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La grúa de València podrá retirar también patinetes

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La nueva empresa adjudicataria del servicio de la grúa de València podrá retirar de la vía pública todos los vehículos de movilidad personal que no cumplan la normativa.

La concesión del Ayuntamiento de València, por cinco años y con un presupuesto de 15,5 millones de euros, incluye esta nueva cláusula que afecta no sólo a los usuarios de vehículos a motor. Así lo ha explicado la vicealcaldesa, Sandra Gómez, al término de la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que también se ha aprobado, entre otros asuntos, una modificación de créditos de 4, 5 millones de euros.

Sandra Gómez ha destacado «la importancia» el acuerdo adoptado para contratar la prestación de los servicios de retirada de toda clase de vehículos de la vía pública del término municipal de València, «incluso los de movilidad personal, como los patinetes», convocar el procedimiento abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto correspondiente.

«Este contrato va en la línea de la nueva política municipal para que los acuerdos no condicionen a varias legislaturas, e incluye más servicios para cubrir las nuevas necesidades de la ciudadanía», ha explicado Sandra Gómez, tras recordar que «el anterior contrato se había concebido mal y había sido un problema para la corporación». «El objeto del presente contrato es prestar el servicios de retirada de toda clase de vehículos que pudieran estar incursos en cualquiera de las causas que para esta actuación, según prevén las normas de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València y ello a requerimiento de agentes de Policía Local y o la autoridad municipal competente, así como el transporte, depósito y custodia de dichos vehículos en los locales destinados para tal fin», ha aclarado.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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