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La Generalitat propone una espera de 15 minutos para contratar a las VTC

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VALÈNCIA, 5 Feb – La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado las líneas generales en las que trabaja la Generalitat para preparar el decreto después de recibir las propuestas de la consulta pública. El decreto que está elaborando la conselleria tiene como objetivo «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar», ha indicado Salvador.

Así se lo han trasladado el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando, y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, a las asociaciones de taxistas así como a Unauto, asociación de empresas de las VTC, durante las dos reuniones que han mantenido este martes.

De esta manera, la propuesta planteada por la Generalitat surge después de que el Estado habilitara el pasado mes de septiembre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector. Hay que recordar que el sector de las VTC no está regulado mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación.

La Conselleria, en líneas generales, se centrará en regular solamente los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos. «Es necesario que cada ayuntamiento regule en función de su propia realidad territorial, no es lo mismo Benidorm que València las necesidades de transporte son diferentes», ha explicado la consellera.

Por otra parte, entre las líneas básicas también se establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.

Además, se definirá con mayor exactitud lo que se entiende por «captación de clientes» y no se permitirá la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos. El objetivo es evitar conductas intrusivas. Tampoco se permitirá la geolocalización.

Por último, se introducirán también otras medidas como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.

Por tanto, para Salvador, estas líneas básicas van a «marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores para que no se perjudique a los usuarios». «El objetivo final de la Generalitat es que la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto», ha indicado.

Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC. Una vez trasladadas las líneas básicas, la Generalitat redactará el borrador de decreto que será sometido a información para que las asociaciones que han participado en el proceso de presentación de propuestas puedan opinar y, una vez se recabe el informe de la abogacía, se aprobará por el pleno del Consell.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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