Valencia
Mónica Oltra, dos años de una encrucijada judicial que no termina
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 2 añosen
València, 23 junio (OFFICIAL PRESS-EFE).- Dos años han pasado desde que quien fuera la número dos del Gobierno valenciano durante siete años y la principal referente de Compromís, Mónica Oltra, dejase la política para afrontar una encrucijada judicial -un «calvario» en palabras de su partido- que parece no llegar a su fin.
Cuando dimitió de sus cargos el 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada en la causa judicial sobre el supuesto encubrimiento en su Conselleria, la de Igualdad, de los abusos a una menor tutelada por parte de su entonces marido, en Compromís confiaban en que sería un breve paréntesis en su carrera política.
Pero transcurridos 732 días desde que dijo adiós «con la cara bien alta» y «los dientes muy apretados», y cuando parecía que su horizonte judicial quedaba despejado tras al archivo provisional de la causa, la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrirla -que desde el entorno de Oltra consideran «injusta e inexplicable»- la aboca a un nuevo recorrido en los tribunales.
En estos 24 meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha desarrollado una investigación que cerró provisionalmente el 2 de abril con un auto de 95 folios donde afirmaba que «todos y cada uno de los indicios» que fundamentaron las imputaciones de Oltra y otras 15 personas «se han desvanecido por completo».
El archivo fue respaldado por la Fiscalía, pero recurrido tanto por la acusación particular -la víctima de los abusos- como de las acusaciones populares -el partido Vox y la asociación Gobierna-te-, unos recursos que la Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente ordenando reabrir una causa que ya se daba por acabada.
La Sección Cuarta de la Audiencia provincial de Valencia afirma en una resolución de 7 folios que no puede «descartarse claramente» la existencia de infracción penal, que hay «suficiencia» de indicios para continuar el procedimiento, y que ha de ser en el acto del juicio oral donde se diluciden las posibles responsabilidades penales.
Desde Compromís se ha destacado que es la tercera vez que la Audiencia de Valencia actúa en contra de una decisión del juez instructor y que el magistrado que preside la sección cuarta es el mismo que archivó el caso del ‘pitufeo’ del PP en el Ayuntamiento de València o el de la visita del papa en el que se investigaba a Francisco Camps, por lo que le acusan de tener una «doble vara de medir», según el partido de los acusados.
Incluso el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha apostado a que «probablemente habrá juicio» a Oltra y «coincidirá con una campaña electoral para hacer daño» a esta formación y a las posibilidades de un Gobierno progresista, y ha reclamado cambios legislativos para actuar contra la judicialización de la política.
En paralelo, en este tiempo la política ha seguido su ciclo. Desde la marcha de Oltra se han celebrado elecciones autonómicas -en las que el PP arrebató la Generalitat a la izquierda con el apoyo de Vox-, municipales, generales y europeas, en todas las cuales se especuló sobre su candidatura si para entonces había finalizado el proceso judicial.
A la espera de un cierre judicial que no acababa de llegar, Baldoví dejó el Congreso para sustituirla como candidato a la Presidencia de la Generalitat; Compromís está en plena recomposición interna a falta de un liderazgo tan claro; y se ha llegado a apuntar la posibilidad de que Oltra impulsara un nuevo proyecto político.
La coalición ha mantenido públicamente en estos dos años que sus puertas están abiertas si Oltra desea volver a la política, y su propio partido -Iniciativa, una de las tres patas de Compromís- la ovacionó el mes pasado en su asamblea y le pidió disculpas por no haberse «plantado mejor».
El nombre de Oltra volvió a saltar a la política nacional cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó a finales de abril cinco días para decidir si seguía o no en la presidencia del Gobierno, como un ejemplo de la judicialización de la política o ‘lawfare’.
En estas 104 semanas, Oltra ha mantenido un silencio que ha roto en muy contadas apariciones públicas, en las que explicó que se estaba reconstruyendo como persona, que no conviene «sacrificar a la reina» en las partidas de ajedrez -una alusión velada a sus socios de gobierno en la Generalitat, el PSPV- y que retomaba, el pasado octubre, su trabajo de abogada y mediadora.
Oltra ha preferido recurrir a las imágenes: el día del archivo provisional de la causa colgó en redes sociales una fotografía suya junto a su hijo pequeño, quien sujetaba una sudadera con una frase en inglés muy significativa: «Por muy larga que sea la noche, amanecerá».
Y tras la revocación de ese archivo, compartió la imagen de una «flor de la pasión» que justo había florecido ese día en su casa, junto a un comentario: «Hoy que en el calendario muere la primavera, ella demuestra que siguen naciendo flores y que nadie puede matar la primavera».
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Publicado
hace 6 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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MARIA ANTONIA GIL MARTINEZ
7 febrero, 2019 en 3:45 pm
Cuando llego el tripartito al gobierno con estás promesas de rescatar personas era todo falso. Lo primero que hicieron fue quitar la renta garantizada, dejando a muchas familias y personas viviendo solo sin recursos o con estos muy escasos. 300 euros al mes. Es vergonzoso que después de cuatro años, haya gente esperando cobrar esa famosa Renta de Inclusión la tardanza en ponerla en funcionamiento que llevo años y después de 9 meses para conocer la resolución y a cuatro de poner las urnas, dicen que se resolverán y se pagan. Es falso, usted llamará mentirosa a esa otra señora que francamente me importa bien poco si llega a duelo con pistolas las dos. Yo lo que necesito es que usted pague esas rentas de inclusión, cosa que no hace.
Carmen
21 noviembre, 2019 en 12:06 am
Soy madre soltera con tres hijos menores. Y sin ningún tipo de engresos . Solicite la renta en mayo y aún la estoy esperando así que está señora dice que ya an pagado . Pues yo creo que no. Necesito esa ayuda Yaa . O más puestos de trabajo por favor esto es una desesperación