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Estas son las normas para salir con los niños a los parques y jardines de València

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El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, hace un llamamiento a la ciudadanía para que se asuman, tal y como se ha hecho hasta ahora, las normas que establece el estado de alarma y las medidas de autoprotección que recomiendan las autoridades sanitarias. Ahora bien, advierte que se sancionarán los casos de incumplimiento y en el caso de que sean reiterados o generalizados, poniendo en riesgo la salud de la población, esta decisión de reabrir será revertida y volverán a cerrarse las zonas ajardinadas.

El Ayuntamiento de València está durante el día de hoy señalizando las entradas de los parques y jardines de Valencia con las normas obligatorias de uso de estos espacios frente a la COVID-19. Estas normas, que trasladan lo que establece el decreto del estado de alarma del Gobierno de España, especifican lo que está permitido, exclusivamente pasear con menores durante una hora y a menos de un kilómetro del domicilio. Los niños y niñas deben ir acompañados por un adulto familiar y se debe mantener el distanciamiento social con las otras personas.

Está prohibido utilizar las zonas de juegos, que ya están precintadas, así como hacer deporte, utilizar las fuentes o comer en el parque, hacer uso del mobiliario (salvo en caso de necesidad y guardando las medidas de autoprotección), entrar en las zonas de socialización para perros y también está prohibido utilizar los aparatos de deporte y biosaludables. «Vamos a abrir los parques y jardines de la ciudad pero queremos hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana, el civismo y el cumplimiento de las normas para que podamos mantener estas zonas abiertas y en uso», ha destacado Campillo.

Desinfección de papeleras y contenedores de los parques y jardines

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, también ha informado de que «desde el Organismo Autónomo de Parques y Jardines y el propio servicio municipal estableceremos un dispositivo especial para la desinfección de las papeleras y contenedores de estos espacios verdes, tal y como estamos haciendo con este mobiliario en la vía pública, porque queremos extremar la seguridad ».

Por otra parte, tal y como se acordó en la Comisión de Ecología Urbana del Ayuntamiento de València, se ha consultado a las autoridades sanitarias, competentes en materia de salud pública, para que indiquen si es recomendable la desinfección del resto del mobiliario de las zonas ajardinadas para combatir la COVID-19 y, en ese caso, el protocolo y virucida a utilizar así como la frecuencia de aplicación.

«Confiamos en que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas cumplan las normas. Nos jugamos la salud y seguir bajando la curva de contagios tal y como lo estamos haciendo y con una tendencia positiva en València. Cuánto antes reduzcamos los contagios, antes podremos acabar con el confinamiento general de la población», ha señalado Campillo.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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