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La Federación de Hostelería cierra la «peor» Semana Santa de la década con caídas del 80% en las reservas

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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha realizado un balance entre los establecimientos asociados del funcionamiento de la Semana Santa, que califican como la «peor» de la década por el intenso temporal de estos días, con descensos en las reservas de hasta el 80 por ciento en algunos establecimientos, especialmente en las zonas de playa, y el mismo porcentaje de caída en facturación.

Según extrae la FEHV de las encuestas a los empresarios, la tónica ha sido la de cancelaciones de reservas a mediodía, terrazas «totalmente inutilizadas» y noches en las que los restaurantes han estado «prácticamente vacíos» y, en algunos casos, han optado por cerrar.

Asimismo, para un 70% de los empresarios la Semana Santa ha sido peor que 2018, ya que solo han trabajado mejor que el año pasado algunos establecimientos de la ciudad, especialmente del centro, que aseguran se han beneficiado de la gente que ha optado por planes alternativos al no poder visitar la playa o por estar ubicados en barrios donde muchos otros locales habían cerrado.

Respecto a la pérdida de facturación, la federación ha apuntado que ha alcanzado el 80%, pues a la falta de facturación le suma las compras de producto que se habían realizado, el mantenimiento del personal y de los costes fijos del local.

La FEHV tenía unas «altas expectativas» para el colectivo hostelero esta Semana Santa, periodo en el que «como viene siendo habitual, se habían realizado contrataciones para reforzar plantillas». En este sentido, la mayoría de encuestados ha mantenido las contrataciones, aunque un 33% de los empresarios asegura haber tenido que cancelar contratos de personal teniendo en cuenta la falta de actividad.

La entidad ha lamentado la situación de los empresarios al tiempo que espera que la mejora de las condiciones climatológicas permita trabajar «con normalidad» el próximo fin de semana y el Puente del 1 de Mayo, «que permita la llegada de turismo de la capital y que el puente se alargue hasta el siguiente fin de semana».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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