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El Consell liquidará Feria Valencia para que la Generalitat asuma la deuda

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VALÈNCIA, 19 Nov.-El Gobierno valenciano ha cambiado la ‘hoja de ruta’ en Feria Valencia. Si hasta la fecha, el plan era culminar el proceso por el que la Generalitat asumirá la deuda millonaria de la entidad y definir después futuro modelo ferial, ahora la negativa de los bonistas inversores a aceptar voluntariamente la subrogación de la deuda llevará a trabajar desde «ya» en la reestructuración de la entidad para poder «disolverla» y «acto seguido», crear el nuevo ente que gestionará el recinto, cuya fórmula jurídica está todavía por determinar.

La Generalitat se ha visto abocada a la liquidación «técnica» de Feria Valencia, –una vez se haya decidido el grado de participación público-privada y la fórmula bajo la que renacerá (fundación, consorcio, empresa pública, u otra)– después de que los bonistas se hayan negado a aceptar de forma voluntaria la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat. La única manera pues para que la Administración la asuma es por «causa forzosa» y para ello, es necesaria la liquidación de Feria, emisora de los bonos, y su transformación.

El motivo por el que los inversores no aceptan la subrogación de la deuda es que en estos momentos los bonos tienen una «rentabilidad elevada en el mercado, del 6%, y están también asegurados» pero con la subrogación se pierde el seguro y los bonistas «no quieren renunciar a un seguro cuando aseguradora tiene mejor rating que la Generalitat».

Así lo ha explicado el subsecretario de la Conselleria Sostenible, Natxo Costa, tras una reunión de la Comisión de Seguimiento de Protocolo de Feria Valencia, donde están representados el Ayuntamiento, las Conselleries de Hacienda y Economía, y la propia Feria Valencia.

Respecto a la posible compensación de Feria Valencia a la Generalitat por la asunción de la deuda, Costa ha explicado que «en el momento de disolución de la entidad habrá que resolverlo» y que la Comisión de Seguimiento del Protocolo invitará a próximas reuniones a aquellos departamentos, personas o empresariado que considere que tienen que opinar en cada tema a tratar. Y en diez o quince días volverá habrá nueva reunión.

LA DISYUNTIVA ENTRE UN MODELO MÁS PÚBLICO O MÁS PRIVADO
Durante el encuentro, se ha presentado también el informe encargado a la consultora privada AMR –cuya elaboración concluyó en febrero– sobre la situación de Feria Valencia y que servirá de «base» para avanzar en el diálogo competitivo sobre el futuro modelo ferial.

El documento ofrece una comparativa entre distintos modelos feriales públicos, privados y de gestión híbrida europeos, además de mostrar varias alternativas para la entidad valenciana. Entre ellas, AMR apuesta por cinco que incluyen la entrada de socios privados, aunque «no necesariamente de participación mayoritaria», ha precisado Costa.

En este sentido, el subsecretario de Economía ha apuntado que «no necesariamente más privado quiere decir mejor eficiencia» y aunque el informe apunta que «a mayor participación privada, mayor interés empresarial», también advierte de una «amenaza mayor de desalineamiento» con los intereses de accionistas, que en este caso son las Administraciones públicas.

Al igual que AMR observa que «un socio privado puede tener más interés en ser mayoritario, también dice que puede ocasionar disfunciones de alineamiento de políticas con los intereses de los accionistas que son las Administraciones públicas», ha insistido Costa.

Desde su punto de vista, Feria Valencia debe ser «una entidad al servicio de la economía valenciana, no al servicio del resultado económico de la propia Feria». Debe ser «útil para las empresas valencianas, con ese componente de servicio público. En los últimos años, la gestión de Feria Valencia ha conseguido que salir del déficit y «la voluntad es que no tenga pérdidas», ha apuntado.

ESTUDIANDO ALTERNATIVAS PARA PRESIDENCIA DE FERIA
En cuanto a la presidencia del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, Natxo Costa ha señalado que será en la reunión del Patronato de diciembre la que determine la forma de proceder, después de que José Vicente González haya anunciado que no se presentará a la reelección en el cargo, y tras la negativa del presidente de Femeval, Vicente Lafuente a asumir su relevo.

En este asunto, se ha mostrado dispuesto a «valorar» la propuesta de la CEV y Cámara Valencia de que no se nombre nuevo presidente hasta que se haya resuelto el nuevo modelo ferial. No obstante, ha señalado que tampoco se puede tener una «interinidad indeterminada» en los órganos de la Feria.

Por el momento, lo que se está haciendo es «cumplir los estatutos» y poner en marcha el proceso de renovación de cargos. «Si el patronato determinará si hay una persona que reúna consenso necesario para ser presidente o si se deja vacante en la figura de director general, Enrique Soto, y del Comité de dirección de la feria, el Comité Ejecutivo».

Además, «con la implicación de la administración en cuanto órgano responsable está garantizado funcionamiento normal de la institución». No obstante, «de cara al proceso que viene ahora esa interinidad tampoco ayuda», cree Costa.

Desde la Administración, tienen «alternativas» para la presidencia de Feria, ha asegurado, «pero si al final en el patronato o de las conversaciones con el sector empresarial llegamos a conclusión de que es mejor dejar vacante el cargo y que la dirección general o los miembros del Comité asuman responsabilidad, no habría inconveniente, sobre todo si es a petición de los sectores empresariales».

«MÁS ACTIVIDAD Y MÁS FACTURACIÓN QUE NUNCA»
Pese a todos estos procesos, Natxo Costa ha querido poner en valor a Feria Valencia, en un momento en el que tiene «más actividad que nunca, más facturación y más empleo que nunca». De hecho, los números facturación de 2019 apuntan a un «crecimiento» que superará las previsiones presupuestarias.

Con estas cifras, el subsecretario de Economía ha sostenido que «la actividad ordinaria de la institución es la correcta, lo que ayuda mucho a definición del modelo porque implica que en la actividad ordinaria puede ser autosuficiente y dar beneficios para continuar con su actividad, sin que se requieran más inversiones publicas», ha concluido.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acudido este miércoles al Tribunal Supremo para participar en la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente evaluará si debe decretar su ingreso en prisión provisional, tal y como reclaman las acusaciones populares personadas en la causa, lideradas por el Partido Popular. Se trata de un momento determinante en la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Una llegada discreta ante una fuerte expectación mediática

Ábalos ha accedido al alto tribunal a primera hora de la mañana, sin hacer declaraciones, en medio de una gran presencia de medios desplazados ante la relevancia de la cita. Su comparecencia coincide con el avance de la causa hacia la fase final previa al juicio.

La vista ha sido convocada después de que tanto Fiscalía Anticorrupción como varias acusaciones solicitaran una revisión de las medidas cautelares que mantienen actualmente Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes permanecen en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, prohibición de salida del país y retirada del pasaporte.

Las acusaciones piden prisión provisional para evitar riesgo de fuga

Las acusaciones populares sostienen que la gravedad de los hechos atribuidos —y las altas penas solicitadas— justifican el ingreso inmediato en prisión de ambos investigados. Argumentan que existen “indicios sólidos de criminalidad” y un riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por la llamada trama de mascarillas.

La Fiscalía, por su parte, solicita para Ábalos 24 años de prisión, y para Koldo 19 años y medio, por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, reclama multas millonarias derivadas del presunto perjuicio causado a la Administración.

Las acusaciones populares elevan las penas a 30 años, añadiendo también prevaricación y falsedad documental.

El Supremo decidirá si endurece las medidas cautelares

El magistrado Puente deberá valorar si las circunstancias actuales justifican un cambio en la situación personal de los acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite modificar las medidas cautelares cuando lo piden las partes y tras oír a todas ellas en audiencia pública, como ocurre en esta vista.

El juez solo puede adoptar nuevas medidas —incluida la prisión provisional— si así lo solicita alguna acusación, nunca de oficio. La decisión, que podría conocerse en las próximas horas, marcará el rumbo inmediato del caso.

Una vista decisiva en un caso con fuerte impacto político

La trama de mascarillas ha tenido un enorme eco institucional al implicar a un exministro y a altos cargos cercanos. El avance hacia un posible juicio oral y la elevada petición de penas han intensificado la presión sobre Ábalos, cuya situación judicial y política se encuentra en uno de sus momentos más delicados.

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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