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La Fiscalía pide 7 años de cárcel y 81.000 euros de multa para el ‘pequeño Nicolás’

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VALÈNCIA, 20 May.- Este lunes comienza el juicio contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘peueño Nicolás’, por hacerse pasar por enlace de la Casa Real. La Fiscalía propone una pena de siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

El conocido como caso Ribadeo sienta en el banquillo al pequeño Nicolás, por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad de documento oficial y cohecho activo. Esta presunta estafa se remonta a 2014, cuando Francisco Nicolás habría acordado una entrevista con el cabecilla de la empresa Alsa. Para ello se habría hecho pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real, para lo que habría tenido que falsificar varios documentos oficiales, como falsas acreditaciones del Ministerio de Interior.

En esta trama habrían participado también Jorge González Hormigos, cabo de la Policía Nacional, y a  Carlos Pérez López-Dávila, miembro de la Policía Municipal de Torrijos (Toledo). Para estos dos últimos se establecería una pena de prisión de hasta cinco años y medio. González Hormigos habría solicitado a Pérez López-Dávila que le proporcionara, a cambio de una retribución económica, los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público.

El juicio por el caso Ribadeo podría aplazarse tras la renuncia de la abogada defensora de el ‘pequeño Nicolás’ por presuntas»presiones indirectas». Toda esta polémica ha estallado a menos de una semana de las elecciones europeas, a las que Francisco Nicolás se presenta con su partido Influencia Joven.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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