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La Generalitat propone una espera de 15 minutos para contratar a las VTC

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VALÈNCIA, 5 Feb – La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado las líneas generales en las que trabaja la Generalitat para preparar el decreto después de recibir las propuestas de la consulta pública. El decreto que está elaborando la conselleria tiene como objetivo «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar», ha indicado Salvador.

Así se lo han trasladado el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando, y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, a las asociaciones de taxistas así como a Unauto, asociación de empresas de las VTC, durante las dos reuniones que han mantenido este martes.

De esta manera, la propuesta planteada por la Generalitat surge después de que el Estado habilitara el pasado mes de septiembre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector. Hay que recordar que el sector de las VTC no está regulado mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación.

La Conselleria, en líneas generales, se centrará en regular solamente los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos. «Es necesario que cada ayuntamiento regule en función de su propia realidad territorial, no es lo mismo Benidorm que València las necesidades de transporte son diferentes», ha explicado la consellera.

Por otra parte, entre las líneas básicas también se establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.

Además, se definirá con mayor exactitud lo que se entiende por «captación de clientes» y no se permitirá la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos. El objetivo es evitar conductas intrusivas. Tampoco se permitirá la geolocalización.

Por último, se introducirán también otras medidas como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.

Por tanto, para Salvador, estas líneas básicas van a «marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores para que no se perjudique a los usuarios». «El objetivo final de la Generalitat es que la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto», ha indicado.

Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC. Una vez trasladadas las líneas básicas, la Generalitat redactará el borrador de decreto que será sometido a información para que las asociaciones que han participado en el proceso de presentación de propuestas puedan opinar y, una vez se recabe el informe de la abogacía, se aprobará por el pleno del Consell.

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Hacienda refuerza el control de pagos digitales, influencers y pisos turísticos en 2026

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan de control tributario más intenso centrado en el comercio digital, las criptomonedas, la neobanca, los influencers y el sector inmobiliario, incluyendo los alquileres turísticos. La medida busca combatir la economía sumergida, mejorar la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal en todos los ámbitos.

Principales objetivos de Hacienda en 2026

Según el Plan de Control Tributario publicado en el BOE, los focos principales de vigilancia serán:

  1. Pagos digitales y neobancos

    • Se utilizarán nuevas declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta y cuentas financieras.

    • Se controlará la neobanca para evitar ocultaciones de rentas o patrimonios en el exterior.

  2. Comercio electrónico y plataformas digitales

    • Se verificará la tributación de entidades establecidas en España o en la UE para evitar elusión de IVA.

    • Se analizarán las ventas de bienes y servicios en plataformas digitales.

  3. Influencers y creadores de contenido

    • Se controlará la correcta tributación y la residencia fiscal de quienes obtienen ingresos por redes sociales.

  4. Criptomonedas

    • Se reforzará el control sobre contribuyentes que operen con monedas virtuales, usando herramientas de trazabilidad blockchain para detectar rentas no declaradas.

  5. Alquileres turísticos e inmuebles

    • Se intensificará la supervisión de arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales.

    • Se vigilará la correcta declaración de ingresos y el uso adecuado del régimen de comisiones.

    • Se prestará especial atención a las socimis y a las operaciones de no residentes en España.

  6. Multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida

    • Se controlarán grupos societarios con cifras de negocio inusualmente bajas y signos externos de riqueza no declarados.

    • Se mantendrá la revisión de TPV y pagos con tarjeta para detectar actividad no registrada.

Contexto y novedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas actuaciones permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal y modernizar la gestión tributaria en un contexto donde el comercio digital, las criptomonedas y los nuevos modelos de negocio se expanden rápidamente.

Entre las novedades, este año se incluyen:

  • Control intensivo de plataformas de alquiler turístico.

  • Fiscalización de transacciones digitales transfronterizas.

  • Supervisión de operaciones con sociedades instrumentales y patrimonios ocultos.

Con estas medidas, Hacienda busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con la normativa, asegurando la transparencia fiscal en sectores de alta complejidad y riesgo de fraude.

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