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La Fiscalía pide 7 años de cárcel y 81.000 euros de multa para el ‘pequeño Nicolás’

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VALÈNCIA, 20 May.- Este lunes comienza el juicio contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘peueño Nicolás’, por hacerse pasar por enlace de la Casa Real. La Fiscalía propone una pena de siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

El conocido como caso Ribadeo sienta en el banquillo al pequeño Nicolás, por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad de documento oficial y cohecho activo. Esta presunta estafa se remonta a 2014, cuando Francisco Nicolás habría acordado una entrevista con el cabecilla de la empresa Alsa. Para ello se habría hecho pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real, para lo que habría tenido que falsificar varios documentos oficiales, como falsas acreditaciones del Ministerio de Interior.

En esta trama habrían participado también Jorge González Hormigos, cabo de la Policía Nacional, y a  Carlos Pérez López-Dávila, miembro de la Policía Municipal de Torrijos (Toledo). Para estos dos últimos se establecería una pena de prisión de hasta cinco años y medio. González Hormigos habría solicitado a Pérez López-Dávila que le proporcionara, a cambio de una retribución económica, los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público.

El juicio por el caso Ribadeo podría aplazarse tras la renuncia de la abogada defensora de el ‘pequeño Nicolás’ por presuntas»presiones indirectas». Toda esta polémica ha estallado a menos de una semana de las elecciones europeas, a las que Francisco Nicolás se presenta con su partido Influencia Joven.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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