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El Consell liquidará Feria Valencia para que la Generalitat asuma la deuda

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VALÈNCIA, 19 Nov.-El Gobierno valenciano ha cambiado la ‘hoja de ruta’ en Feria Valencia. Si hasta la fecha, el plan era culminar el proceso por el que la Generalitat asumirá la deuda millonaria de la entidad y definir después futuro modelo ferial, ahora la negativa de los bonistas inversores a aceptar voluntariamente la subrogación de la deuda llevará a trabajar desde «ya» en la reestructuración de la entidad para poder «disolverla» y «acto seguido», crear el nuevo ente que gestionará el recinto, cuya fórmula jurídica está todavía por determinar.

La Generalitat se ha visto abocada a la liquidación «técnica» de Feria Valencia, –una vez se haya decidido el grado de participación público-privada y la fórmula bajo la que renacerá (fundación, consorcio, empresa pública, u otra)– después de que los bonistas se hayan negado a aceptar de forma voluntaria la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat. La única manera pues para que la Administración la asuma es por «causa forzosa» y para ello, es necesaria la liquidación de Feria, emisora de los bonos, y su transformación.

El motivo por el que los inversores no aceptan la subrogación de la deuda es que en estos momentos los bonos tienen una «rentabilidad elevada en el mercado, del 6%, y están también asegurados» pero con la subrogación se pierde el seguro y los bonistas «no quieren renunciar a un seguro cuando aseguradora tiene mejor rating que la Generalitat».

Así lo ha explicado el subsecretario de la Conselleria Sostenible, Natxo Costa, tras una reunión de la Comisión de Seguimiento de Protocolo de Feria Valencia, donde están representados el Ayuntamiento, las Conselleries de Hacienda y Economía, y la propia Feria Valencia.

Respecto a la posible compensación de Feria Valencia a la Generalitat por la asunción de la deuda, Costa ha explicado que «en el momento de disolución de la entidad habrá que resolverlo» y que la Comisión de Seguimiento del Protocolo invitará a próximas reuniones a aquellos departamentos, personas o empresariado que considere que tienen que opinar en cada tema a tratar. Y en diez o quince días volverá habrá nueva reunión.

LA DISYUNTIVA ENTRE UN MODELO MÁS PÚBLICO O MÁS PRIVADO
Durante el encuentro, se ha presentado también el informe encargado a la consultora privada AMR –cuya elaboración concluyó en febrero– sobre la situación de Feria Valencia y que servirá de «base» para avanzar en el diálogo competitivo sobre el futuro modelo ferial.

El documento ofrece una comparativa entre distintos modelos feriales públicos, privados y de gestión híbrida europeos, además de mostrar varias alternativas para la entidad valenciana. Entre ellas, AMR apuesta por cinco que incluyen la entrada de socios privados, aunque «no necesariamente de participación mayoritaria», ha precisado Costa.

En este sentido, el subsecretario de Economía ha apuntado que «no necesariamente más privado quiere decir mejor eficiencia» y aunque el informe apunta que «a mayor participación privada, mayor interés empresarial», también advierte de una «amenaza mayor de desalineamiento» con los intereses de accionistas, que en este caso son las Administraciones públicas.

Al igual que AMR observa que «un socio privado puede tener más interés en ser mayoritario, también dice que puede ocasionar disfunciones de alineamiento de políticas con los intereses de los accionistas que son las Administraciones públicas», ha insistido Costa.

Desde su punto de vista, Feria Valencia debe ser «una entidad al servicio de la economía valenciana, no al servicio del resultado económico de la propia Feria». Debe ser «útil para las empresas valencianas, con ese componente de servicio público. En los últimos años, la gestión de Feria Valencia ha conseguido que salir del déficit y «la voluntad es que no tenga pérdidas», ha apuntado.

ESTUDIANDO ALTERNATIVAS PARA PRESIDENCIA DE FERIA
En cuanto a la presidencia del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, Natxo Costa ha señalado que será en la reunión del Patronato de diciembre la que determine la forma de proceder, después de que José Vicente González haya anunciado que no se presentará a la reelección en el cargo, y tras la negativa del presidente de Femeval, Vicente Lafuente a asumir su relevo.

En este asunto, se ha mostrado dispuesto a «valorar» la propuesta de la CEV y Cámara Valencia de que no se nombre nuevo presidente hasta que se haya resuelto el nuevo modelo ferial. No obstante, ha señalado que tampoco se puede tener una «interinidad indeterminada» en los órganos de la Feria.

Por el momento, lo que se está haciendo es «cumplir los estatutos» y poner en marcha el proceso de renovación de cargos. «Si el patronato determinará si hay una persona que reúna consenso necesario para ser presidente o si se deja vacante en la figura de director general, Enrique Soto, y del Comité de dirección de la feria, el Comité Ejecutivo».

Además, «con la implicación de la administración en cuanto órgano responsable está garantizado funcionamiento normal de la institución». No obstante, «de cara al proceso que viene ahora esa interinidad tampoco ayuda», cree Costa.

Desde la Administración, tienen «alternativas» para la presidencia de Feria, ha asegurado, «pero si al final en el patronato o de las conversaciones con el sector empresarial llegamos a conclusión de que es mejor dejar vacante el cargo y que la dirección general o los miembros del Comité asuman responsabilidad, no habría inconveniente, sobre todo si es a petición de los sectores empresariales».

«MÁS ACTIVIDAD Y MÁS FACTURACIÓN QUE NUNCA»
Pese a todos estos procesos, Natxo Costa ha querido poner en valor a Feria Valencia, en un momento en el que tiene «más actividad que nunca, más facturación y más empleo que nunca». De hecho, los números facturación de 2019 apuntan a un «crecimiento» que superará las previsiones presupuestarias.

Con estas cifras, el subsecretario de Economía ha sostenido que «la actividad ordinaria de la institución es la correcta, lo que ayuda mucho a definición del modelo porque implica que en la actividad ordinaria puede ser autosuficiente y dar beneficios para continuar con su actividad, sin que se requieran más inversiones publicas», ha concluido.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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