya un año después, el 2 de agosto, «tras la moción de censura», Compromís recuerda que «Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión».

«Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL impulsada por el PSOE y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», recalca la coalición.

A esto suma que «la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y Unidas Podemos» y que la plataforma solicitó en 2018 sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno. «Diez meses después, ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».

 

DE 1956 A 2015

En concreto, Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de «bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad».

La coordinadora está formada por colectivos ciudadanos como MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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