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Investigan 5 posibles casos de listeriosis en La Comunitat Valenciana

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Casos de listeriosis en España el 26 de agosto de 2019.

MADRID/VALÈNCIA, 26 Ago.- El Ministerio de Sanidad ha elevado este lunes a 195 los casos confirmados de personas afectadas por el brote de listeriosis por consumo de carne mechada industrial de la marca ‘La Mechá’ elaborada por una empresa ubicada en el municipio de Sevilla. Además, hay 22 casos considerados probables y otros 64 sospechosos que están en investigación en varias comunidades autónomas, cinco de ellos en la Comunitat Valenciana.

Sobre este asunto, la consellera de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha señalado –a su entrada en la reunión que la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha convocado en Madrid con representantes de las comunidades autónomas– que la Comunitat «no tiene ningún riesgo», puesto que la carne afectada no se ha introducido ni comercializado en la región.

Ha aseverado que sí que ha habido personas, en concreto una docena, que han acudido a sus centros de salud porque han estado en Andalucía y han consumido carne mechada, aunque sin saber la marca, para que les realizaran análisis. De esos 12 casos, ha precisado, cinco ya han sido descartados y en dos no se llegaron a hacer las analíticas al remitir los posibles síntomas. Por lo tanto, quedan cinco en los que se está pendiente de recibir los resultados.

Según los datos del Ministerio, a los 193 afectados de Andalucía, con 7 nuevos casos confirmados desde el pasado viernes (158 en Sevilla, 17 en Huelva, 10 en Cádiz, 4 en Granada y 4 en Málaga), se suman los dos casos confirmados por laboratorio (1 en Aragón y 1 Extremadura), los 22 casos probables (6 en Aragón, 6 en Asturias, 9 en Castilla La Mancha y 1 Castilla y León), y los 64 casos sospechosos y/o en investigación (9 en Castilla-La Mancha, 16 en Castilla y León, 1 en Castilla y León, 21 en Extremadura, 10 en Madrid, 2 en Melilla y 5 en la Comunitat Valenciana Valencia). Los casos notificados por Cataluña finalmente han resultado negativos.

Según la información epidemiológica de las 107 muestras recibidas en el Centro Nacional de Microbiología de los casos detectados en Andalucía, el 59% son mujeres, 14 de ellas en estado de gestación. La mediana de edad es de 46 años, el 52% está entre los 35 y los 65 años, y un 19% corresponde a mayores de 65 años. De estos pacientes de los que se ha recibido muestras en el CNM, 12 (11%) presentaron meningitis, 75% eran varones y el 42% tenía más de 65 años.

Asimismo, el Ministerio señala en su actualización de datos que las autoridades Francesas notificaron el pasado 23 de agosto vía Sistema de Alerta Precoz y Respuesta de la UE (EWRS por sus siglas en inglés), un caso confirmado de listeriosis en un ciudadano inglés, diagnosticado en Francia el 16 de agosto y con antecedente de consumo de una carne fría de cerdo en Sevilla el día 13 de agosto. El producto fue consumido por 4 personas más durante una comida en Sevilla y todas ellas enfermaron, según Sanidad.

Aunque la mayor parte del producto ha sido distribuido en Andalucía, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de que una pequeña parte producto se vendió a distribuidoras de otras comunidades, pero de acuerdo a las últimas informaciones disponibles, la mayor parte del producto no llegó a salir de Andalucía o fue retornado a origen.

En todo caso, Sanidad informa de que la distribución inicial del producto fue de 225 kg en Madrid, que a su vez redistribuyó pequeñas cantidades a Castilla-La Mancha, Castilla y León; 10 kg en Badajoz y una pequeña cantidad de producto en Adeje (Tenerife).

En el caso de productos cárnicos destinados al consumidor final, se recuerda que es necesario que el etiquetado contenga una marca oval en la que se incluya el número de registro sanitario del establecimiento responsable.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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