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Simón adelanta que el uso de la mascarilla se extenderá hasta otoño

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Las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, según contempla el borrador del real decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno el próximo martes, y que incluirá sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla esta obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados.

Fernando Simón, ha informado este viernes que la situación de la COVID en España ha dejado un muerto más en la cifra total, la cual se eleva a 27.134, así como 177 casos diagnosticados el día previo y 249 con inicio de síntomas en los últimos siete días según cifras de Sanidad.

Tras informar de la situación, en la ronda de preguntas de los periodistas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido preguntado al respecto de si el uso obligatorio de mascarillas, tal como está dispuesto ahora podría sufrir alguna modificación o ser eliminado con la llegada a la denominada nueva normalidad,Fernando Simón ha sido claro: “Esto nos lo dirá la versión que se publique de los decretos para esa fase. La intención es que la obligatoriedad tal cual está ahora se mantenga por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no», ha dicho, aclarando que «el documento tendrá validez o vigencia después del decreto de alarma”.

De este modo, el uso obligatorio de mascarilla continuaría en los mismos términos hasta entonces, es decir, continuará siendo obligatorio en transporte público y en todos aquellos casos, tanto en espacio cerrado como en la vía pública, en que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros. De este modo, las mascarillas nos acompañarían durante el verano a la espera de que, tal como manifiesta, se determine si habrá una nueva ola o no en otoño, cuando precisamente los virus respiratorios vuelven a adquirir de nuevo presencia.

La decisión final que se adopte será publicada en próximos decretos. «Veremos cómo queda la versión final, que no depende solo de un ministerio, sino de muchos», ha precisado Simón, al explicar que como la norma tendrá validez cuando haya terminado el estado de alarma, se tiene que consensuar con muchos organismos e instituciones.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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