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La Fiscalía pide condenar a ‘La Manada’ por agresión sexual: «Fue una violación continuada»

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El ‘Caso de la Manada’ ha llegado este viernes al Tribunal Supremo de Madrid. Esta institución debía analizar la petición del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con la que se condenaba a los acusados a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados. Los cinco amigos son juzgados por un presunto delito de abusos sexuales continuados a una joven en Sanfermín de 2016.

Tanto la defensa de la víctima como el jurado popular y la Fiscalía solicitan calificar los hechos como violación. Consideran la intimidación un factor sólido para inculpar a los cinco chicos por un delito de agresión sexual. Según expone la acusación, el grupo de chicos habría aprovechado la situación en la que se encontraba la joven para abusar sexualmente de ella. «No se puede exigir a las víctimas una actitud heróica», ha concluido en el juicio. La Fiscalía, además, demanda el doble de pena de prisión para cada uno de los acusados. La defensa de los acusados, por su parte, reclama la absolución de los cinco inculpados.

Los cinco acusados no se han presentado ante el Tribunal Supremo, ya que no tienen la obligación de comparecer en estas sesiones; pero sí el derecho de hacerlo. Por otra parte, sí han debido personarse en los Juzgados de Sevilla para firmar.

La sentencia definitiva corre a cargo de cinco magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos se encuentran tres especialistas en violencia de género. El abogado de ‘La Manada’ ha denunciado que toda esta información haya trascendido a la prensa. Considera que el juicio popular puede influir en la decisión final de los magistrados. Por ello, el fallo del jurado se espera para esta misma tarde.

Las asociaciones feministas de Madrid habrían convocado una manifestación contra el proceso judicial que envuelve el caso de ‘La Manada’. La protesta, que se espera sea multitudinaria, comenzará a las 19h y tiene por lema «la justicia machista y patriarcal».

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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