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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas de Selectividad

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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas para la Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes se han quejado públicamente de la dificultad en la prueba de Matemáticas de la primera jornada de la PAU y han abierto una petición en Change.org para reunir firmas en contra del supuesto nivel del test. Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que «dijeron estrictamente» que no entraban en la materia.

La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas y cuenta cual es el motivo de reunir firmas:

«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia. Matemáticas es una asignatura de las que más cuenta en la prueba de acceso a la universidad, por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra, y la que nos permita entrar o no a la carrera que teníamos en mente. En conclusión, consideramos que este examen no ha tenido el nivel correspondiente y deseamos una impugnación del mismo».

Aunque los otros exámenes de historia y valenciano han sido más esperados. En historia las primera opción ha sido la dictadura de Franco y Primo de Rivera, y como segunda opción el régimen político de la Restauración borbónica.

CHANGE.ORG

El examen no se revisará

La noticia de la denuncia de los estudiantes ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación y el coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha hablado en una entrevista en la Cadena Ser y ha asegurado que el examen calificado de «dificilísimo» por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil también ha manifestado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Por último ha dejado claro que cuando concluyan los procesos de corrección de los exámenes se podrán realizar las reclamaciones pertinentes siempre que el alumno considere injusta una calificación. Esta fase podrá realizarse cuando estén  publicadas las notas.

EL AÑO PASADO, LA POLÉMICA «ACABÓ CON LAS NOTAS»
Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual –quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet– y que la polémica «acabó cuando salieron las notas». Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta «sacó un diez» y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores «el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores» y «no es el examen más difícil de la historia» de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero «no rebuscada» y, desde luego, «siempre dentro del currículum».

Gil achaca la magnitud del debate a «los nervios» propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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