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La Policía de Xirivella irrumpe en una barbacoa en una terraza comunitaria y los vecinos aplauden

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Policía Local de Xirivella (Valencia) irrumpió este sábado en una barbacoa que se celebraba, contraviniendo las restricciones del estado de alarma, en la azotea comunitaria de un edificio con música que molestaba a los vecinos. Un aplauso espontáneo de las viviendas colindantes agradeció la actuación.

Las tres personas, sorprendidas in fraganti, fueron identificadas y denunciadas por la patrulla tras intentar huir de la terraza, informa el Ayuntamiento de Xirivella en un comunicado.

Dos vecinos alertaron que estaban celebrando una fiesta con música y barbacoa en la terraza comunitaria de la finca, a pesar de que los tres sancionados habían protagonizado anteriormente otros capítulos similares de vulneración del estado de alarma.

«Estamos detectando varias reuniones de este tipo en domicilios particulares y en zonas comunes de los inmuebles, con las molestias vecinales y la indignación colectiva que estas actitudes conllevan», ha advertido el comisario jefe de Xirivella, Víctor Pablo Martínez Berlanga.

Se trata de actitudes no permitidas en el actual confinamiento que suponen un riesgo importante para la salud pública. Durante el estado de alarma, la Policía Local ha recibido 1.460 llamadas telefónicas: 900 peticiones de información y atención ciudadana y 560 requerimientos sobre incumplimientos de las restricciones impuestas por el mando único.

En Xirivella, los agentes han realizado 60 controles estáticos en vía pública sobre un total de 1.900 vehículos, de los cuales 31 circulaban sin autorización. También han formulado 131 denuncias por incumplimiento y han practicado tres detenciones.

Ante estas cifras, el edil de Seguridad, Vicent Sandoval, ha instado a la población a tomarse muy en serio las medidas de confinamiento, avisando que la acción policial será «implacable contra todo aquel que actúe de manera egoísta y al margen del interés general».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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