JCF asume 102.000 euros en un nuevo convenio con SGAE

Las comisiones falleras de València no tendrán que pagar directamente los derechos de autor por el uso de música en sus actos a partir del ejercicio fallero de 2026. Así lo establece el nuevo convenio firmado entre la Junta Central Fallera (JCF) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Gracias a este acuerdo, será la propia JCF quien asuma el coste global de los derechos de autor, abonando un total de 102.000 euros a la SGAE por el repertorio musical utilizado tanto en actos oficiales como en actividades organizadas por las comisiones integradas.

Un alivio económico para las Fallas

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado que este convenio supone “un gran alivio económico para las comisiones falleras”, ya que elimina la obligación de gestionar individualmente los trámites con la SGAE.

“Las comisiones ya no deben estar pendientes de cumplir los trámites con SGAE, por lo que cumplen la normativa en uno de los elementos más característicos de las fiestas falleras: la música”, ha señalado el edil.

Este cambio permitirá a las comisiones centrarse en la organización de sus actos sin asumir costes adicionales ni gestiones administrativas vinculadas a los derechos musicales.

Qué actos estarán cubiertos por el convenio

El acuerdo contempla la autorización para la comunicación pública de obras musicales en una amplia variedad de actividades tradicionales de las Fallas, entre ellas:

• Pasacalles

• Cabalgatas

• Desfiles

• Verbenas

• Conciertos gratuitos

• Actuaciones en directo

Además, el convenio incluye colaboración en iniciativas de promoción y difusión del patrimonio cultural valenciano, tanto musical como teatral.

Bonificaciones de hasta el 25%

El pacto entre JCF y SGAE también incorpora bonificaciones sobre las tarifas generales, que pueden alcanzar hasta un 25% de descuento, siempre que los actos sean de acceso gratuito y se cumplan los requisitos establecidos.

Con esta medida, el Ayuntamiento y la Junta Central Fallera refuerzan el apoyo institucional a las comisiones en un contexto de aumento generalizado de costes, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual.

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