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La Generalitat confina a 210.000 personas en Lleida por nuevos contagios

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La Generalitat de Cataluña ha decretado el confinamiento desde este sábado a mediodía del perímetro de la comarca del Segrià, en el suroeste de Lleida limítrofe con Aragón, donde residen 210.000 personas, incluida la capital, debido a un aumento de casos de coronavirus en la provincia, que suma nueve brotes activos.

La medida más contundente frente a la pandemia desde el final del estado de alarma el 20 de junio -hasta ahora solo habían pasado a fase 2 de desescalada algunas zonas de Aragón- se ha producido en el primer fin de semana del periodo vacacional, una jornada en la que se ha incrementado considerablemente en España el tráfico por carretera hacia los lugares de descanso y el aeroportuario.

El Gobierno ha acordado restringir la entrada y salida de personas en la comarca del Segrià, dada la situación de casos de infección por COVID-19. La restricción entrará en vigor a partir de las 12.00 horas del día 4 de julio de 2020.

Además:

A partir de las 16:00 horas del día 4 de julio de 2020, quedará prohibida toda salida o entrada de la comarca del Segrià, salvo de personas trabajadoras en sus desplazamientos por motivos laborales en sus centros de trabajo, incluyendo el transporte, la prestación de servicios, el comercio y las actividades empresariales y otras económicas.

Las restricciones no afectarán a la circulación por autovías y autopistas cuando se trate de movilidad con origen y destino fuera de la comarca del Segrià siempre y cuando no comporte la movilidad fuera de estas vías.

Se recomienda a la población de la comarca del Segrià la permanencia en sus municipios de residencia y limitar la movilidad a los casos imprescindibles.

Dentro de la comarca del Segrià se podrán establecer otras medidas de restricción de actividades y movilidad.
Se emitirá un nuevo comunicado tan pronto como se produzcan novedades en el desarrollo de la situación de emergencia.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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