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La empleada despedida por el fraude de EMT València no comparece a declarar

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VALÈNCIA, 30 Oct. – La ex directora de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València no ha comparecido este miércoles en la comisión de trabajo para la investigación del fraude de cuatro millones de euros en la compañía pública, donde era la primera persona citada de la serie de comparecencias que va a acoger el organismo.

Así lo han informado los diferentes consejeros en declaraciones a los medios a su salida de la sesión, que se ha retomado tras un receso con la declaración del presidente de la entidad y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

El propio Grezzi ha anunciado que va a pedir al gerente de la empresa que encargue una auditoría externa de los últimos 15 años sobre los pagos de más de 100.000 euros que haya hecho la entidad con el objetivo de «ver si las prácticas que se han hecho ahora –en referencia al fraude–, se hacían antes».

«Queremos ir hasta el fondo, para conocer si por recibir un correo electrónico del presidente o de un concejal se ordenaban pagos y transferencias. Esa no era la práctica que se había hecho aquí desde 2015, pero no sabemos si antes era así», ha manifestado.

Grezzi ha insistido en que el equipo de gobierno quiere «recuperar todo el dinero» y «llegar hasta el final», al tiempo que ha considerado que «algunos lo que quieren es ver de qué manera se pueden sacar culpables».

LA OPOSICIÓN PIDE EL CESE DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Tanto Ciudadanos como Vox han reclamado el cese del secretario de la comisión –que también es el secretario del pleno del Ayuntamiento– debido a que ha propuesto, según afirman, posponer al siguiente pleno la notificación de la situación al Banco de España, la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas.

El PP, por su parte, ha considerado que esta propuesta ha sido una «sorpresa» ya que, según ha explicado el edil Carlos Mundina, en el consejo de administración del 7 de octubre se adoptó un acuerdo «por consenso» en el que se proponía notificar del fraude a estas entidades.

Por ello, ha considerado que «esto choca con las declaraciones del señor Grezzi» que «desde el primer momento «dijo que sería la comisión de investigación más rápida de la historia» y que «querían luz y taquígrafos y las cosas claras». «Lo que estamos viendo es todo lo contrario», ha aseverado.

Por su parte, el representante de Ciudadanos en el consejo, el edil Narciso Estellés, ha criticado que no se envíe este requerimiento porque «no se ve conveniente abrir más frentes».

Asimismo, el edil de Vox Vicente Montañez también ha pedido que el secretario se «cesado inmediatamente» por este mismo motivo ya que, a su juicio, «ha actuado de parte de la presidencia.

APROBADO EL PRESUPUESTO CON EL VOTO EN CONTRA DE CS Y VOX
Por otra parte, el pleno del consejo de administración –que se ha celebrado previamente a la sesión de la comisión– ha aprobado con los votos de los miembros del gobierno municipal (Compromís y PSPV) el presupuesto de la EMT para 2020, con un aumento del 3,5% con respecto del año anterior.

Tanto Ciudadanos como Vox han votado en contra del presupuesto. Estellés ha afirmado que «esta dirección y este presidente no están capacitados para llevar la empresa», mientras que Montañez cree que «no tiene legitimidad» para presentar los presupuestos.
Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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