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El Consell liquidará Feria Valencia para que la Generalitat asuma la deuda

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VALÈNCIA, 19 Nov.-El Gobierno valenciano ha cambiado la ‘hoja de ruta’ en Feria Valencia. Si hasta la fecha, el plan era culminar el proceso por el que la Generalitat asumirá la deuda millonaria de la entidad y definir después futuro modelo ferial, ahora la negativa de los bonistas inversores a aceptar voluntariamente la subrogación de la deuda llevará a trabajar desde «ya» en la reestructuración de la entidad para poder «disolverla» y «acto seguido», crear el nuevo ente que gestionará el recinto, cuya fórmula jurídica está todavía por determinar.

La Generalitat se ha visto abocada a la liquidación «técnica» de Feria Valencia, –una vez se haya decidido el grado de participación público-privada y la fórmula bajo la que renacerá (fundación, consorcio, empresa pública, u otra)– después de que los bonistas se hayan negado a aceptar de forma voluntaria la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat. La única manera pues para que la Administración la asuma es por «causa forzosa» y para ello, es necesaria la liquidación de Feria, emisora de los bonos, y su transformación.

El motivo por el que los inversores no aceptan la subrogación de la deuda es que en estos momentos los bonos tienen una «rentabilidad elevada en el mercado, del 6%, y están también asegurados» pero con la subrogación se pierde el seguro y los bonistas «no quieren renunciar a un seguro cuando aseguradora tiene mejor rating que la Generalitat».

Así lo ha explicado el subsecretario de la Conselleria Sostenible, Natxo Costa, tras una reunión de la Comisión de Seguimiento de Protocolo de Feria Valencia, donde están representados el Ayuntamiento, las Conselleries de Hacienda y Economía, y la propia Feria Valencia.

Respecto a la posible compensación de Feria Valencia a la Generalitat por la asunción de la deuda, Costa ha explicado que «en el momento de disolución de la entidad habrá que resolverlo» y que la Comisión de Seguimiento del Protocolo invitará a próximas reuniones a aquellos departamentos, personas o empresariado que considere que tienen que opinar en cada tema a tratar. Y en diez o quince días volverá habrá nueva reunión.

LA DISYUNTIVA ENTRE UN MODELO MÁS PÚBLICO O MÁS PRIVADO
Durante el encuentro, se ha presentado también el informe encargado a la consultora privada AMR –cuya elaboración concluyó en febrero– sobre la situación de Feria Valencia y que servirá de «base» para avanzar en el diálogo competitivo sobre el futuro modelo ferial.

El documento ofrece una comparativa entre distintos modelos feriales públicos, privados y de gestión híbrida europeos, además de mostrar varias alternativas para la entidad valenciana. Entre ellas, AMR apuesta por cinco que incluyen la entrada de socios privados, aunque «no necesariamente de participación mayoritaria», ha precisado Costa.

En este sentido, el subsecretario de Economía ha apuntado que «no necesariamente más privado quiere decir mejor eficiencia» y aunque el informe apunta que «a mayor participación privada, mayor interés empresarial», también advierte de una «amenaza mayor de desalineamiento» con los intereses de accionistas, que en este caso son las Administraciones públicas.

Al igual que AMR observa que «un socio privado puede tener más interés en ser mayoritario, también dice que puede ocasionar disfunciones de alineamiento de políticas con los intereses de los accionistas que son las Administraciones públicas», ha insistido Costa.

Desde su punto de vista, Feria Valencia debe ser «una entidad al servicio de la economía valenciana, no al servicio del resultado económico de la propia Feria». Debe ser «útil para las empresas valencianas, con ese componente de servicio público. En los últimos años, la gestión de Feria Valencia ha conseguido que salir del déficit y «la voluntad es que no tenga pérdidas», ha apuntado.

ESTUDIANDO ALTERNATIVAS PARA PRESIDENCIA DE FERIA
En cuanto a la presidencia del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, Natxo Costa ha señalado que será en la reunión del Patronato de diciembre la que determine la forma de proceder, después de que José Vicente González haya anunciado que no se presentará a la reelección en el cargo, y tras la negativa del presidente de Femeval, Vicente Lafuente a asumir su relevo.

En este asunto, se ha mostrado dispuesto a «valorar» la propuesta de la CEV y Cámara Valencia de que no se nombre nuevo presidente hasta que se haya resuelto el nuevo modelo ferial. No obstante, ha señalado que tampoco se puede tener una «interinidad indeterminada» en los órganos de la Feria.

Por el momento, lo que se está haciendo es «cumplir los estatutos» y poner en marcha el proceso de renovación de cargos. «Si el patronato determinará si hay una persona que reúna consenso necesario para ser presidente o si se deja vacante en la figura de director general, Enrique Soto, y del Comité de dirección de la feria, el Comité Ejecutivo».

Además, «con la implicación de la administración en cuanto órgano responsable está garantizado funcionamiento normal de la institución». No obstante, «de cara al proceso que viene ahora esa interinidad tampoco ayuda», cree Costa.

Desde la Administración, tienen «alternativas» para la presidencia de Feria, ha asegurado, «pero si al final en el patronato o de las conversaciones con el sector empresarial llegamos a conclusión de que es mejor dejar vacante el cargo y que la dirección general o los miembros del Comité asuman responsabilidad, no habría inconveniente, sobre todo si es a petición de los sectores empresariales».

«MÁS ACTIVIDAD Y MÁS FACTURACIÓN QUE NUNCA»
Pese a todos estos procesos, Natxo Costa ha querido poner en valor a Feria Valencia, en un momento en el que tiene «más actividad que nunca, más facturación y más empleo que nunca». De hecho, los números facturación de 2019 apuntan a un «crecimiento» que superará las previsiones presupuestarias.

Con estas cifras, el subsecretario de Economía ha sostenido que «la actividad ordinaria de la institución es la correcta, lo que ayuda mucho a definición del modelo porque implica que en la actividad ordinaria puede ser autosuficiente y dar beneficios para continuar con su actividad, sin que se requieran más inversiones publicas», ha concluido.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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