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Estado de salud del papa: ingresado para una operación por riesgo de obstrucción intestinal

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Papa Francisco mensaje sacerdotes dana

Ciudad del Vaticano (OFFICIAL PRESS – EFE). El papa Francisco será operado hoy en el hospital Gemelli de Roma por riesgo de obstrucción intestinal y tendrá que estar ingresado durante varios días, informó el Vaticano.

Operación papa Francisco: todos los detalles

“Al finalizar la Audiencia General, el papa se desplazará al Hospital Universitario, donde a primera hora de la tarde se someterá bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis”, indicó la Santa Sede en un comunicado.

El Vaticano explicó que “la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional incarcerada. Esta dolencia está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran”.

El nerviosismo por la operación con anestesia general ha creado gran alarma por el peligro de una operación así en una persona de 86 años.

Estará ingresado durante varios días

El pontífice, de 86 años, “estará ingresado varios días para permitir el curso posoperatorio normal y la recuperación funcional completa”, añadió la Santa Sede.

Se ha considerado que la operación es de urgencia, después de los resultados de la TAC a la que se sometió este martes. Esta operación se  produce después de la intervención al colon de julio de 2021.

En una reciente entrevista con la agencia estadounidense AP, Francisco reveló que volvía a sufrir de diverticulos. Este fue el problema por el que tuvo que ser operado en su momento.  En esa ocasión se le extirpó una pequeña parte del colon pero que estaba bien de salud.

Tercera vez que ingresa en el hospital romano

El 4 de julio de 2021 Francisco se sometió a una intervención en el mismo hospital en el que estuvo ingresado durante 10 días. Posteriormente pasó una larga recuperación.

Se trata de la tercera vez que se ingresa al papa en el hospital romano, pues estuvo ingresado tres noches a finales de marzo en el hospital Gemelli por “una pulmonía aguda”.

El papa demás sufre el problema de su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasión que no se quiere operar.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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