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La fiscalía pide el archivo de la causa contra Pere Fuset por el accidente de Viveros

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El concejal Pere Fuset sale de la Ciudad de la Justicia tras declarar por el acc

VALÈNCIA, 11 Nov.- La Fiscalía de Valencia ha solicitado el archivo de la causa contra el concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, por el accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de la capital del Turia en el verano de 2017.

Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 18 de València tras el auto de procesamiento dictado en octubre en un procedimiento dirigido por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Tras esta resolución, Pere Fuset –para quien la familia del obrero reclama cinco años de prisión– presentó un recurso de apelación y la Fiscalía se ha adherido parcialmente al mismo solicitando el sobreseimiento provisional respecto al mismo. Sin embargo, mantiene que el Ayuntamiento de Valencia tiene que ser responsable civil subsidiario.

Este asunto, tramitado por parte de uno de los fiscales especialistas de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, ha contado en su decisión con el visto bueno del Fiscal Decano de la Sección, han concretado fuentes del ministerio público.

El auto de procesamiento se dirigía contra Fuset, Ayuntamiento –responsable civil– y otras personas físicas y jurídicas, entre ellas la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana y contratas y subcontratas que se encargaron de la organización del evento.

Los hechos ocurrieron a finales de junio de 2017 y trascendieron el 4 de julio de aquel año. El operario falleció cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción de 40.000 euros.

El concejal Fuset declaró ante el juez, en calidad de investigado, el pasado mes de enero. En esa comparecencia defendió que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.

En esa línea, argumentó que es un mero concejal, que todo lo relativo al montaje de las gradas era cuestión de los técnicos y que él se limitaba a firmar.

Sin embargo, el juez instructor dictó auto de procedimiento abreviado, paso previo para la apertura de juicio oral, y para ello se basó en el informe realizado por la Inspección General de Trabajo e incorporado a la causa.

«SINIESTRO FATAL»
El magistrado sostenía en su escrito que no existía procedimiento de adecuada evaluación de riesgos y adopción de medidas de protección para el montaje de las gradas, lo que ocasionó el «siniestro fatal». Resaltaba que existían indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente por parte del concejal responsable de Cultura Festiva.

Reprochaba también el instructor el hecho de no haber exigido aportación a la empresa contratada del estudio de seguridad y salud del montaje de las gradas por quien ocupó sin concurso parte del dominio público, y por estas razones considera a Fuset partícipe de estos delitos.

Fuente: EUROPA PRESS

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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