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Salud y Bienestar

La Fe lanza un dispositivo para controlar la incontinencia urinaria a través del móvil

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Alertan de una nueva estafa a través de una llamada a tu móvil

VALÈNCIA, 30 Abril- El servicio de Urología del Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha implantado, por primera vez en España, un sistema de neuromodulación de raíces sacras de última generación para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Este dispositivo permite controlar y personalizar el tratamiento de cada paciente desde un teléfono móvil, que incluye un programador inteligente.

El coordinador de investigación del Área Nefrourológica del Hospital La Fe, Salvador Arlandis, ha explicado que «a través de un teléfono móvil que se entrega al paciente tras ser implantado el dispositivo, el sistema, que tiene hasta siete programas predeterminados, le permite modular los parámetros de forma autónoma, siempre dentro de los límites definidos por el profesional sanitario».

La neuromodulación sacra es un tratamiento mínimamente invasivo, reversible, de probada eficacia y duradero en el tiempo. Durante el procedimiento, a cada paciente se le implanta un neuroestimulador en la zona sacra que transmite impulsos eléctricos a nivel de las raíces nerviosas que modulan el funcionamiento del esfínter.

La novedad de este programador radica en que incluye en el mismo teléfono móvil un interfaz específico al que el médico accede con constraseña. A través de este programa, el profesional obtiene información detallada de la experiencia del paciente, optimizando el seguimiento en consulta y la evolución de la patología.

Actualmente, cerca de unos 6 millones de personas padecen algún tipo de incontinencia urinaria. Según un estudio de prevalencia nacional desarrollado en el hospital La Fe, la prevalencia de incontinencia urinaria en España se acerca al 10% en mujeres entre 25 y 64 años, está alrededor del 5% en varones entre 50 y 65 años y es superior al 50% en personas de más de 65 años de ambos sexos.

En este sentido, los expertos alertan de que esta cifra es solo una aproximación al problema real, ya que se estima que un 50% de las personas afectadas no acude al médico para informar de su caso.

Concretamente, durante el año 2018, el Hospital La Fe efectuó 14.274 consultas y exploraciones de pacientes con incontinencia urinaria y problemas miccionales en la sección de Urodinámica del servicio de Urología.

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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riesgos anestesia
PEXELS

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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