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La Generalitat propone una espera de 15 minutos para contratar a las VTC

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VALÈNCIA, 5 Feb – La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado las líneas generales en las que trabaja la Generalitat para preparar el decreto después de recibir las propuestas de la consulta pública. El decreto que está elaborando la conselleria tiene como objetivo «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar», ha indicado Salvador.

Así se lo han trasladado el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando, y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, a las asociaciones de taxistas así como a Unauto, asociación de empresas de las VTC, durante las dos reuniones que han mantenido este martes.

De esta manera, la propuesta planteada por la Generalitat surge después de que el Estado habilitara el pasado mes de septiembre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector. Hay que recordar que el sector de las VTC no está regulado mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación.

La Conselleria, en líneas generales, se centrará en regular solamente los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos. «Es necesario que cada ayuntamiento regule en función de su propia realidad territorial, no es lo mismo Benidorm que València las necesidades de transporte son diferentes», ha explicado la consellera.

Por otra parte, entre las líneas básicas también se establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.

Además, se definirá con mayor exactitud lo que se entiende por «captación de clientes» y no se permitirá la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos. El objetivo es evitar conductas intrusivas. Tampoco se permitirá la geolocalización.

Por último, se introducirán también otras medidas como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.

Por tanto, para Salvador, estas líneas básicas van a «marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores para que no se perjudique a los usuarios». «El objetivo final de la Generalitat es que la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto», ha indicado.

Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC. Una vez trasladadas las líneas básicas, la Generalitat redactará el borrador de decreto que será sometido a información para que las asociaciones que han participado en el proceso de presentación de propuestas puedan opinar y, una vez se recabe el informe de la abogacía, se aprobará por el pleno del Consell.

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Funeral de Estado en Adamuz por las víctimas del accidente de tren: los Reyes presidirán el homenaje

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Los Reyes de España presiden este jueves el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren de alta velocidad ocurrido en Adamuz, una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España. El acto se celebra en Huelva, provincia de origen de 28 de las 45 personas fallecidas en el siniestro, y se convierte en el principal homenaje institucional a las víctimas tras el aplazamiento del funeral de Estado inicialmente previsto.

La ceremonia religiosa tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín y estará oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana.

Amplia representación institucional en el funeral de Huelva

Además de los Reyes, al funeral asistirán destacados representantes políticos. En nombre del Gobierno acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a autoridades autonómicas, locales y familiares de las víctimas.

No acudirá al acto el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que este jueves está citado en el Senado para comparecer y dar explicaciones tanto por el accidente de Adamuz como por el siniestro ferroviario ocurrido recientemente en la localidad catalana de Gélida, en la red de Rodalies.

Aplazado el homenaje de Estado por las víctimas

El Gobierno había previsto celebrar esta semana un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario, pero finalmente el acto ha sido aplazado, sin que por el momento se haya comunicado una nueva fecha. El funeral religioso de este jueves se convierte así en el principal acto de recuerdo colectivo y acompañamiento a las familias en estos momentos de duelo.

Avances en la investigación y reconstrucción de la línea

En paralelo al funeral, continúan los trabajos derivados de la investigación judicial del accidente. Una de las principales novedades es que Adif ha recibido ya la autorización judicial para iniciar las labores de reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía, gravemente dañada tras el siniestro.

Según las previsiones actuales, la circulación ferroviaria podría reanudarse en un plazo aproximado de 10 días naturales, siempre que no se produzcan contratiempos técnicos o nuevos requerimientos judiciales.

La investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas del accidente, considerado la mayor tragedia de la alta velocidad en España, mientras crece la presión política y social para depurar responsabilidades y reforzar la seguridad en la red ferroviaria.

 

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