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Las empresas en ERTE podrán empezar a despedir a partir de octubre

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Debido a la pandemia del COVID-19, más de 500.000 empresas españolas se acogieron a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Para ello, el Gobierno imponía entre los requisitos de poder acogerse a esta medida el mantener el empleo de los trabajadores durante 6 meses. Un condicionante que el Ejecutivo suavizaba para poder acordar con la patronal.

Con el requisito inicial de no poder despedir mínimo hasta 6 meses después que finalizase el Estado de Alarma, que fue en junio de 2020, por lo que no se debían producir despidos hasta final de 2020. No obstante, en la última prórroga, estos 6 meses empezaban a contar en el instante en que la empresa reincoporase a un trabajador en ERTE.

Muchos se empezaron a reincorporar en abril y mayo, por lo que de cumplirse este condicionante, las empresas podrían empezar los despidos el próximo mes de octubre sin que sean penalizadas por ello a devolver las subvenciones.

Un aspecto que se está negociando con los Sindicatos pero que de momento tiene vigencia el veto a los despidos objetivos por coronavirus hasta el 31 de diciembre. De hecho, de producirse despidos en este 2020 será más caro ya que según la propuesta del Gobierno deberán indemnizar con 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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